Hasta el miércoles pasado solo el Banco Central se había acercado al Ministerio de Hacienda a ofrecer ajustar su gasto en respuesta al llamado del Gobierno a las instituciones, detalló el ministro de Hacienda, Fernando Herrero.
En la directriz de recorte de gasto el Gobierno solicitó a los ministerios una serie de medidas, pero al resto de poderes y a las instituciones públicas les hizo un llamado a colaborar.
Francisco Rodríguez, director ejecutivo del Tribunal Supremo de Elecciones, dijo que ellos recortarán ¢1.141 millones, que es lo que le quedaba de una partida para contratar 231 plazas para un eventual referendum.
Héctor González, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica, señaló que también esta entidad estableció desde el 2009 medidas específicas para racionalizar el gasto.
Por ejemplo, coordinaron con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que se efectúen auditorías energéticas en los distintos edificios y se propicie el uso de vehículos en forma colectiva.
En el Banco Central, el gerente Félix Delgado, comentó que van a hacer una propuesta de ajuste de gasto a la Junta Directiva, pero no detalló montos.
Amed Tabash, vocero de la Defensoría de los Habitantes, manifestó que a esta entidad ya se le aplicó un recorte desde el inicio de la aprobación del presupuesto 2011. Alegó que es una de las instituciones con menor presupuesto y que tienen una nivel de ejecución del 97%.
Elberth Durán, vocero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aseguró que esa entidad tomó medidas previas a la emisión de la directriz gubernamental.
Aseguro que pese a ser el año de la apertura de las telecomunicaciones, el ICE elaboró un presupuesto con un crecimiento del 5% con respecto al año anterior, lo que calificó como muy prudente.
La entidad le dio prioridad a aspectos como el desarrollo de sistemas de información y a algunas consultorías “como parte de las mejores prácticas mundiales” en electricidad y telecomunicaciones, aseguró Durán.
La Contraloría General de la República aportó una carta enviada a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, donde asegura que su presupuesto no tiene excedentes que permitan hacer el recorte solicitado.