Escuchar13 de octubre de 1995
Mr. Michel Camdessus
Estimado señor Camdessus:
1. Se adjunta un memorando de las políticas económicas y financieras de Costa Rica en el que se establece los objetivos y políticas que el Gobierno planea sacar adelante en el periodo 1995-96. El gobierno cree que estas políticas restaurarán la base para un crecimiento económico rápido en el contexto de inflación baja y viabilidad de balancear los pagos a término medio. En apoyo a este programa, el Gobierno solicita un acuerdo stand-by de 15 meses, del Fondo, en una cantidad equivalente a DEG52 millones, o 35 por ciento de la cuota sobre una base anual.
2. Para ayudar a monitorear el rendimiento según el programa, el Gobierno ha logrado acuerdos con el personal del Fondo sobre criterios de rendimiento para diciembre de 1995 y marzo de 1996, así como de varios puntos de referencia según se describe en el Memorando adjunto. También se han establecido acuerdos sobre metas indicadoras y puntos de referencia para junio, setiembre y diciembre de 1996. El Fondo conducirá dos revisiones del programa a más tardar en mayo de 1996 y enreo de 1997, respectivamente. Durante la primera revisión, los criterios de rendimiento y puntos de referencia estructurales se establecerán para lo que resta de 1996.
3. El Gobierno cree que las políticas establecidas en el memorando que se adjunta son adecuadas para alcanzar los objetivos de su programa, pero tomará cualesquiera otras medidas que pueden resultar apropiadas para este propósito. Durante el periodo del acuerdo stand-by, Costa Rica consultará con el Director Administrativo del Fondo sobre la adopción de cualquier medida que resulte apropiada, por iniciativa del Gobierno o en el momento en que el Director Administrativo solicite tal consulta. También suministrará al fondo la información que solicite sobre el avance logrado en la puesta en efecto de políticas y el logro de los objetivos del programa.
4. Aún más, después del periodo del acuerdo stand-by y mientras Costa Rica tenga obligaciones financieras pendientes con el Fondo, el Gobierno consultará con el Fondo de tiempo en tiempo, por iniciativa del Gobierno o cuando el Director Administrativo solicite consulta sobre las políticas económicas y financieras de Costa Rica.
Sinceramente,
Rodrigo Bolaños / Fernando Herrero
Memorando de las políticas económicas y financieras de Costa Rica
1. Costa Rica ha experimentado condiciones económicas difíciles desde mediados de 1993. Aunque la actividad económica siguió expandiéndose a un paso rápido en 1994, la inflación subió del 9 por ciento en 1993 al 20 por ciento durante 1994, reflejando en parte los ajustes de precios correctivos que se introdujeron después que esta administración asumió el poder en mayo de 1994. La posición fiscal empeoró desde el punto de estar casi balanceada en el primer semestre de 1993 a un déficit del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual en el primer semestre de 1994, y se amplió aún más, al 8 por ciento del PIB, en 1994 como un todo. De lo anterior 1,8 puntos porcentuales se explican por las pérdidas en que incurrió el Banco Anglo Costarricense (BAC), un banco estatal que fue sometido al control del Banco Central en junio de 1994 y cerró en diciembre de 1994.
2. Los ahorros del sector público pasaron de un 4,7 por ciento del PIB, positivo, en 1993, a un 1,9 por ciento del PIB, negativo, en 1994, mientras que la inversión del sector público subió de 0,6 por ciento del PIB. El ingreso por impuestos disminuyó el 0,7 por ciento del PIB relativo a 1993, debido a una merma en los impuestos, una reducción de las tasas de aranceles a las importaciones, así como a una declinación en el impuesto de ventas del 11 por ciento al 10 por ciento efectiva a partir de enero de 1994. Los gastos actuales del gobierno central aumentaron en 2,2 puntos porcentuales del PIB en 1994 debido a aumentos mayores en las obligaciones por intereses, salarios, pensiones y transferencia de pagos que cambiaron del presupuesto de 1993 al de 1994. La planilla aumentó el 29 por ciento por ajustes en el costo de la vida, ajustes de grado para mantener las paridades y aumentos en los salarios de los educadores garantizados por la administración anterior.
3. El excedente operativo de las empresas públicas cayó de 5,6 por ciento del PIB en 1993 al 3,7 por ciento en 1994, debido al efecto de una sequía en el costo de la generación de electricidad, retrasos en ajustar las tarifas eléctricas y los precios del petróleo, así como un aumento del 30 por ciento en la planilla. En la Caja del Seguro Social el excedente operativo declinó en forma ligera al 1,1 por ciento del PIB, debido a gastos más grandes en sueldos y beneficios. Las pérdidas por operación del Banco Central se mantuvieron en 1,4 por ciento del PIB.
4. El financiamiento externo neto al sector público fue negativo en 1994 y las exigencias de endeudamiento interno alcanzaron el 8,4 por ciento del PIB, lo que dio como resultado presión importante sobre los mercados financieros. Al principio la política monetaria ajustó los desbalances financieros crecientes y las reservas internacionales netas declinaron en $120 millones el primer semestre de 1994, mientras que la tasa de interés de referencia (sobre bonos de estabilización del Banco Central a seis meses) se rebajó del 26,1 por ciento en diciembre de 1993 al 24,2 por ciento en junio de 1994.
