Una empresa corredora de seguros de Estados Unidos confesó que pagó sobornos a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS), aunque no los identificó.
La compañía Aon Corporation aceptó, para evitar un juicio, pagar una multa por $16 millones al Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en ingles).
Aon, que opera en Chicago, es calificado como el primer corredor de seguros, reasegurador y consultor de riesgos del mundo.
Públicamente, no se había informado de que esta compañía pagara sobornos a empleados del INS. El caso conocido es el de la corredora británica PWS, que fue a juicio en Londres por la misma razón. Acá, en Costa Rica, nueve exfuncionarios del INS están a la espera de un juicio por peculado.
En el caso de Costa Rica, la multa penal está relacionada con las acusaciones de que utilizó para otro fin los fondos destinados a capacitación de empleados del INS.
Una gran parte de los fondos se pagaron a los funcionarios del Instituto con viajes al extranjero con sus cónyuges y otros usos, dijo el Departamento de Justicia.
Debido a que Aon Corp. cooperó con la investigación, evitará el procesamiento, dijo el juez.
El Gobierno estadounidense acusó a Aon de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe sobornar a funcionarios públicos o ejecutivos de compañías en otros países para asegurar o retener un negocio.
En el país, el INS fue uno de los que puso este caso en conocimiento del Ministerio Público, según explicó Guillermo Constenla, presidente de la entidad desde el 2006.
Agregó que el caso de Aon es similar al de PWS en su forma y en los implicados. “Es un
El ente estatal señala que rompió todos los vínculos con dicha empresa y con Marshall-Willis, otra firma que tendría un caso similar.
La Comisión también acusó a la empresa de no mantener un sistema adecuado de control interno para evitar los pagos indebidos.
Para solventarlo, desde el 2007, Aon puso en marcha un “programa anticorrupción”.
No obstante, el INS reclama que la empresa nunca les entregó la información con la que pudieran emprender acciones legales más puntuales en el país.
“La identificación precisa de los ilícitos depende de la documentación de Aon. No quisieron enviárnosla”, dijo Constenla.