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Un objetivo es modernizar equipo, como el cromatógrafo de gases y masas que mostró Juan Carlos Murillo. ARCHIVO
La reestructuración del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), puesta en marcha a finales del Gobierno anterior, creaba 160 jefaturas, por lo que las nuevas autoridades frenaron su aplicación.
Con los cambios iniciales, la institución debía añadir una erogación de ¢500 millones anuales.
Así lo denunció la actual ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, al ser cuestionada acerca del tema.
La reestructuración se había consultado y consensuado con los sectores privados. Surgió luego de que se cuestionaron metodologías y controles en el SFE.
También fue el resultado de una intervención en el Servicio por parte del Gobierno anterior.
“Un proceso que pudo ser excelente se echó a perder al final”, enfatizó la ministra Abraham.
El Gobierno actual emitió otro decreto para frenar el proceso. El fin es analizar con cuidado las propuestas de cambio y aplicarlas con otro procedimiento, detalló la funcionaria.
Agregó que la suspensión del plan fue conocida y avalada por la Comisión Nacional Asesora del Ministro y del Servicio Fitosanitario del Estado (Conafi).
En esa comisión hay representantes de cámaras, de las universidades y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.
También se informó con detalle a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) del porqué del freno a los ajustes en el SFE, enfatizó Abraham.
De acuerdo con la Ministra, las dos instancias de representación del sector privado reconocieron la necesidad de frenar los cambios y buscar otra manera de hacerlos.
El plan se echó a andar en aquel entonces mediante un decreto, unos 63 días antes de la entrada del nuevo Gobierno. El documento establecía que debía estar en vigencia 60 días después; esto es, dos días antes de salir el Gobierno anterior.
Parte de los 160 puestos de jefatura se nombraron a dos días de entrar la Administración actual.
De esos 160 puestos, un total de 80 implicaba abrir plazas nuevas.
La administración del Servicio tramitó el permiso ante la Contraloría General de la República para contratar al nuevo personal, pero no lo hizo ni ante la Autoridad Presupuestaria ni ante el Servicio Civil. Esto impedía invertir en los salarios aunque hubiera recursos, encontró un estudio realizado por el Gobierno actual.
Aun así, la ministra Abraham respaldó los cambios propuestos para mejorar la inspección en puertos y fronteras y para descentralizar el SFE y llevarlo a las regiones.
Además, el ministro de entonces denunció “una mala gestión administrativa”, que incluso impedía inversiones y cumplir con las metas presupuestarias.
En aquel momento se dijo que el SFE tenía guardados ¢8.000 millones sin que los pudiera utilizar.
Esa entidad se financia con recursos propios, pues cobra tarifas por muchos de los servicios que presta, entre ellos los obligatorios exámenes de laboratorio para la importación de productos vegetales. También cobra un porcentaje por la importación al país de plaguicidas y fertilizantes.
Este servicio se encarga del registro oficial de agroquímicos y productos biológicos, aplica la ley de exoneraciones a materias primas para el agro y otorga los permisos de importación para todos los alimentos que ingresen al país.
Además, certifica la sanidad de bienes de exportación cuando los países de destino lo exigen, realiza una vigilancia preventiva contra plagas y enfermedades de cultivos (tanto en aduanas y fronteras como en campos de cultivo) y se encarga del control cuando los males estén presentes aquí.
También mantiene y opera los laboratorios oficiales del país.