5. Para frenar la declinación de las reservas internacionales netas y neutralizar la inyección de ayuda al BAC, el encaje legal sobre los depósitos bancarios se aumentó en 9,15 puntos porcentuales (dependiendo de la madurez) de agosto de 1994 a enero de 1995, mientras que la tasa de interés referencial se aumentó al 28,7 por ciento en diciembre de 1994. Las reservas internacionales se recuperaron el cuarto trimestre de 1994, al aumentar en $5 millones para el año como un todo. No obstante, se acumularon más atrasos con el Club de París y otros acreedores externos y la posición de la reserva se mantuvo débil.
6. En el primer semestre de 1995, la actividad económica se desaceleró a una tasa anual de cerca del 2 por ciento, al reflejar en parte el impacto de altas tasas de interés real, mientras que la tasa de inflación de 12 meses se aceleró al 22 por ciento. La producción del sector público fue consistente con un déficit del 4 por ciento del PIB para el año como un todo, con lo que reflejó control estricto sobre los gastos y la introducción de un recargo temporal a las importaciones. El crecimiento de dinero básico disminuyó al 10 por ciento durante el año que terminó en junio de 1995, comparado con un aumento del 33 por ciento en 1994, al reflejar en parte un cambio de depósitos en colones a depósitos en dólares en el primer trimestre, provocado por falta de seguridad asociada con retrasos en alcanzar consenso político sobre un paquete de ajustes, así como por la crisis en México. Esta tendencia se invirtió en el segundo trimestre, al reflejar una mejoría en la confianza del sector privado que siguió al acuerdo entre el Gobierno y el principal partido opositor sobre un programa de reformas económicas y un aumento en la tasa de interés referencial de más de 5 puntos porcentuales. También, la taa de devaluación del colón frente al dólar se aumentó de 13,1 por ciento a finales de 1994 al 16,8 por ciento a finales de marzo de 1995. La combinación de estas dos medidas dio como resultado un aumento en el beneficio para depósitos en colones por encima de los que se hacen en dólares.
7. Al 2 por ciento del PIB anual, el déficit de la cuenta corriente externa en el primer semestre de 1995 fue cerca de la mitad del del primer semestre de 1994, debido principalmente a exportaciones más fuertes. También, la llegada de capital privao fue mayor que en el primer semestre de 1994, mientras que continuaron los pagos de préstamos del sector público. Las reservas internacionales netas aaumentaron en $50 millones, pero hubo un acumulado más de $10 millones en retrasos de pagos al servicio de la deuda, principalmente con acreedores del Club de París.
8. Un objetivo clave del Gobierno es restablecer la base del crecimiento económico sostenido, orientado a la exportación, al reducir los desbalances financieros y profundizar en el proceso de reformas estructurales. Como ayuda para alcanzar este objetivo, el Gobierno formuló un programa económico para 1995-1996 que apunta a la redución del déficit fiscal en forma sustancial y de manera sostenible; aumentar los ahorros del sector público; reestructurar el sector púlblico y reducir las rigideces en el gasto del sector público; aumentar el papel del sector privado; exhaltar la competencia, la eficiencia y la supervisión en el sistema financiero; y fortalecer la efectividad del gasto social.
9. El programa de estabilización económica asume una recuperación en la actividad económica durante el periodo del programa con un PIB real que se proyecta crecerá un 3 por ciento en 1996, más que el 2,5 por ciento en 1995. Se espera que un ajuste fiscal significativo y una política monetaria prudente desaceleren en forma considerable las presiones inflacionarias y conduzcan a un fortalecimiento sustancial en la posición de la reserva internacional. Del mismo modo, salvo acontecimientos imprevisibles que afecten los precios internos, se espera que la inflación decline a cerca del 18 por ciento para finales de 1995 y que llegue a menos del 10 por ciento durante 1996. Se proyecta que el déficit actual de la cuenta externa decline del 5,5 püor ciento del PIB en 1994 al 3,6 por ciento en 1995 y al 3,4 por ciento en 1996, mientras que las reservas internacionales netas aumentarían en $280 millones de 1995 a 1996, el equivalente de 3,5 meses de importaciones.
10. La consolidación fisca es la pieza central del plan del Gobierno para estabilizar la economía, aumentar los ahorros y la inversión locales, reducir la dependencia de los ahorros externos y aliviar las presiones sobre las tasas de interés y las reservas internacionales. El programa fiscal visualiza una reducción del déficit fiscal al 3,5 por ciento en 1995 y a 0,5 por ciento en 1996. Sin embargo, el Gobierno se ha fijado como meta un ajuste fiscal mayor con vista a alcanzar balance fiscal en 1996, para ayudar a preservar la viabilidad fiscal a mediano plazo. El ajuste mayor se derivaría de una administración tributaria más fuerte, que resultaría de las reformas que se adoptó en julio de 1995 (ver párrafo 21 adelante) y de recortes adicionales que se contemplan en los gastos gubernamentales actuales que no están sujetos a intereses.
