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Informe de Icoder sobre la liquidación de Asociación en el 2014

Auditoría detalla supuestas anomalías de Olimpiadas Especiales

Actualizado el 15 de marzo de 2017 a las 12:00 am

Escrito señala uso incorrecto del dinero que le corresponde a la Asociación por ley

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Auditoría detalla supuestas anomalías de Olimpiadas Especiales

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Las oficinas de Olimpiadas Especiales se encuentran en el mismo edificio de la Clínica San Francisco, dirigida por la esposa del presidente de la Asociación. La clínica le vende servicios a Olimpiadas. | JORGE ARCE

Un informe elaborado por la auditoría interna del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) detalló supuestas irregularidades de la Asociación Olimpiadas Especiales de Costa Rica en el uso del dinero proveniente de fondos públicos durante el 2014.

El escrito, del que La Nación tiene copia, señala el aparente uso incorrecto de una parte de los ¢987,8 millones que le correspondió por ley a esta asociación privada, a la que se le otorga cada año el 0,20% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fodesaf.

El informe también menciona que vulneró los principios de contratación administrativa que exige la ley.

Este medio intentó conocer la versión de la ministra de Deportes, Carolina Mauri, sobre la auditoría, pero ella evitó referirse al caso, ya que el acta donde se acogió el escrito aún no está aprobada en firme.

El documento vuelve a consignar que se utilizó dinero del Estado para contratar servicios brindados por empresas de un directivo y de familiares del presidente, Carlos Valverde, sin cumplir con el procedimiento exigido por ley.

Este punto había sido expuesto en un primer informe que realizó el Departamento de Finanzas y Contabilidad del Icoder, el 14 de agosto del 2015, hecho público por La Nación el 27 de agosto.

La auditoria identifica, entre otros aspectos, lo siguiente:

“Se encontró que el gerente de la empresa FLEVENT Costa Rica Limitada, es el esposo de la hija del señor Carlos Valverde presidente de Asociación Olimpiadas Especiales. A la empresa citada se le canceló un monto aproximado de ¢28,3 millones por montajes de eventos deportivos; adicionalmente, se verificó la contratación de la Clínica San Francisco, cuya presidenta de la Junta Directiva es la señora Lorena Patricia Gómez, esposa del señor Carlos Valverde, presidente de la Asociación Olimpiadas Especiales”.

El reporte agrega que: “En relación con la contratación de servicios médicos, optometristas y odontológicos, en la clínica San Francisco, por un monto aproximado de ¢49,4 millones no se encontró evidencia de las cotizaciones de otras clínicas, que reflejen el cumplimiento de los principios de publicidad y eficiencia de los recursos, así como de la oferta más conveniente al interés público”.

Un aspecto adicional que expone esta auditoría – no reflejado en el anterior informe del Departamento de Finanzas–, es que se contrató el catering service propiedad de Silvia Chacón, sobrina de Lorena Gómez, la esposa de Valverde, pero no se encontró evidencia de que hubiese un concurso de posibles proveedores.

En este informe se detallan un total de 15 conclusiones con respecto al manejo del dinero de Olimpiadas Especiales de Costa Rica y a las debilidades en la fiscalización del Icoder.

Dinero congelado. Todavía no se le entrega a la Asociación el dinero del 2016 y el 2017, pues el Icoder espera una respuesta de la Contraloría General de la República que les permita determinar cuál es el manejo que se le debe dar a estos fondos.

Mientras tanto, el Consejo de Deportes acordó depositar ¢75 millones para cubrir las necesidades de los atletas que estarán en los Juegos de Invierno. La delegación viajó el fin de semana a Austria, donde las justas se extenderán hasta el 25 de marzo.

Pese al aporte, el Consejo de Deportes también determinó llevar al Ministerio Público lo detectado por la auditoría. Aún no están en firme los detalles de esa denuncia.

Asociación asegura que dinero fue bien utilizado

El abogado de la Asociación Olimpiadas Especiales, Boris Molina, asegura que dicha institución ha actuado a derecho e insiste en que la auditoría del Icoder no tiene validez, ya que aún no ha sido aprobada por el Consejo de Deportes.

Molina afirma que la Contraloría General de la República menciona en un oficio, con fecha del 6 de julio del 2011, que esta organización puede utilizar a discreción el dinero.

Según el abogado, desde el momento en que los fondos públicos entran a las arcas del sujeto privado, estos pierden su naturaleza de públicos para pasar a ser fondos privados, por lo que, afirma, no se hizo un mal manejo del dinero.

Mediante un correo dirigido a este medio, el jurista defiende que la Asociación siempre ha cumplido con las exigencias de la Contraloría, pues asegura que este órgano les manifestó que a los "sujetos privados no les son de aplicación los principios ni los procedimientos de la ley de contratación administrativa".

Los principios explican, entre otros aspectos, que la empresa receptora de dinero del Estado debe celebrar un concurso público equitativo para hacer contrataciones.

El abogado también añadió que la fiscalización de estos fondos la debe realizar la Contraloría y no el Icoder.

"Las entidades privadas no están regidas por las mismas normas, aunque manejen fondos públicos que luego se vuelven privados. Lo importante es que el destino para el que fueron dados sea cumplido", agregó Molina.

"Incluso, este documento (la auditoría) no contiene ni un solo hecho que cuestione el destino de los fondos manejados por Olimpiadas Especiales", recalcó el abogado.

En una reunión entre Molina y miembros del Icoder, acordaron enviar la consulta a la Contraloría para que determine quién debe fiscalizar el dinero y qué procedimiento se debe seguir con este caso.

El Consejo de Deportes también decidió remitir este caso al Ministerio Público.

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