En estos momentos, una persona que tiene un depósito a plazo o un certificado de inversión y recibe intereses debe pagar un tributo del 8% sobre dicho retorno.
Con la reforma fiscal que propondrá el Gobierno, tal impuesto se elimina, pero a cambio se crearía uno del 15%, que también se aplicaría a los alquileres, los dividendos y las remesas al exterior.
Este es el principal cambio que contiene la reforma fiscal en cuanto a tributo sobre la renta.
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, justificó ayer que solamente el 5% de la población recibe este tipo de ingreso.
Añadió que uno de los objetivos de la reforma es tener tributos más equitativos y, por ello, se gravan tales ingresos. También se quiere que sean más simples; por esa razón se establece un tributo único de 15%, arguyó el funcionario.
El abogado Alan Saborío explicó que actualmente los ingresos por alquileres son un flujo que se toma en cuenta para calcular el impuesto sobre la renta.
A esa entrada el contribuyente le puede restar los gastos deducibles y el tributo se aplica sobre la renta neta.
“Lo novedoso del proyecto es que limita los gastos deducibles relacionados con alquileres a un 15%, sin necesidad de mayor comprobación, y le establece una tarifa de impuesto del 15%”, explicó Saborío.
En el caso de dividendos, actualmente su distribución enfrenta un 15% de impuesto cuando se hace a personas físicas en el país o cuando se envían al extranjero, puntualizó Saborío.
Cuando las acciones se adquieren por medio de la Bolsa Nacional de Valores el tributo baja a 5%.
En remesas, hay tarifas desde el 5% hasta el 50%.
Otros cambios en renta. Herrero detalló que para empresas pequeñas se mantendrían las tasas preferenciales en el impuesto sobre la renta y para las grandes firmas continuarían las tarifas como están ahora.
En cuanto a los asalariados, el proyecto pretende que solo el 10% de quienes reciben los mayores ingresos paguen el tributo .
El Ministro enfatizó que la reforma propuesta no es una discusión de “unas pesetas más o unas pesetas menos. El problema de fondo es qué queremos que haga el Estado y quién lo paga”.