Paradójicamente, tras evitar el pago por la supervisión por 10 años, la deuda del Fondo fue llevada a cobro judicial el 18 de febrero de 2011.
Ahora, la administración de los fondos de pensión del Poder Judicial debe enmendar una deuda de ¢216, 5 millones, y los intereses correspondientes al periodo entre el 2000 y el 2010, para un total de ¢318 millones.
Edgar Robles, superintendente de Pensiones, explicó que fue hasta finales del 2010 que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial admitió que debe ser vigilado por la Supen, pues durante diez años mantuvieron una opinión contraria
“La suma adeudada por el Fondo sería aún mayor, en virtud de que de octubre de 2010 a la fecha tampoco han cancelado lo que corresponde a la supervisión, por eso se solicitó al Juzgado incluir esos otros periodos”, apuntó Robles.
El Juzgado concedió al Fondo un plazo de 15 días para oponer las excepciones procesales y materiales a la resolución dictada. Los dineros recaudados por el cobro de supervisión son ingresados al Banco Central de Costa Rica.
De acuerdo con el artículo 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, cada sujeto fiscalizado por las Superintendencias de Entidades Financieras, Pensiones y Valores, debe contribuir con el 20% de los gastos efectivos de las superintendencias sin sobrepasar un tope de 2% de los ingresos brutos anuales del ente supervisado.
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