La empresa de Minor Vargas, Provident Capital Indemnity, formaba parte de una trama para estafar a inversionistas del mercado de seguros de vida, según la explicación de la Fiscalía de Estados Unidos avalada con el fallo del jurado ayer, que lo encontró culpable.
Ni Vargas ni su empresa eran responsables directos de colocar los bonos y captar el dinero, sino que se encargaban de emitir garantías para terminar de convencer a las personas dudosas de participar en este negocio.
PCI era una compañía de seguros y reaseguros, que tenía su domicilio en Dominica (un pequeño estado del Caribe) pero operaba desde oficinas en San Rafael de Heredia, en Costa Rica .
La estafa se produjo en EE. UU. PCI nunca operó en nuestro país , donde no tenía licencia para hacerlo (mucho menos antes, con el monopolio del INS en seguros).
La Fiscalía estadounidense les imputó a Vargas y a Jorge Luis Castillo, exauditor de PCI, la responsabilidad de exponer a potenciales inversionistas estados financieros alterados, que presentaban una imagen falsa sobre la salud financiera y los activos de la compañía.
“Pese a saber que los reportes anuales de Castillo y los estados financieros eran fraudulentos, PCI, Vargas, Castillo y otros conspiradores distribuyeron esos documentos fraudulentos a los clientes potenciales”, asegura el documento de la acusación.
Las empresas que compraban las pólizas luego vendían participaciones (al estilo de fondos de inversión) para que terceros se dejaran ese dinero cuando el dueño original del seguro de vida moría. Eran inversiones que ofrecían altos intereses, superiores por ejemplo a los de un certificado bancario.
PCI ofrecía un seguro adicional, para garantizar el retorno de la inversión en caso de que algo saliera mal.
Sin embargo, según la Fiscalía, Vargas solo hizo pagos parciales o no los hizo del todo, alegando que faltaba cumplir algún trámite.
Este fue uno de los puntos medulares del juicio en Virginia que concluyó ayer: de acuerdo con la fiscala que lo interrogó la semana pasada, el empresario nunca tuvo la intención de cumplir con sus obligaciones financieras, pues su interés era utilizar el dinero en otras compañías, especialmente relacionadas con el futbol.
Vargas se defendió diciendo que necesitaba más tiempo para hacerle frente a las deudas, y que, precisamente, cuando lo detuvieron en enero del 2011 iba rumbo a Inglaterra a conseguir el dinero.
Estas palabras, sin embargo, no calaron en el jurado, que finalmente dio por válidas las explicaciones de la Fiscalía.