11. Se proyecta que el ahorro público aumente al 2,2 por ciento del PIB en 1995 y al 5,7 por ciento en 1996, mientras que la inversión pública crecería del 6,3 por ciento del PIB en 1994 al 6,6 por ciento en 1996. Se proyecta que el ingreso tributario aumente del 14,1 por ciento del PIB en 1994 al 16,1 por ciento en 1995 y 17,1 por ciento en 1996. Una estructura nueva de los impuestos a las exportaciones que captura parte de los ingresos inesperados por los mejores precios del café (con un rendimiento anual del 0,4 por ciento del PIB) se hizo efectiva en febrero de 1995. También, en marzo de 1995, los imuestos de consumo selectivos sobre bienes aaumentaron (0,5 por ciento del PIB) y los aranceles a las importaciones se aumentaron temporalmente en 8 puntos porcentuales debido al tiempo mayor a lo esperado que tomó a la Asamblea aprobar medidas impositivas de mayor duración. El recargo se rescindió en julio para los bienes de capital y se eliminó en setiembre. El paquete tributario que se aprobó en agosto de 1995 incluyó un aumento en el impuesto de ventas del 10 por ciento al 15 por ciento (con un rendimiento anual que se calcula en 2,1 por ciento del PIB) durante 18 meses, seguido por una reducción al 13 por ciento a partir de entonces; la introducción de un impuesto del 1 por ciento sobre los activos (mayores de $160.000) de las empresas, que se calcula genere 0,3 por ciento del PIB; y otras medidas tributarias menores, que generarían cerca del 0,2 por ciento del PIB al añao, incluyendo la unificación de la tasa de impuestos de las ganancias de las empresas, que oscilaba del 10 al 30 por ciento, al 30 por ciento. Aún más, en setiembre de 1995 se introdujo un impuesto de consumo sobre los productos petroleros que aumenta el ingreso por impuestos a estos productos en el 40 por ciento, con un rendimiento anual de 0,5 por ciento del PIB.
12. Los gastos, sin intereses, actuales del Gobierno Central (excluyendo pago de prestaciones) se reducirían del 13,2 por ciento del PIB en 1994 al 12,5 por ciento en 1995 y al 12 por ciento en 1996. Los pagos de prestaciones relacionados con el programa de movilidad laboral alcanzan al 0,2 por ciento del PIB en 1995 y al 0,2 por ciento en 1996, pero no se repetirán posteriormente. Las metas de gastos se pueden alcanzar solo al frenar los desembolsos por salarios, pensiones y otras transferencias que han crecido en forma rápida en años recientes y que dan cuenta del 90 por ciento de los gastos corrientes en 1994.
13. En febrero de 1995 el Gobierno decretó el congelamiento del empleo en el sector público, eliminó las vacantes y redujo las transferencias y gastos en proyectos de prioridad baja. También, el gobierno central reducirá una base neta de 2.000 puestos en el periodo 1995-1996 (o el 8,3 por ciento del empleo del gobierno central, excluyendo los sectores de salud, educación y seguridad). Además, y también como consecuencia del atraso en la aprobación del paquete de impuestos que se mencionó con anterioridad, el aumento de sueldos de medio año par los empleados gubernamentales efectivo en julio de 1995 se limitó a un promedio del 6 por ciento. Para 1996, la planilla del Gobierno Central se mantedrán en términos reales de 1996.
14. Los pagos de pensiones (lo neto en contribuciones) según los regímenes especiales de pensiones que reciben fondos del Gobierno Central y que cubren a ciertos grupos de empleados del sector público (los maestros principalmente) subieron del 1,5 por ciento del PIB en 1992 al 1,9 por ciento en 1994 y, junto con el crecimiento rápido de la planilla, contribuyeron al debilitamiento de la posición fiscal. Para reducir los gastos netos en pensiones a mediano plazo, en julio de 1995 la Asamblea aprobó legislación que aumenta la tasa de contribución (que cubría solo el 20 por ciento de las pensiones) del 7 por ciento del salario al 10 por ciento de los salarios de hasta ¢72.700 por mes, y hasta tasas marginales del 16 por ciento sobre ese salario base, con previsiones para aumentos mayores, de ser necesario, en los años siguientes. También la edad mínima de jubilación se aumentó de 50 a 55 años y los años de contribución exigida se aumentaron a 30. Además, se establecieron techos para las pensiones, el crecimiento de los beneficios de pensiones se desligó de los aumentos en los salarios del gobierno central; y los beneficios se enlazaron de forma más aproximada a las contribuciones. Se espera que los gastos por pensiones llelguen al 2,2 por ciento del PIB para el año 2000, comparado con el 3,2 por ciento del PIB en ausencia de estas medidas.
15. En lo que se refiere a otras transferencias, el Gobierno dejó de emitir los certificados de exención de impuestos para promover las exportaciones (los certificados de ahorro tributario o CATs) a beneficiarios nuevos. Estas transferencias cayeron del 1,0 por ciento del PIB en 1991 al 0,8 por ciento en 1994 y todos los CAT que quedan expirarán en 1999. Los certificados de exención tributaria para alentar la reforestación (CAFs) no se emitirán después de 1995. Las transferencias a universidades y otras instituciones de enseñanza superior disminuyeron en forma ligera en 1994, al 1,3 por ciento del PIB, y se proyecta que se mantengan a ese nivel en 1995 y 1996. Estas transferencias se rigen por un acuerdo entre el Gobierno y las universidades, el cual expira en 1999. El Gobierno y las universidades se han puesto de acuerdo en fortalecer el comité que supervisa el funcionamiento de las universidades para asegurar un uso mejor de las transferencias.
16. El plan fiscal tmbién demanda fortalecer las finanzas de las empresas públicas. El superávit operacional de las empresas aumentaría del 3,7 del PIB en 1994 al 5,7 por ciento en 1996. Esto se lograría principalmente al reducir los gastos sin intereses actuales del 13,4 por ciento del PIB al 10,6 por ciento en 1996. Se ha fortalecido el control de las empresas públicas. La información sobre el rendimiento verdadero sobre una base mensual permitirá al Gobierno adoptar medidas correctivas en forma oportuna en el caso que se presentaran desviaciones de los objetivos financieros.
