Un fallo judicial emitido ayer impedirá la aplicación de un decreto ejecutivo que fijaba una rebaja de ¢100 en el kilo de arroz.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pretendía fijar, en estos días, una rebaja en el precio la bolsa del kilo de arroz (conocido como 80/20, el más popular), que en la actualidad está establecido en ¢734.
Sin embargo, una resolución de la jueza Rosa Cortés, del Tribunal Contencioso Administrativo, obligará a la institución a decretar una disminución cercana a los ¢50, adelantó el viceministro de la cartera, Marvin Rodríguez.
Rodríguez no detalló la fecha exacta del ajuste; solo indicó que será “en los próximos días”.
El viceministro Rodríguez explicó que a una mayor rebaja en el precio del saco, mayor habría sido también la disminución en el costo del kilo.
Sin embargo, los productores del grano de las regiones del Pacífico central y Chorotega se opusieron al nuevo precio.
Fernando Apuy, uno de los abogados del gremio, alegó que ese monto los llevaría a la quiebra pues, dijo, no “saldrían con los costos mínimos de producción”.
Debido a lo anterior, interpusieron una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo contra dicho decreto.
La jueza Cortés acogió la solicitud de los arroceros para que el precio quede fijado en ¢22.604, con aplicación retroactiva al 1.° de enero de este año. Tanto el gremio arrocero como el Gobierno impugnarían la resolución emitida ayer.
El Gobierno anunció el 12 de enero una nueva política arrocera. Entre sus principales puntos, destaca un plan de apoyo a pequeños y medianos productores, mediante una línea de crédito de ¢4.000 millones del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Los beneficiarios serían 727 productores con fincas de 50 hectáreas o menos, que recibirán capacitación técnica en buenas prácticas agrícolas.
En la actualidad, hay poco más de 1.400 productores, de los cuales un 80% son pequeños, un 10% medianos y un 10% grandes, según indicó Óscar Campos, representante del sector.