El Consejo Nacional de Producción (CNP) y su subsidiaria, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), deben ¢8.300 millones en impuestos, pago a proveedores y otros, según un corte a diciembre pasado.
La cifra fue confirmada en la tarde de ayer por la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, quien advirtió que las cifras reflejan claramente la crisis en que está la entidad.
Detalló que el CNP debe ¢3.000 millones a proveedores locales y en pagos a terceros; ¢786 millones al Fondo de Garantías y Jubilaciones de sus empleados y otros ¢425 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por su parte, la Fanal adeuda ¢3.511 millones al Ministerio de Hacienda en impuestos de ventas, consumo y renta, y ¢596 millones en multas por el atraso en pagos de los tributos. Esta deuda corresponde al período 2003-2005.
La ministra Abraham agregó que está presentado un juicio contencioso (se llama así a los que tiene el Estado como actor) contra el Ministerio de Hacienda por el cobro del impuesto de ventas a Fanal, entre el 2006 y el 2010. En caso de perderse este proceso, la fábrica debería pagar otros ¢6.000 millones en impuestos al Estado.
En el caso de la Caja, está en marcha un sistema para deducir la suma de facturas que esa entidad debe pagar al CNP por compras al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Este programa abastece de verduras, frutas y otros productos frescos, así como de algunos enlatados o envasados, a entidades públicas como hospitales, centros penitenciarios, comisarías de la Fuerza Pública y comedores escolares.
Además, se negociarán diferentes formas de pago, que van desde arreglos, como aportar una cierta suma mensual, hasta entregar activos (terrenos) en dación de pago.
No es la primera vez que el CNP entrega terrenos como pago, pues hace unos cinco años lo hizo con uno ubicado en Pavas, precisamente, para Hacienda.
La crisis financiera del CNP y la baja de un 43% en las ventas de Fanal, al comparar el 2009 con el 2010, son las causas de que las dos entidades no hayan pagado esas sumas, explicó la ministra Abraham.
Adelantó que pronto se iniciará un proceso para ofrecer la pensión a quienes estén en esa condición, y la movilidad laboral a otros. Se financiará con ¢4.000 millones del presupuesto nacional que se giraron en diciembre.