17. Los precios del petróleo, así como las tarifas de la electricidad y del agua se incrementaron en diciembre de 1994 y las tarifas telefónicas en junio de 1995, al mismo tiempo se ajustan los precios del petróleo y las tarifas de agua y electricidad se ajustan de acuerdo con los costos. En el lado de los gastos, en marzo de 1995 el Ministerio de Hacienda fijó límites para reducir el gasto actual en 1995 en 0,5 por puntos porcentuales del PIB sobre las cantidades presupuestadas y frenar el crecimiento de la planilla al 15 por ciento, comparado con el 24,5 por ciento en los presupuestos. En 1996, los presupuestos de las empresas públicas se fijarán de acuerdo con programas objetivos y la planilla de las empresas se mantendrán en términos reales.
18. El excedente operacional del sistema de seguridad social aumentaría del 1,1 por ciento del PIB en 1994 al 1,5 por ciento en 1996. Esta proyección excluye un aumento en la tasa de contribución para pensiones del 7,3 por ciento al 8,8 por ciento de los salarios que estudia la CCSS. Esta medida, que se requiere para mantener la solidez financiera del regimen de pensiones, se espera sea efectiva en 1996 y produciría el equivalente del 0,4 por ciento del PIB sobre una base anual. En el lado de los gastos, los gastos presupuestados por la CCSS se redujeron en un 0,3 por ciento del PIB para 1995, incluyendo el mantener la planilla en términos reales.
19. Los gastos de capital del sector público (incluyendo préstamos netos) subieron de 4,4 por ciento del PIB en 1992 al 6,3 por ciento del PIB en 1994 y se presupuesto que aumente al 7,2 por ciento en 1995. Debido a las dificultades para reducir los gastos actuales más allá del nivel descrito anteriormente, se necesita limitar el gasto de capital a 6,1 por ciento del PIB en 1995, principalmente al eliminar y degradar los proyectos de menor prioridad en las empresas públicas en 0,6 puntos porcentuales del PIB. Se proyecta que el gasto de capital se recupere al 6,6 por ciento del PIB en 1996, al reflejar una recuperación en el programa de inversión de las empresas públicas, principalmente en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
20. Para asegurar la sostenibilidad del esfuerzo fiscal a mediano plazo y evitar desbalances fiscales recurrentes que se asocian con el ciclo electoral, el plan fiscal del Gobierno se apoyará en medidas estructurales en el sector público, que incluyen mejoras en la administración tributaria, cambios en la política salarial del sector público y reestructuración del sector público.
21. Un objetivo principal del Gobierno ers fortalecer la administración tributaria y mejorar la eficiencia y justicia del sistema tributario. Los códigos impositivos y aduaneros se reformaron en julio y octubre de 1995, respectivamente, para fortalecer el marco legal del cobro de impuestos mediante, inter alia, afinando los procedimientos para multar y cerrar negocios. La administración tributaria se fortalece mediante la modernización y reorganización de los Departamentos de Aduanas y Tributación Directa en el Ministerio de Hacienda. Las proyecciones de ingresos por impuestos no incorporan el aumento esperado en el cobro derivado de estos esfuerzos, aunque el Gobierno considera que ayudarían a aumentar de manera significativa el empuje del sistema tributario a mediano plazo.
22. En años recientes, los salarios del sector público se han ajustado virtualmente a la inflación anterior y hay ciertos aumentos automáticos relacionados con la antigüedad y el mantenimiento de salarios diferenciales entre categorías de sueldos. También, hasta setiembre de 1995 los ajustes de sueldos en una entidad en particular afectaban los salarios en el resto del sector público, sin importar el rendimiento y las posiciones financieras relativas. Para ayudar a asegurarse la restricción salarial durante el programa y posteriormente, el Gobierno comenzó a aumentar la flexibidad en la política salarial. Dada la estrujante situación fiscal del momento, los aumentos generales de salarios están en proceso de ser desligados de la inflación anterior y los incentivos individuales futuros se basarán en rendimiento. El Gobierno está preparando un proyecto de ley de empleo del sector público dirigido a mejorar el marco legal de la política salarial y la administración del empleo público. El marco facilitará la introducción de reglas uniformes en el proceso de negociación salarial y en garantizar aumentos según el costo de la vida por todo el sector público, permitirán mayor movilidad laboral dentro del sector público y especificarán mecanismos mediante los cuales se medirá y se recompensará el rendimiento. Dado el alcance y profundidad de esta transformación, se necesitará un debate abierto y detallado para lograr el consenso necesario para la aprobación de tal ley. El proyecto estará listo para discusión a finales de 1995 y el Gobierno espera que se apruebe durante 1996.
23. El Gobierno está poniendo en efecto un programa de reforma del sector público para reducir el alcance del sector público y racionalizar la asignación de recursos, incluyendo el empleo. Los objetivos son reducir el costo de proveer bienes y servicios públicos, así como mejorar la eficiencia y responsabilidad. Ya se han puesto en efecto programas de reestructuración que involucran eliminar las actividades y departamentos redundantes y obsoletos, la reclasificación y reducción de personal y el número de niveles administrativos, así como la simplificación de los procedimientos en los ministerios de Agricultura, Economía y Planificación, lo mismo que el Aduanas y el CNP. También, como se anotó, el BAC se cerró en diciembre de 1994 y el ferrocarril nacional, que funcionaba con pérdidas, se cerró a mediados de 1995. Ciertos ministerios e instituciones están en proceso de reestructuración al disminuir sus operaciones o transferir sus funciones al sector privado, mientras que otros (tales como los ministerios de Gobernación y Seguridad y los de Economía y de Ciencia y Tecnología) se han refundido. Si bien buena parte del programa de reestructuración se puede poner en efecto por medios administrativos, parte de ella requiere la aprobación de la Asamblea y se preparan proyectos de ley para cerrar un buen número de instituciones semiautónomas (IFAM, CONICIT y DINADECO) y la fusión de los ministerios mencionados con anterioridad. Se espera que esta legislación sea enviada a la Asamblea en diciembre de 1995. Como resultado de estas iniciativas, el empleo del sector público se reducirá en términos netos en 5.000 plazas entre 1995 y 1996.
