Comisión de la Competencia analizará denuncia de Cofasa contra Cefa/Fischel

Ana Victoria Velásquez, directora de la unidad técnica, explicó que su despacho recibió la denuncia el jueves pasado, y no será sino hasta el martes de la próxima semana cuando se estudie para determinar su admisibilidad.

Douglas Alvarado, abogado de Cofasa, argumentó que Cefa ha concentrado en una misma empresa la fabricación, importación, compra a fabricantes nacionales, distribución mayorista y venta al consumidor de medicamentos.

"Desde el momento cuando Cefa adquirió la cadena de farmacias Fischel (en el 2007) se transformó en una enorme empresa con poder de dominio en el mercado de medicamentos. Luego, estre grupo fue adquirido parcialmente por la transnacional chilena Socofar (en abril del 2011) y sus prácticas comerciales se tornaron más profundasn y violentas y ha generado un desplazamiento de sus competidores", indica el especialista en defensa comercial e inversión.

Alvarado augura la pronta desaparición de Cofasa y de las farmacias independientes que, indicó, deben comprarle a Cefa productos a precios por encima de los que esta firma vende en sus propias farmacias. "Se discrimina vía precio y se impide la libre y justa competencia a nivel de detallista", apuntó.

Agregó que la empresa denunciada "prohibe a sus afiliados comprar a otros mayoristas más de cierto porcentaje".

Consultados ayer por este medio los voceros de Cefa declinaron referirse a la denuncia, ya que indicaron que desconocían su existencia y que tampoco han sido notificados por la Comisión de la Competencia. En un correo electrónico la firma manifestó: "Fischel es una compañía seria y responsable que actúa amparada a la buena fe y a la legislación costarricense".

En caso de que la Comisión dé luz verde a la denuncia comienza un proceso en el que ambas partes deberán exponer sus cargos, pruebas y descargos. Si después de las investigaciones y análisis correspondientes la entidad encuentra que la firma acusada es responsable se expone a una multa de hasta 410 salarios mínimos (poco más de 95 millones de colones) y, si el caso reviste especial gravedad, la sanción puede elevarse a un 10% de las ventas de la compañía o al 10% de los activos en el país.