EscucharLa Paz (AP). El gobierno enfrentaba el jueves un nuevo conflicto esta vez con la canadiense Atlas Precious Metals Inc. a la que ejecutó una garantía por 850.000 dólares a raíz de un supuesto incumplimiento de contrato.
El ministro de Minería José Pimentel conminó el jueves a la empresa a tomar una posición definitiva sobre el contrato, pocos días después que la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) ejecutara la póliza de garantía por incumplimiento de inversiones.
Queremos tener la posición de la empresa si esta dispuesta a recuperar el tiempo perdido y si este incumplimiento del contrato significa que está abandonando el proyecto, dijo Pimentel a periodistas.
Atlas Precious Metals firmó un contrato con COMIBOL en 2008 y comprometió inversiones por 150 millones de dólares en cinco años para rehabilitar una planta procesadora de minerales situada en el sur del país la misma que nunca entró en operaciones desde que fue concluida en 1988.
La representante legal de Atlas, Betsi Miranda, calificó como abusiva y arbitraria la decisión de COMIBOL de cobrar la garantía y aseguró que las demoras son atribuibles al gobierno que no entregó todos los predios comprometidos y tampoco cooperó en el suministro de gas a la planta.
La planta de Karachipampa, situada en el departamento de Potosí a 420 kilómetros al sur, no entró en operaciones debido al derrumbe de precios de los minerales en 1986 que desató una severa crisis en la minería boliviana.
Fue construida para procesar concentrados de zinc y plata. El actual gobierno emprendió la rehabilitación debido al repunte en las cotizaciones de minerales en el mercado internacional.
Atlas anunció que le tomará un año activarla y que generará más de 600 fuentes de trabajo, lo que según el gobierno no sucedió. La multinacional es una de las productoras más grandes de plata con varias operaciones en América Latina.
El gobierno boliviano también enfrenta una larga controversia con la siderúrgica india Jindal Steel and Power que se adjudicó un rico yacimiento de hierro en el sudeste y prometio inversiones de 2.100 millones de dólares en ocho años pero en más de dos años de operaciones invirtió unos 22 millones de dólares según el gobierno.
La Jindal también atribuyó la demora a incumplimientos del gobierno en la entrega de tierras. Las autoridades ejecutaron las boletas de garantía de la empresa por unos 22 millones de dólares por incumplimiento de contrato.
El gobierno de Evo Morales afronta dificultades para garantizar inversiones externas desde que nacionalizó los hidrocarburos en 2006. Tres multinacionales petroleras iniciaron juicios arbitrales contra el Estado boliviano.