24. Para evitar desbalances fiscales relacionados con el ciclo político, en julio de 1995 se aprobó un proyecto de enmienda constitucional en una comisión legislativa que, inter alia, exige que las operaciones de todas las instituciones del sector público se consoliden en el presupuesto y se aprueben en la Asamblea; prohibe destinar ingresos y el financiamiento del gasto actual con fondos que no sean de ingresos actuales; y limita el tamaño del déficit del sector público al 1,0 por ciento del PIB. Sin embargo la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional e indicó que algunos de sus aspectos pueden estar fuera del alcance de una reforma parcial de la Constitución. El Gobierno buscará aprobación de una versión revisada de esta reforma en dos legislaturas consecutivas durante 1995 y 1996 de modo que la enmienda se pondría en efecto en 1997, antes de la próxima elección presidencial.
25. El programa de reforma del sector público exige la privatización de ciertas instituciones, actividades y aumento del papel del sector privado. En mayo de 1994 la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que permite al sector privado emprender proyectos de infraestructura según concesión del Gobierno. El Gobierno adjudicó concdsiones a dos firmas privadas para operar en Puerto Limón el año pasado y pidió ofertas para tres más para este puerto en setiembre de 1995. También en setiembre de 1995 se emitieron ofertas para que inversionistas privados construyan y financien un carretera con n costo de $15 millones; el inversionista privado administrará y le dará mantenimiento a la carretera durante 12 años; los costos de construcción y mantenimiento se recuperarán por medio de peajes. Además, se han propuesto cambios legales a la Asamblea para abrir a las empresas privadas la comercialización de las pólizas de seguros, establecer una institución supervisora del mercado de los seguros y eliminar las restricciones a la propiedad de parte de extrajeros de empresas corredoras de acciones. Aún más, se prepara un proyecto de ley para autorizar a los bancos extranjeros a establecer y poner en funcionamiento agencias en Costa Rica, dado que en el presente solo pueden funcionar mediante subsidiarias incorporadas en Costa Rica. El Gobierno espera que esta legislación se apruebe durante 1996. En el sector agrícola, el Gobierno está transfiriendo a propiedad privada seis entidades responsables de promover la producción y las exportaciones. Estas entidades incluyen al ICAFE y a CORBANA, que son organizaciones que apoyan la producción y exportaciones de café y banano, respectivamente.
26. La Asamblea aprobó en mayo de 1995 legislación que permite al sector privado aumentar su participación en la generación de electricidad del 15 por cietno al 30 por ciento, incluyendo un aumento en la participación extranjera del 35 por ciento al 50 por ciento del total de la participación del sector privado. Las regulaciones para esta ley se emitirán en noviembre de 1995. El Gobierno está analizando el uso de mecanismos permitidos por la legislación existente para permitir al sector privado construir, operar y transferir proyectos en electricidad y telecomunicaciones. El ICE comenzó a promover la inversión y participación privadas por medio de mecanismos que incluyen CAT (Construir, Arrendar, Transferir), COT (Construir, Operar, Transrerir) y CPOT (Construir, Poseer, Operar, Transferir). A largo plazo, el ICE espera que sus esfuerzos actuales por modernizar su organización y actividades (incluyendo lo que requiera hacer cambios en su marco legal) aumentará su eficiencia a niveles competitivos en el ámbito internacional.
27. Se han presentado proyectos de ley a la Asamblea para modernizar y fortalecer el marco legal para regular los servicios públicos y sus tarifas. Esto involucraría la transformación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en una agencia reguladora de servicios públicos. El proyecto de ley contempla también la introducción de metodologías más sistemáticas y criterios técnicos para establecer las tarifas por servicios públicos a niveles que cubrirían los costos de largo plazo, incluyendo los de inversión y mantenimiento. También permitiría tarifas diferenciales para influenciar la demanda. El Gobierno espera que esta legislación se apruebe durante el primer semestre de 1996.
28. La política monetaria seguirá ajustada durante lo que queda de 1995 y sus objetivos principales serán reducir la inflación a cerca del 18 por ciento y aumentar las reservar internacionales netas en $75 millones. La mejora en las reservas internacionales netas es limitada debido al financiamiento externo al sector público (inclyendo la liberación de parte de los atrasos) que se proyecta será negativo en una cantidad equivalente al 1,1 por ciento del PIB. Sin embargo, hasta el punto en que ese balance de pagos apoye préstamos al sector público exceda los previsto al presente, la meta de la reserva será ajustada hacia arriba. En 1996, los objetivos serán bajar la inflación a menos del 10 por ciento y mejorar aún más la posición de la reserva neta internacional en $203 millones a $1.040 millones, o el equivalente a 3,5 meses de importaciones proyectadas.
