San José
"Los países deben entender la importancia que tiene el tema de la competencia y su legislación en el desarrollo económico de los países", así de enfático fue Mario Umaña, especialista Líder de Comercio y Competencia en el Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la urgencia de instalar una legislación de competencia robusta en Costa Rica.
Costa Rica aspira a formar parte de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un futuro cercano. Para ello, reformar áreas económicas, sociales y políticas en el mapa nacional son la clave. La competencia es una de ellas.
Uñama fue el encargado de la ponencia principal en el desayuno empresarial organizado por la la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) la mañana de este jueves.
De acuerdo con el especialista, la importancia del tema puede notarse en economías como Tanzania, donde gracias a la estimulación de su política de competencia logró aumentos del 50% en su productividad.
Al mismo tiempo, la vinculación de la competencia con el déficit fiscal de una economía también sobresale como una consecuencia positiva del cambio en las legislaciones.
"Una política de competencia ayuda a reducir los déficit, ¿cómo?, cuando se reduce la colusión en las compras públicas se pueden aumentar los precios entre un 20% y un 40%", subrayó el especialista.
Nuestro país ya cuenta con un marco legal en este tema; sin embargo, debe ser sometido a revisión si se quiere el acceso a la OCDE.
"Costa Rica en una revisión previa sobresale por tener sectores excluídos, un marco legal deficiente, sanciones poco disuasivas y hasta un papel marginal en la legislación referente al sector finaciero", agregó Umaña.
OCDE como objetivo
Recomendaciones preliminares dadas por OCDE en su evaluación económica de Costa Rica, entregada en febrero del 2016, señalan como reto país impulsar el crecimiento de la productividad.
En este punto, fortalecer el rol estratégico del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación fue una de las tareas que deberían llevarse a cabo.
Además, se señala la necesidad de dotar a la actual autoridad de la competencia (Coprocom) de más indepencia administrativa, así como de más recursos humanos y financieros.
"En el sector bancario, asimetrías normativas significativas favorecen a los bancos estatales, dificultando la competencia plena entre los bancos públicos y privados. Por ejemplo, todas las institutuciones públicas están obligadas por ley a depositar su efectivo en uno de los bancos estatales, aunque estos sean menos eficientes que los privados", subraya la Organización en su informe.
Para ello, Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep, explicó que el país ya trabaja en un borrador de proyecto de ley busca actualizar la legislación en materia de competencia.
Desde diciembre del 2015, tanto el Ministerio de Economía, la Sutel y otras entidades gubernamentales trabajan en el texto. El convertir Coprocom en un tribunal es uno de los principales cambios que se plantean.
"El tema de la competencia no es cualquier tema, y las afectaciones que esto podría tener son importantes.
El documento se presentará ante la OCDE a más tardar el mes de julio para conocer la posición del Organismo sobre el mismo y acatar nuevas recomendaciones.
Luego entraría a ser conocido por la Asamblea Legislativa.
"Nos preocupa que debería aclararse el tema de sanciones de las que se hablan en el borrador y también de la figura que asumiría Coprocom. Lo que se ocupa es que sea un ente autónomo en el sentido de poder libremente y no bajo lineamientos políticos", sostuvo Pacheco.