Pese a que los aportes de cada trabajador al régimen de pensiones del Poder Judicial son cuantiosos (equivalentes al 21% de su salario), los beneficios que esperan recibir al final de su vida laboral no pueden ser compensados con la cuota actual.
De acuerdo con los estudios actuariales del 2006 y del 2009 de la empresa mexicana Nathal Consultores, con el paso del tiempo el déficit actuarial del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial se ha incrementado en una magnitud que atenta con socavar ese fondo al cabo de unos 30 años.
“Esa diferencia tiene una solución más sencilla, en términos generales, el fondo estaría en equilibrio; en este caso, lo que se recomienda es una mejor gestión de cartera y algunos ajustes”, comentó Édgar Robles, superintendente de Pensiones.
No obstante, para el estudio actuarial del 2009, la asignación de beneficios, entre ellos la eliminación del tope de pensión, alertaron sobre la necesidad de hacer correcciones al Fondo para mantener su sostenibilidad.
“Tras los cambios entre el 2006 y el 2009 en los beneficios hubo un efecto disparador del gasto para el Fondo: la prima general necesaria para sostener el Fondo aumenta hasta un 32,2% del salario. En este escenario se necesitan medidas más amplias”, agregó Robles.
El superintendente señaló que, de no hacerse pronto correcciones, el Fondo comenzaría a deteriorarse a medio plazo, lo cual podría acarrear problemas: entre ellos, que el Estado deba asumir el costo de la quiebra del Fondo.
“El problema no es que los empleados del Poder Judicial tengan su propio fondo, porque sus aportes son de un 21%, superiores al 2,67% del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Sin embargo, es un fondo que tiene algunas particularidades que lo hacen susceptible a que tenga problemas. Está mal diseñado”, comentó Robles.
El funcionario añadió que estas características “son comunes en los regímenes de pensiones viejos”, pero necesitan adaptaciones para que sobrevivan y no lleguen a convertirse en una carga para el presupuesto nacional.
A noviembre pasado, el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial superaba los ¢312.000 millones. Según la Superintendencia de Pensiones (Supen), bajo las condiciones del 2009 se estima que el déficit del Fondo al cabo de unos 30 años superará los ¢180.000 millones.
Junto a estos problemas, el ente supervisor también señaló que el Fondo urge de una actualización en la gestión de los activos financieros, pues, técnicamente, la administración de recursos ha quedado rezagada en comparación con los otros regímenes de pensiones.
Para el 2012, se contrató a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, la cual deberá tener listo el nuevo estudio antes de mediados de año.
Entre las variables que las empresas evaluadoras toman en cuenta para el estudio están la tasa de rendimiento esperado para el Fondo, la tasa de inflación esperada, la revalorización de las pensiones y la tasa de crecimiento de los salarios, entre otros.
Pese a que no está listo el estudio del 2012, la Superintendencia teme que esas variables se hayan visto afectadas negativamente en los últimos años y debiliten el Fondo, pues cada cambio en las estimaciones repercute sobre las reservas en millones de colones.