El Ministerio de Hacienda adversó la tarde de este lunes los últimos cambios que se le pretenden introducir al proyecto contra el fraude fiscal.
Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, explicó que les preocupa la reducción de las pena de prisión por el delito de fraude fiscal de cinco años a dos años, debido a que esto permite beneficios. Esos beneficios son que se permitiría la reparación integral del daño (la posibilidad de pagar la totalidad y no ir a la cárcel), conciliar la ejecución condicional de la pena (no ir a la cárcel aunque resulte culpable) y el sometimiento a un proceso abreviado. Actualmente, las opciones son pagar o ir a la cárcel.
"El riesgo de ir a juicio para un acusado por el delito de fraude a la Hacienda Pública significa que, en el supuesto de ser condenado, no tendría derecho a ningún beneficio de ejecución condicional. Ese riesgo potencial ha servido para que muchos de los acusados procuren una reparación integral del daño, lo cual se traduce en una pronta y efectiva recuperación de los dineros de los tributos defraudados", manifestó Piedra.
Hacienda también objeta que, según el grado de discrecionalidad a la administración tributaria, se puedan retirar las denuncias de delito tributario.
Carlos Vargas, director general de Tributación, añadió que los cambios beneficiarían a 24 procesos que se encuentran activos.
Piedra explicó que las propuestas las presentó el abogado Adrián Torrealba, exdirector general de Tributación, y estas podrían presentarse vía artículo 137 este mismo lunes.
"Yo fui convocado a la comisión de Asuntos Hacendarios en mi condición de coordinador de la comisión de Asuntos Tributario del Colegio de Abogados", dijo Torrealba.
El abogado señaló que él expuso a los diputados consideraciones sobre la redacción del proyecto y los legisladores le pidieron ayudarles a redactar mociones.
"En ese contexto yo preparé varias mociones de distinto tipo", añadió y argumentó que en los países más duros en definir el delito fiscal, la pena màxima es de 1 a 5 años.