29. Para alcanzar estos objetivos, los activos domésticos netos del Banco Central se contraerían en un 25 por ciento (relativo a la moneda en circulación al principio del año) durante 1995, comparado con un aumento del 23 por ciento durante 1994, y se contraería aún más en 1996. La demanda de sector privado para activos financieros (incluyendo la tenencia de bonos del banco central y del tesoro) se proyecta que aumente un 21 por ciento en 1995 y cerca del 16 por ciento en 1996, mientras que se espera que el circulante crezca en un 18,5 por ciento en 1995 y en 16 por ciento en 1996. El crédito al sector privado se proyecta qeu decline en términos reales en 1995, perso que se recupere ne 1996. Si bien se espera que las tasas de interés se mantengan altas durante 1995, las presiones sobre las tasas de interés es posible que disminuyan en 1996 conforme se consolide la posición fiscal. Para alcanzar los objetivos del programa monetario, el Gobierno continuará permitiendo la flexibilidad de las tasas de interéa y para junio de 1996 planea pasar a tasas de interés determinadas por el mercado mediante subastas competitivas de bonos del tesoro y del banco central.
30. Aunque el sistema finaciero se ha liberalizado en forma considerable en años recientes, queda buena parte por mejorar en la intermediación financiera. Los principales problemas que encara el sistema financiero incluyen: (i) requisitos altos de reserva legal que afectan de manera adversa la intermediación financiera; (ii) costos de administración altos, portafolios de préstamos débiles, y bajo capital de base en los bancos estatales; (iv) poderes débiles para el cumplimiento y cobertura incompleta de los intermediarios financieros de parte de la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF); y (v) autonomía limitada del Banco Central y la AGEF.
31. El Gobierno le da alta prioridad a la reforma del sistema financiero y ha trabajado muy junto al BID en esta área. La legislación para mejorar la competencia y la eficiencia en el sistema financiero, incluyendo una nueva Ley del Banco Central, y para fortalecer la supervisión prudencial fue aprobada por la Asamblea en primer debate en setiembre de 1995. El monopolio bancario estatal de las cuentas corrientes se eliminará y se extenderá el acceso a los redescuentos del Banco Central a todas las entidades financieras supervisadas por la AGEF. También, de acuerdo con la nueva Ley del Banco Central los requisitos de reservas se extenderán para cubrir todas las instituciones financieras supervisadas por la AGEF para diciembre de 1995 y se tiene que reducir al 15 por ciento a más tardar para finales de 1999. El Banco Central planea reducir los requisitos de reserva mínima de un promedio del 29 por ciento en enero de 1995 al 20 por ciento para diciembre de 1996, a 15 por ciento para diciembre de 1997 y a una tasa uniforme del 15 por ciento para diciembre de 1998. En el presente, casi el 25 por cietno de los requisitos de reserva se remuneran debido a que están constituidos por bonos de estabilización (una emisión especial de bonos a tres años a tasas ligeramente inferiores a las del mercado), bonos del tesoro y bienes del portafolio del BAC vendidos a los bancos estatales. Durante 1996 el Banco cambiará estos bonos por otros que tendrán tasas de interés de mercado. Para finales de 1996 todos los requisitos de reserva se juntarán en depósitos sin remuneración. También, conforme aumenta la confianza de los inversionistas mejore, el Banco Central estará enb capacidad de reducir los incentivos que se ofrece para atraer depósitos en dólares. En consecuencia, para mediados de 1996 la comisión del 1,2 por ciento que paga el Banco Central a los bancos comerciales sobre estos depósitos se eliminará y para la misma fecha el Banco Central quedará en libertad de liberar la tasa de interés que los bancos comerciales pueden ofrecer sobre estos depósitos.
32. El alcance de una autonomía mayor del Banco Central aumentará al extender los periodos de cinco de sus siete directores de cuatro a siete años, y al rotar directores de modo que uno ingresaría y otro se marcharía cada dieciocho meses. Los otros dos directores son el Presidente del Banco Central y el Ministro de Hacienda. La legislación también aumenta la autonomía de la AGEF al crear su propia junta directiva con cinco miembros, dos del Banco Central, dos externos al Banco Central (nombrados por la directiva del Banco Central) y el Superintendente General, que presidiría las sesiones.
33. El cierre del Banco Anglo Costarricense puntualiza la necesidad de fortalecer la supervisión y las regulaciones prudenciales. La nueva legislación permite a la AGEF imponer multas y fortalece su capacidad para ejercer sus funciones de supervisión; en la actualidad, la AGEF no tiene poder para forzar a las entidades supervisadas a revelar información financiera. También extiende las responsabilidades supervisoras de la AGEF a todas las entidades que dan servicios de intermediación financiera, incluyendo fondos mutuos, sindicatos de crédito, asociaciones de ahorros, el Banco de la Vivienda, el Banco Popular, la Caja de ANDE y las compañías financieras. La supervisión de la AGEF también cubriría entidades autorizadas para participar en el mercado de cambio, que abarcará los bancos comerciales, entidades financieras privadas, cualesquiera otras entidades sujetas a supervisión de la AGEF y las autorizadas por el Banco Central. La AGEF comenzó a poner en marcha un plan de acción para reorganizar su estructura administrativa, mejorar los sistemas de manejo de información y aumentar la preparación.
34. El Gobierno planea restructurar los bancos estatales y mejorar su eficiencia, así como, con asistencia técnica del BID, desarrollará para diciembre de 1995 un plan dirigido a alcanzar estos objetivos. Para este fin, el Gabinete emitió directrices que establecen indicadores de rendimiento y un cronograma establecido para formar un programa para alcanzar estos objetivos. Los préstamos de parte de los bancos estatales se basarán en criterios técnicos mejorados y hasta el punto que el Gobierno lo considere necesario proveer subsidios de crédito directos o indirectos al sector privado por medio de los bancos estatales, tales operaciones serían financiadas solo mediante el presupuesto. El Gobierno, en colaboración con el BID, cuantificará las necesidades de recapitalización de los bancos estatales y durante la primera revisión del acuerdo stand-by alcanzará acuerdos con el personal sobre un cronograma para la recapitalización y sobre el esfuerzo fiscal adicional que puede ser necesario para cubrir este costo. El Gobierno planea usar el portafolio del BAC para pagar el intercambio de pérdidas relacionadas a créditos de préstamos externos en colones incurridos por los bancos estatales.
