La Asamblea de la Unafut autorizó programar el juego de este fin de semana entre Barrio México y Santos a pesar de una orden del Juzgado de Trabajo de Heredia para no programarle al Barrio.
Siete representantes de los 12 clubes de Primera División votaron ayer para que los canelas pudieran calendarizar, en firme, el encuentro de vuelta de cuartos de final, y no de manera condicionada, como sucedió anteriormente.
El acuerdo se tomó durante una Asamblea extraordinaria acontecida en las instalaciones del órgano rector del torneo tico.
Los dirigentes que se pronunciaron a favor son Minor Vargas (Brujas), Dixie Segura (Barrio México), José Luis Rodríguez (Cartaginés), Jorge Mora (Herediano), Olman Vega (Santos), Alejandra Ordóñez (Puntarenas) y Ronald Solís (San Carlos).
Con ello están pasándole por encima a lo que dictó la jueza Ingrid Gregory el 27 de octubre y recordó el 2 de noviembre, ante una consulta de la propia Unafut.
“(...) Se le debe indicar (a Unafut) que las órdenes emanadas por una autoridad judicial, son de acatamiento obligatorio y solo una contraorden de la misma autoridad dejará sin efecto esa orden”, señala el recordatorio, del cual La Nación tiene copia.
Se abstuvo de votar Gilbert Fernández, de Pérez Zeledón.
En contra estuvieron Jorge Hidalgo (Alajuelense), Víctor Badilla (Saprissa), Noel Ferguson (Limón) y Guillermo Bermúdez (Universidad de Costa Rica).
No presentó nada, por lo que los compromisos se les registraron con una derrota de 0-3.
El primero fue ante Pérez Zeledón el 11 de noviembre (último juego de fase regular) y el segundo fue contra Santos, el 13 (partido de ida de cuartos de final).
Toda la polémica surge tras una deuda económica, la cual asciende a los $200.000 que Vargas asumió mediante un acuerdo autenticado.
Rodríguez, jerarca brumoso quien fue nombrado por la propia Asamblea como vocero, justificó la decisión: “La resolución de la jueza dice que esta ejecución de acuerdo que ha hecho el Barrio México con los jugadores debió de haberse ejecutado en la sede de la Unafut”.
Agregó que tras consultar en Unafut si se cumplió con eso, “se denota que no es así, de tal forma que consideramos que el Juzgado de Trabajo no maneja todos los elementos de juicio para tomar la resolución que ha adoptado”.
Además, señala que también se está afectando a terceras partes.
Se intentó conocer la opinión del Juzgado de Trabajo, no obstante, Gregory no respondió las llamadas a su celular y la Oficina de Prensa de la Corte Suprema comunicó que aún no se referirá al tema.
A su vez, el secretario del Consejo Director, Allan Artavia, dijo que el organismo quedará limpio de cualquier responsabilidad legal.
Por su parte, Díaz manifestó que “lastimosamente todo esto le traerá consecuencias al futbol nacional. Me parece una barbaridad y una falta de responsabilidad no acatar la orden de un juez (...). Nosotros (él y Salazar) tenemos todos los documentos en regla, hemos sido transparentes”.
El futbolista agregó que sus abogados elevarán el caso a la FIFA.