EscucharLa Paz (AP). La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia ha pedido al gobierno de Evo Morales una ley que garantice las inversiones privadas en el país tras la expropiación de acciones en una cementera a un empresario y político opositor.
En un pronunciamiento emitido el martes, los empresarios piden una ley especial que otorgue mayor certeza jurídica a los agentes económicos para aclarar el significado y alcances de los conceptos de función social y el interés colectivo, señalados en la Constitución, a fin de garantizar el derecho propietario de los bolivianos.
Asimismo piden al gobierno que las políticas públicas apoyen el espíritu emprendendor de los bolivianos ya que de las 145.000 personas que cada año se incorporan al mercado laboral, el 50% tiene que dedicarse a trabajar por cuenta propia o engrosar la informalidad o, en el peor de los casos, emigrar del país.
La preocupación de los empresarios también está dirigida a normas que aprobó el gobierno y otras que están en debate legislativo, como la nueva ley contra el contrabando y un proyecto de pensiones.
La semana pasada Morales revirtió al Estado las acciones del magnate del cemento y uno de los líderes de la oposición Samuel Doria Medina en una cementera, dueño de varias otras cementeras junto a su socio minoritario, el Grupo de Cementos Chihuahua, de México.
El gobierno dijo que revirtió el paquete porque el empresario aprovechó sus influencias en el gobierno en 1999 para comprar parte de las acciones en la Fábrica Nacional de Cemento SA, lo que Doria Medina negó.
Tras la decisión, otros grupos empresariales manifestaron su preocupación por la medida y han señalado que la medida del gobierno es una mala señal a los inversionistas.
Morales nacionalizó antes los hidrocarburos, una telefónica y otra empresa de capitales extranjeros pero es la primera medida contra un empresario boliviano.
