Análisis
Pakistán: El país más peligroso del mundo
El 5 de febrero, un nutrido grupo de pakistaníes axaltó al científico Khan, conocido como el padre de la "bomba islámica". (Telefoto: AFP/ La Nación). |
Islamabad. El general Mirza Aslam Beg es un hombre elegante, de modales educados y hablar pausado, que responde al perfil académico que actualmente tiene. Antes pasó por todo el escalafón del ejército de Pakistán, con resonado prestigio y condecoraciones, hasta convertirse en su jefe supremo entre 1988 y 1991, la época en la que se supone que alguien con acceso a los secretos del programa nuclear de Pakistán transfirió información altamente sensible a Irán y Libia. El máximo responsable de ese programa, el doctor Abdul Qadeer Khan, ha mencionado al general Beg como la persona que le autorizó y a la que informó sobre el traspaso de esa tecnología.
Khan reconoció ante los investigadores que, en efecto, esas transferencias habían ocurrido, pero siempre con el conocimiento de sus superiores en el momento en que se produjeron.
Hace una semana, el propio Khan reconocía en las pantallas de la televisión local que había pasado tecnología nuclear a Irán y Libia, y pedía clemencia al presidente Pervez Musharraf, al que exculpaba de toda responsabilidad en esa actividad. "Estoy consciente de la importancia crucial que tiene el programa nuclear de Pakistán para nuestra seguridad nacional", dijo el científico, quien pidió "profundas disculpas" durante su intervención televisada.
Hasta ahí, la versión oficial sobre un episodio que ha causado una enorme preocupación internacional. Pero las dudas sobre las razones de fondo de esas transferencias y sobre la naturaleza misma del régimen paquistaní siguen vivas.
Sentado al calor de una chimenea de gas, en su modesto despacho de Rawalpindi, el general Beg pierde momentáneamente la calma cuando se le mencionan las acusaciones que se hacen contra él. Las niega por completo y las atribuye a "una conspiración urdida por la Embajada de Estados Unidos". Beg dirige desde su retiro, en 1992, una fundación que trata sobre asuntos de seguridad en el sur de Asia, una plataforma que le permite mantener contactos y una alta visibilidad en la política de Pakistán.
En su opinión, los científicos responsables de desarrollar el arma atómica en este país tenían plena libertad para establecer los contactos que consideraran necesarios e intercambiar la información que creyeran conveniente para conseguir su objetivo. "En ese contexto –afirma– es probable que se hubieran entrevistado con gente en Irán o en Libia. Si ahora hay que procesar a los científicos sospechosos, habría que procesar también a todos los jefes políticos y militares que les ordenaron cumplir una misión.
Desde luego, la opinión del general Beg es que no hay que procesar ni a Khan, un héroe nacional, ni a ninguno de sus colaboradores. Cree que todo el escándalo internacional desatado en torno al riesgo de proliferación nuclear desde Pakistán responde a intereses políticos norteamericanos –a los que, según él, sirve el presidente Musharraf– y que las armas nucleares de este país están en manos seguras, "en las manos del pueblo de Pakistán".
Beg opina, por otra parte, que hay que distinguir entre Al Qaeda –que considera un fenómeno ajeno a los intereses del islam–, y los talibanes y otros grupos musulmanes radicales, de los que dice que "en apenas dos décadas han sido capaces de enfrentarse a las dos superpotencias del mundo". afirma que la inestabilidad que impera hoy en la región responde a "una fuerza global de resistencia islámica que va desde Chechenia hasta Cachemira".
La proliferación de esos grupos radicales en territorio paquistaní –creados en los años 80, con la financiación de Estados Unidos, para combatir a los soviéticos en Afganistán– y el hecho mismo de que esta sea la única nación islámica que posee armas nucleares, pusieron a Pakistán en el centro de la atención mundial después de los atentados del 11 de setiembre de 2001.
¿Hasta qué punto el extremismo islámico se ha hecho fuerte en Pakistán? ¿Qué posibilidades tiene de acceder, directa o indirectamente, al arsenal atómico paquistaní?
