La disputa legal gira en torno a la negativa de Argentina de pagar a un pequeño grupo de inversionistas que rechazaron participar en una reestructuración de deuda en la década de 1990 en la que la mayoría de los acreedores del país aceptaron recibir menos de lo que se les debía.
Quienes no quisieron negociar han ganado un fallo de la corte para cobrar $1.300 millones a Argentina, pero hasta ahora el país sudamericano se ha negado a pagar.
La audiencia del miércoles se enfocó en una orden de un juez federal en la que se pide a los bancos estadounidenses que procesan los pagos de la deuda del gobierno argentino que empiecen a desviar parte de ese dinero a los acreedores.