35. Las pérdidas operacionales del Banco Central declinaron del 2,5 por ciento del PIB en 1990 al 1,5 por ciento del PIB en 1993-1994, pero se mantienen como una restricción importante a la política monetaria. Cerca de la mitad de estas pérdidas se debe a operaciones cuasifiscales anteriores. Para mejorar la transparencia de las operaciones fiscales y la flexibilidad de la política monetaria, el Gobierno recapitalizará al Banco Central al eliminar los subsidios al Gobierno en todos los préstamos y al suministrarle valores gubernamentales negociables. En el momento de la primera revisión del acuerdo stand-by, el Gobierno alcanzará acuerdos con el personal sobre un cronograma y una modalidad de recapitalización del Banco Central y sobre el esfuerzo fiscal adicional que puede ser necesario para cubrir este costo.
36. La economía se ha liberalizado de manera sustancial. Los controles de precios se mantienen sobre aranceles del sector público, tarifas de transportes, gasolina, arroz, cemento, mantequilla y leche. Los acontecimientos en los precios de 67 productos básicos son controlados por el Ministerio de Economía con el objetivo de detectar y evitar prácticas monopolísticas o colusorias y para mejorar la competencia. Los controles de precios que quedan serán reducidos aún más en el grado en que esa competencia de mercado aumente, y en el momento de la primera revisión el potencial para una posterior liberalización de precios será revalorada. La mayoría de los aranceles exteriores se han reducido a un rango del 5 al 20 por ciento y el arancel promedio sopesado se ha reducido del 16,4 por ciento en 1990 al 9,5 por ciento. Según la ley de derregulación emitida en enero de 1995, las licencias de importación que quedaban fueron abolidas y a la mayoría se les reemplazó con aranceles que van del 10 al 55 por ciento. Costa Rica se hizo miembro del GATT en 1990 y en diciembre de 1994 la Asamblea ratificó la Ronda Uruguay y la OMC. El Gobierno se comprometió a mantener el sistema de comercio abierto y liberal del momento, y no aumentará los aranceles a las importaciones durante el periodo del programa. El Gobierno planea reducir los aranceles a la importación sobre productos agrícolas que excedan el techo que Costa Rica aceptó según negociaciones anteriores del GATT.
37. Un objetivo principal del programa de reforma estructural es aumentar la competitividad externa de Costa Rica y facilitar la integración continuada de Costa Rica a los mercados internacionales. Apoyado en estas reformas, la consolidación fiscal y las políticas de crédito restringidas, el Banco Central continuará interviniendo en el mercado cambiario y ajustará la tasa nominal de cambio con miras a alcanzar los objetivos para las resevas internacionales netas según el programa, incluyendo aceleraciones o desaceleraciones del ritmo de las devaluación según sea necesario. El Banco Central evaluará las opciones para pasar a un regimen cambiario más flexible, combinando intervención de banco central con un campo mayor para las fuerzas del mercado en el establecimiento de la tasa de cambio para aumentar la efectividad de la política monetaria. En el momento de la primera revisión, las autoridades alcanzarán acuerdos con el personal del Fondo sobre un cronograma y modalidad a emplear para avanzar hacia tasas de cambio más sujetas al mercado.
38. El Gobierno adscribe alta prioridad a mantener relaciones financieras normales con los acreedores externos. Los retrasos en los pagos externos con el Club de París y otros acreedores emergieron en 1994 debido al deterioro en la posición fiscal. Estos retrasos se han reducido de $102 millones en agosto de 1995 a $62 millones en octubre de 1995, serán reducidos en otros $45 millones en diciembre de 1995 y se eliminarán en marzo de 1996. No hay otros atrasos pendientes con acreedores externos y no se acumularán más retrasos. Se harán pagos adicionales de intereses a los bancos comerciales en 1995-1996 como exige la cláusula de recuperación de valor incluida en el acuerdo de reestructuración de 1989, como los aprobó la junta directiva del Banco Central en mayo de 1995.
39. Al 39 por ciento del PIB para finales de 1994, la deuda externa de Costa Rica no es excesiva. Sin embargo, para preservar la capacidad de servicio de todas sus obligaciones de la deuda externa, el sector público no contratará ni avalará deuda externa nueva sin concesiones con madurez de más de un año y hasta e incluyendo 12 años por más de $175 millones durante el periodo del programa, con subtechos para madurez de uno a cinco años de $100 millones. También, los techos sobre el aumento en el inventario de deuda pública, o con aval público, de corto plazo (deuda con madurez de menos de un año) desde el 30 de setiembre de 1995 se fijará en cero. Toda contratación y garantía del sector público sobre deutda externa serán aprobadas por el Banco Central. En el momento de la primera revisión, el Gobierno analizará mdeidas adicionales en el caso de que haya fallas en la financiación externa.
40. Costa Rica mantiene un sistema de cambio que está lire de restricciones en los patos y transferencias de transacciones internacionales actuales. El Gobierno no impondrá restricciones nuevas a los pagos y transferencias para las transacciones internacionales actuales; introducirá prácticas de moneda múltiple; impondrá o intensificará restricciones a las importaciones por razones de balanza de pagos; o se comprometerá en acuerdos nuevos de pagos bilaterales con países miembros del Fondo que sean inconsistentes con el Artículo VIII de los Artículos de Acuerdo del Fondo.
