La Cámara de Bancos y Entidades Financieras (CBF) pidió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la suspensión de varios puntos y aclaraciones sobre otros alcances del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, vigente desde el 30 de marzo.
La Cámara pretende la suspensión del plazo de tres meses que se fija para que los tarjetahabientes reciban el nuevo formato de estado de cuenta.
También objeta el plazo de seis meses para hacer los cambios en los cajeros automáticos, que permitirían al usuario conocer los costos de las diversas transacciones.
Asimismo, solicita dejar sin efecto el artículo 32 de la normativa, que establece que los tarjetahabientes tendrán 60 días hábiles para presentar reclamos.
Al mismo tiempo, reclama aclaraciones sobre las definiciones de acoso y hostigamiento que se incluyen en el reglamento.
Para la CBF, estas disposiciones “riñen con las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica y, por tal motivo, devienen, además, en irrazonables”, según se lee en sus argumentaciones.
El presidente de la CBF y gerente general de Bancrédito, Guillermo Quesada, dijo que la posición del sector no es en contra del reglamento. “Lo que pedimos son ajustes y más tiempo para poder implementar los cambios”, señaló.
El planteamiento se hizo ante el MEIC el 5 de mayo como una solicitud administrativa y una medida cautelar.
La ministra de Economía, Mayi Antillón, reconoció que también el Banco Nacional y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) han hecho pedidos de aclaración. “El reglamento está vigente y ya pasó por el período de consultas”, dijo Antillón, quien aseguró que mantendrá una posición de diálogo.
La Ministra añadió que la medida cautelar no es una figura que tenga validez, según el criterio de sus asesores.
Por el contrario, el representante legal de la CBF, Luis Ortiz, argumentó que la medida cautelar puede ser aplicada por quien dicta un reglamento, por lo que el MEIC puede suspender la vigencia de los puntos en debate.
El reglamento de tarjetas, con el que el MEIC trata de mejorar el intercambio de información entre emisores y usuarios, ya había sido objetado por el sector bancario.