Panamá
La crisis que paralizó la ampliación del Canal de Panamá, un proyecto estratégico para el comercio internacional, compromete el futuro laboral de miles de obreros y disparará el costo y duración de las obras, según analistas.
Las obras siguen paralizadas este juves por segundo día consecutivo, luego de que las autoridades y el consorcio que realiza los trabajos anunciaran el fin de las negociaciones.
La empresa a cargo de las obras Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderada por la española Sacyr y la italiana Salini-Impregilo, exige que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le reconozca sobrecostos por $1.600 millones para relanzar el proyecto.
Por su parte, la ACP advierte que dará los pasos necesarios, incluyendo la cancelación del contrato, para garantizar que la nueva vía esté operativa en 2015.
"El futuro de los trabajadores y lo que está ocurriendo con las obras es de total incertidumbre. Aquí hay una crisis que no sabemos por dónde va a reventar", dijo Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, sindicato de la construcción de Panamá.
Según fuentes sindicales, hasta el martes laboraban en las obras de construcción de las nuevas esclusas entre 3.000 y 3.500 personas, ubicados en Cocolí, en el Pacífico, y en Gatún, en el Atlántico.
Antes de la crisis, 10.000 obreros laboraban en el proyecto, muchos de los cuales fueron despedidos por el consorcio.
Grúas y vehículos de construcción detenidos, material de construcción desperdigado, gigantescas paredes a medio hacer y un tremendo silencio es el paisaje actual de las obras, muy distinto del hervidero de obreros de hace dos meses.
La ampliación comenzó en 2009 y debía finalizar en 2014, cuando el Canal, inaugurado el 15 de agosto de 1914 por Estados Unidos, cumpla 100 años.
Sin embargo, la obra acumulaba ya un retraso de nueve meses antes de la postergación por la crisis actual.
Los expertos también consideran que la vía terminará costando más de los $5.250 millones estimados al inicio.
"Ya de facto hay un incremento de costos y de tiempo. El Canal está demorando más de lo que se creía", dijo el economista Horacio Estriví.
"El Canal va a costar más, hágalo quien lo haga", aseguró Bustamante, quien calcula en $2.000 millones ese costo adicional.
Los sobrecostos se deberían a los arbitrajes a los que deberán someterse necesariamente GUPC y la ACP, así como a que una nueva compañía no retomaría las obras en cualquier condición.
Un nuevo retraso hará perder a Panamá ingresos proyectados por la ampliación, que permitirá el paso por el canal de superbuques con más de 12.000 contenedores, el triple de carga de los actuales.
"El primer impacto es de carácter fiscal, ya que el hecho de que el Canal entre a regir después de la fecha prevista significa que se posponen los aportes que iba a dar al Estado", dijo Estriví.
El Canal aporta a Panamá unos $960 millones anuales, cerca del 10% de los ingresos fiscales totales. Se estimaba que los ingresos adicionales por la ampliación ascenderían el primer año a $300 millones.