41. La consolidación fiscal y el impacto positivo de los precios mayores del café en los ahorros privados se espera que reduzca el déficit acutal de la cuenta externa al 3,6 del PIB en 1995 y al 3,4 por ciento en 1996. Se proyecta una aumento del 18 por ciento en las exportaciones en términos de dólares de los Estados Unidos en 1995 y un 6,5 por ciento en 1996, con una aumento esperado en las exportaciones tradicionales del 12,5 por ciento en 1995 (que refleja precios más altos del café) y una declinación del 4 por ciento en 1996, pese a una recuperación en las exportaciones de bananos debido a que se proyecta una declinación en los precios del café. Las exportaciones no tradicionales, que han crecido rápidamente en años recientes, se espera que se mantengan fuertes y se proyecta que la recepción de turismo crezca a un paso másd lento que en años recientes pero que todavía crecería un 10 por ciento al año durante 1995 y 1996. Se proyecta que las importaciones aumenten un 9 por ciento en 1995 y 6 por ciento en 1996. Los flujos netos de capital oficial se proyecta que sean negativos en 1995-96 debido a que las salidas serían opacadas por los pagos de amortización, mientras que el flujo de entrada netos de capital privado se espera que alcancen un promedio de cerca de $565 millones al año. Al mismo tiempo, todos los atrasos se pondran al día y se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en $280 millones en 1995-96.
42. La calidad general de las estadísticas macroeconómicas en Costa Rica ha mejorado en los últimos 2 a 3 años. Sin embargo, el Gobierno reconoce la necesidad de mejoras en la puntualidad y cobertura en ciertas áreas, para asegurar una base firme para el análisis económico y las decisiones de políticas.
En particular, en cerca de tres meses la disponibilidad de los datos de las hojas de balance de los bancos comerciales podrían dar como resultado retrasos en la valoración completa de los acontecimientos monetarios y en la introducción de respuestas políticas adecuadas. También, el retraso de cerca de nueve meses en la disponibilidad de datos sobre las importaciones por clasificación económica inhibe el análisis a tiempo de los acontecimientos en la balanza de pagos. Para atender estas necesidades inmediatas y asegurar una calidad adecuada de la estadística macroeconómica, el Gobierno ha solicitado asistencia técnica del Fondo en la forma de uma misión estadística de tópicos múltiples.
43. Desde 1990, Costa Rica ha recibido asistencia técnica del fondo en las áreas de reforma tributaria, operaciones de mercado abierto y pérdidas de banco central, así como en administración de reservas extranjeras. En 1995 el Fondo suministró asistencia técnica en el manejo de gasto público, valorar las finanzas de los bancos estatales y preparar recomendaciones de medidas preventivas y correctivas para atender los problemas de liquidez o solvencia en el sistema bancario. El Gobierno planea poner en efecto las recomendaciones de la misión de asistencia técnica en el manejo del gasto público tan pronto como se arregle el financiamiento para el proyecto, pero no posterior a enero de 1996. Las recomendaciones en relación con el fortalecimiento de las finanzas de los bancos estatales y la atención de los problemas de liquidez y solvencia del sistema financiero se pondrán en efecto comenzando en diciembre de 1995.
44. A lo largo de los años Costa Rica ha procurado dar educación, salud y seguridad social a todos los ciudadanos, con énfasis marcado en aliviar los peores efectos de la pobreza. Sobre esta base ha alcanzado indicadores sociales comparables en forma favorable con los de países con ingresos per cápita equivalentes o mayores. Al reducir la inflación y restablecer las condiciones para un crecimiento económico sostenido, el programa económico contribuirá a mantener el progreso social. Además, las autoridades están tomando pasos para mejorar la eficiencia del gasto social, incluyendo como meta mejorar los programas existentes y eliminar la duplicación de programas. La red de seguridad social se fortalecerá al mejorar (a) transferencias a los pobres, los ancianos y las mujeres cabeza de familia; (b) los programas de alimentos y nutrición de los ministerios de Salud y Educación; y (c) los programas para dar nueva preparación y oportunidades de empleo, en particular a los afectados por recortes de empleo en el sector público.
45. La política ambiental del Gobierno está dirigida a producir cambios sustanciales en los patrones de consumo y producción, con miras a reducir los efectos adversos sobre el ambiente y para elevar el valor de los recursos naturales y humanos. Los esfuerzos por lograr estos objetivos han sido de largo alcance e incluyen proyectos para ahorrar energía que han llevado al ahorro de 50.000 megavatios por hora, evitando por lo tanto la necesidad de comprar un turbina hidroeléctrica con un costo de $40 millones; un programa para la rehabilitación de bosques que involucra a 30.000 estudiantes de 500 escuelas urbanas, el cual recibió un premio de las Naciones Unidas; uso mayor de la gasolina sin plomo, que ahora alcanza cerca del 50 por ciento del consumo interno; un requisito por el que todos los autos que entran al país a partir de enero de 1995 tienen obligación de contar con convertidores catalíticos; la participación de más de 100 empresas en un programa para reducir la contaminación en los ríos; e iniciativas para alentar el uso de tecnología agrícola que tiene impacto mínimo en el ambiente. Aún más, Costa Rica es el primer país en vías de desarrollo que ha firmado un acuerdo con los Estados Unidos para reducir los efectos adversos del cambio climático.
