Al Barrio se le agotaron las vías para que haya partido

La deuda que tiene el empresario Minor Vargas con los futbolistas Minor Díaz y Pablo Salazar por una suma acumulada de $200.000 llevó a que el Juzgado de Trabajo de Heredia ordenara el pasado 27 de octubre no programarle partidos al conjunto de los canelas.

Unafut aceptó el mandato y aunque programó para hoy a las 11 a. m., la ejecución del duelo depende de que exista una nueva resolución del propio Juzgado o de la autoridad que le sigue hacia arriba (el Tribunal Superior de Heredia), o bien de que el débito se pague.

En ambos casos se le debe presentar antes de las 10 a. m. una notificación firmada por los implicados al comisario de Unafut, Christian Quirós. encargado del encuentro.

No obstante, según los acontecimientos y lo investigado por La Nación a lo largo del día de ayer, ninguna de las dos sucedería.

Apelación. El abogado de Barrio México, Bernal Castillo, dijo que en este momento existe una apelación por inadmisión ante el Tribunal Superior de Heredia.

El Barrio había presentado una primera apelación, que le fue rechazada, por lo que hizo esta segunda gestión.

La situación fue confirmada por la periodista Marcela Fernández, de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo ese panorama, el jurista dijo que con solo haber interpuesto un reclamo ante el Tribunal la orden queda suspendida, por lo que sí podrían saltar a la cancha. Además, aseguró tener una certificación del Tribunal que los faculta.

Mas, la Oficina de Prensa negó la suspensión y aseguró que la orden del Juzgado aún está en firme.

A Castillo se le solicitó en varias ocasiones (3:10 p. m., 6 p. m. y 7:05 p. m.) que enviara tal documento, empero, a las 10:50 p. m. (cierre de edición) no lo había hecho.

El Tribunal resolverá la apelación el próximo lunes.

Ante cualquier duda, el presidente de Unafut, Juan Carlos Muñoz, fue enfático: “Si no llega una orden especifica de la jueza o un acuerdo extrajudicial como nosotros pedimos, no habrá partido (...) No vamos a desobedecer una orden de un juez, porque al que le toca ir a la cárcel es a mí y el Consejo Director no lo va a permitir”.

El artículo 307 del Código Penal señala que quien incurra en el delito de desobedencia a una orden de un funcionario público en ejercicio de su cargo deberá penar de 15 días a un año de cárcel.

A su vez, Castillo apuntó que están sometiendo un recurso de amparo contra Unafut, puesto que las medidas exigidas “van en contra de los debidos procesos, nos deja en estado de indefensión”.

Esto es porque dado que el Tribunal resuelve la apelación hasta el lunes, para hoy es imposible tener una nueva resolución.

Negociación. Por otro lado, en horas de la noche aconteció un intento de negociación de emergencia entre las partes, no obstante, no se llegó a ningún lado.

El representante de Díaz y Salazar, Alexis Víquez, confirmó que recibió una llamada después de las 5 p. m. del propio Castillo, aduciendo apertura para negociar.

Víquez, quien estaba con Díaz, puso al futbolista al teléfono y este le explicó las condiciones que querían para llegar a un acuerdo.

Estas fueron $35.000 a cada jugador por concepto de cinco salarios atrasados de cuando jugaban con Liberia Mía, franquicia adoptada por Vargas y a la cual se le cambió el nombre a Barrio México.

También manifestó querer una garantía real para el resto de la suma (se pone a responder un bien inmueble o mueble, mediante hipoteca o prenda, respectivamente).

De acuerdo con el representante, Castillo dijo que aceptaban los términos y que llegara de inmediato a la oficina del empresario.

Víquez contó que esperó unos diez minutos y Vargas solo le dijo “están locos” (los futbolistas al someter dichas peticiones).

Vargas, dueño de Grupo Ícono, accionista del Barrio, aceptó que no se logró negociar, pero que ahora del caso se encargarán sus abogados. No habló más del tema.

Aún así, el empresario agregó que seguirán buscando opciones para que sí haya compromiso contra los generaleños. A las 10:50 p. m., no había novedad.