El Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Federación de Fútbol (Fedefútbol) encontraron puntos de acuerdo con respecto a las 3,5 hectáreas que ambos entes disputan desde hace 10 años.
Ayer, en una reunión que se realizó en la Asamblea Legislativa, el CNP se mostró dispuesto a vender el terreno contiguo al Proyecto Gol, que está en San Rafael de Alajuela.
Por su parte, el miércoles anterior, Eduardo Li, presidente de la Fedefútbol, comunicó que está interesado en comprar el campo, el cual equivale a 35.000 m².
La transacción busca arreglar un incumplimiento sobre un acuerdo que hubo entre las instituciones tiempo atrás.
“Todas salimos satisfechos de la reunión, pues se mostró que hay buenas intenciones para arreglar el problema, se puede avanzar”, destacó William Barrantes, presidente ejecutivo del CNP.
A pesar de que ambas partes están de acuerdo, aún no se estableceuna cifra monetaria para valorar el terreno en Alajuela. “Como es una venta de un bien público, estamos esperando que la Contraloría haga una proyección para tener un aproximado del valor de venta del terreno”, destacó Barrantes.
Disputa de 10 años. En el 2003, El Consejo Nacional de Producción le donó a la Federación de Fútbol 10, 5 hectáreas para construir el complejo del Proyecto Gol.
Lo anterior, bajo la condición de que en las 3,5 hectáreas “sobrantes” se construyeran una plaza de fútbol, 16 ranchos y una cancha multiuso para el personal del CNP.
Sin embargo, pasaron diez años y la Fedefut no ha cumplido su parte del trato, por lo tanto, el Consejo podría acudir a la Contraloría General de la República y al Tribunal Contencioso Administrativo para buscar una solución al diferendo.
La ley de Segregación y donación de un inmueble del Consejo Nacional de la Producción a la Federación Costarricense de Fútbol, dispone que si las obras pactadas no están concluidas este año, las 10,5 hectáreas vuelven a manos del CNP, lo que puso a todos a correr.
Los diputados de Liberación Nacional Víctor Hugo Víquez y Sianny Villalobos, están anuentes a dar una prórroga de cinco años para que que se cumplan las condiciones del contrato original.