La Contraloría General de la República rechazó el presupuesto del 2012 del Programa de Regularización de Catastro y Registro, debido a la mora que este enfrenta en el pago de las cuotas de la seguridad social de los trabajadores.
Así lo señaló la Contraloría en el informe de presupuestos del 2012 y lo confirmó Olman Rojas, coordinador del Programa.
De esta forma, el presupuesto que rige es el aprobado para el 2011, que es por ¢8.225 millones. El plan presentado para el 2012 era por ¢8.809 millones.
Dicho programa es financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $65 millones y pretende hacer una descripción oficial de todas las propiedades del país.
El coordinador del Programa explicó que los recursos del préstamo no se pueden utilizar para cubrir los derechos laborales de los consultores contratados por la Unidad Ejecutora.
La responsabilidad corresponde al Ministerio de Hacienda y, por eso, esta entidad y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) elaboraron un nuevo convenio para hacer frente a la mora.
Respecto a este asunto, Olman Rojas manifestó : “Se ha redactado un convenio de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva para ser firmado por el señor ministro de Hacienda, el director financiero de la Caja y este servidor. El convenio no ha sido firmado todavía, porque el Ministerio de Hacienda debe depositar lo correspondiente a los recursos de la Ley de Protección del Trabajador, y que debe ser en dinero en efectivo”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, explicó que la CCSS lucha actualmente contra todas aquellas empresas que obligan a sus trabajadores a ser consultores para así evitar el pago de las cargas sociales.
Sin embargo, comentó que, en este caso, una parte de los trabajadores son claramente consultores y, por ese motivo, no corresponde el pago.
En el documento se establece que el Ministerio se reserva el derecho de acudir a las instancias judiciales. Herrero confirmó que interpondrán un juicio.
Según la CCSS, la deuda es de ¢1.160 millones, pero el convenio se hará por ¢525 millones, que incluye desde octubre del 2002 hasta mayo del 2007, y el resto, unos ¢633 millones, se encuentra actualmente en revisión.
Esta no es la primera vez que el Ministerio de Hacienda realiza un convenio con la CCSS para arreglar el tema del atraso en el pago de las cuotas.
En el 2007, el Gobierno y la CCSS firmaron un convenio por ¢185.000 millones que correspondían a una deuda que tenía el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) con la Caja por la atención de los indigentes, cercana a los ¢130.000 millones, más una obligación de casi ¢48.000 millones del Gobierno por cuotas patronales, entre los principales rubros.