En este sentido, las opiniones de Beg pueden resultar reveladoras. Pero es más difícil saber si, además de reveladoras, son representativas. Según M. Ziauddin, director del periódico Dawn, el más vendido y respetado de Pakistán, "las posiciones del general Beg no representan a la mayoría del Ejército, representan al 100 por ciento del Ejército".
De acuerdo con la versión de este periodista, "el ejército paquistaní no es ideológicamente islámico, se ha islamizado, ha usado el islamismo como una fórmula para consolidar su poder".
"El Ejército se sumó a la yihad (guerra santa) cuando esta era una causa respetable, cuando los norteamericanos la respaldaban para actuar en Afganistán. Cuando esa causa desapareció y los norteamericanos se fueron, los militares entendieron que la yihad era una excelente fuente de reclutamiento para la guerra en Cachemira y un gran instrumento de poder frente a India". Y Ziauddin continúa: "Enloquecieron, se creyeron con posibilidades de exportar la revolución a todo el mundo islámico y de llegar algún día a ocupar la India".
El general Shaukat Sultan, portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, se refiere así a la islamización del ejército: "Todo ejército necesita una motivación, una causa que le dé vida. Nuestra motivación es la religión. Eso no significa que el ejército de Pakistán, integrado por más de medio millón de hombres, defienda un proyecto para todo el mundo islámico ni que apoye a organizaciones extremistas, ni que tenga pretensiones expansionistas. Este es un ejército en el que Occidente y el mundo pueden confiar".
El general Sultán dice también que las fuerzas armadas obedecen a quien todavía es su comandante en jefe, el general Musharraf, y que las decisiones tomadas por este en relación con el apoyo a Estados Unidos tras el 11 de setiembre y el combate a los grupos extremistas, fueron discutidas y aprobadas por el conjunto de las Fuerzas Armadas.
Hoy por hoy, Musharraf es el centro de todos los debates en Pakistán. Para un diplomático occidental, él es la principal garantía de estabilidad, pero si el que opina es Mohamed Siddique al Farooque, portavoz de la alianza que temporalmente une a los dos grandes partidos tradicionales de Pakistán (la Liga Musulmana Paquistaní, que preside Nawaz Sharif, y el Partido del Pueblo de Pakistán, presidido por Benazir Bhutto) es el padre de todos los problemas de ese país.
Ambos dirigentes, exprimeros ministros los dos, están actualmente en el exilio, acusados de corrupción.
Musharraf llegó al poder en octubre de 1999 tras un golpe de Estado incruento que derrocó a Sharif. Dos años después asumió formalmente la presidencia del país, que compatibilizará hasta finales de este año con su cargo militar. En esa fecha colgará el uniforme, pero retendrá la presidencia hasta el 2007.
Al principio, el golpe y las maniobras para mantenerse en el poder fueron criticados por Estados Unidos y los países europeos. El Reino Unido expulsó a Pakistán de la Commonwealth, y el presidente George W. Bush ni siquiera recordó el nombre de Musharraf cuando se le preguntó por él en la campaña del 2000. Todo cambió cuando los atentados del 11 de setiembre lo convirtieron en un aliado imprescindible de Washington, tanto para la guerra en Afganistán como para la persecución del extremismo islámico.
Muy discutido interiormente, el general Musharraf dio pasos que le otorgaron, sin embargo, gran reconocimiento mundial, certificado hasta el estrellato este año en la reunión del Foro de Davos. El primero de esos pasos fue una campaña de persecución de las organizaciones extremistas; 500 militantes de esos grupos se encuentran actualmente detenidos, según la cuenta del portavoz del Gobierno, Masood Khan.
Pese a los esfuerzos por erradicar el terrorismo, en los últimos años se ha ido configurando una red de grupos radicales. Periodistas expertos en terrorismo citan la existencia de una alianza secreta llamada Brigada 313, que incluye a cinco organizaciones militares: Jaish-i-Mohamed, Harkatul Jihad al Islami, Lashkar-i-Taiba, Lashkar-i-Jhangvi y Harkatul Mujahidin al-Alami. Estos grupos han sido formalmente declarados ilegales.
Es difícil saber con precisión la fuerza real de estos grupos. Pero, sea la que sea, fue suficiente para planificar dos atentados de gran complejidad logística con diez días de diferencia contra el presidente Musharraf.
En el primero de esos atentados, el 14 de diciembre en Rawalpindi, se utilizó un sistema de detonación a distancia que sorprendió a los investigadores por su sofisticación, nunca vista antes en Pakistán. En el segundo atentado, el 25 de diciembre, actuaron dos grupos de tiradores desde puntos distintos al paso de la comitiva presidencial, también en Rawalpindi.
Tampoco resulta fácil establecer la vinculación de esos grupos con Al Qaeda. Los investigadores culpan del atentado del 25 de diciembre a miembros de Jaish-i-Mohamed y de Harkatul Jihad al Islami. Pero en el atentado del 14 de diciembre se sigue la pista de un miembro de Al Qaeda llamado Haidi al Iraqi. Uno de los máximos dirigentes de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, transmitió en setiembre pasado, a través de las televisiones Al Jazira y Al Arabia, amenazas de muerte contra Musharraf por "traición al islam".
Los funcionarios paquistaníes citan frecuentemente esos atentados como una prueba de la sinceridad del presidente en su lucha contra los radicales islámicos. En el extremo absurdo de la sospecha, algunos en Pakistán llegan a dudar de que esos atentados fueran ciertos.
Casi desde el nacimiento de Pakistán, tras la partición de India en 1947 pero, sobre todo, desde el golpe de Estado protagonizado por el general Zia ul Haq en 1977, el ejército controla casi por completo la vida política de este país. Incluso durante los periodos de gobiernos civiles democráticamente elegidos, las Fuerzas Armadas actuaban como poder en la sombra con capacidad de intervenir cuando las cosas no se hicieran "bien".
Basta con viajar a Rawalpindi, antigua guarnición militar británica a un cuarto de hora en coche desde Islamabad, hoy centro de operaciones de las Fuerzas Armadas, para entender el alcance del poder del Ejército. Los mejores edificios, las mejores urbanizaciones, los mejores hospitales y escuelas de esa ciudad de un millón de habitantes están en manos de los militares, que controlan entre el 70 por ciento y el 80 por ciento del presupuesto total de la nación y que tienen intereses en las principales empresas privadas del país.
Respaldadas por ese poder económico y por una ayuda de $3.000 millones de Estados Unidos –que, desde la Guerra Fría trató a Pakistán como un aliado regional imprescindible–, las Fuerzas Armadas paquistaníes se han desarrollado como una sociedad dentro de su sociedad, como una casta que hará todo lo que sea necesario para no perder el poder. Un instrumento fundamental de ese poder es el servicio de inteligencia militar, el ISI.
En Pakistán se da por descontado que nada se mueve sin que el ISI lo sepa. El ISI trabajó codo con codo con la CIA en los años 80 en la preparación de la yihad contra los soviéticos en Afganistán, en lo que se calcula que los norteamericanos gastaron $7.000 millones. Al ISI se le atribuye un papel decisivo también en la creación de las madrasas –las escuelas religiosas musulmanas en las que se forman y de las que han surgido la mayoría de los militantes radicales–, que utilizaron como una vía excelente para introducir la causa de Cachemira dentro del ideario general de la causa del movimiento islámico.
Un antiguo jefe del ISI, el general Hamid Gul, ha reconocido que se entrevistó en varias ocasiones con Osama bin-Laden, por quien confiesa admiración y respeto. Y varios jefes militares paquistaníes han admitido sus frecuentes contactos en el pasado con los líderes talibanes y otros grupos islámicos a los que dieron entrenamiento militar, protección y dinero.
Que algunos de esos grupos hayan escapado del control del ejército paquistaní entra dentro de lo posible. De hecho, en la última década se han cometido dentro de Pakistán cientos de atentados protagonizados por terroristas islámicos.
Pero también es verosímil la versión que dan miembros de la oposición y observadores independientes de que el ejército sigue necesitando al radicalismo islámico, tanto como fuerza de reclutamiento para Cachemira como para utilizarlo como instrumento de presión en su relación con Estados Unidos. Es fácil deducir que, exterminado el peligro de expansión del radicalismo, el papel relevante que hoy tiene para el ejército paquistaní disminuiría notablemente.
Los partidos opositores coinciden en que el ejército ha contribuido a consolidar el poder político de Musharraf.
Publicado por acuerdo con El País Internacional.