Estafas con CAT y cobros judiciales agitaron vida de dirigente deportivo

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La vida del dirigente deportivo Adrián Castro Velásquez estuvo inmersa en numerosas controversias judiciales.

En febrero del 2000 Castro Velásquez fue detenido como parte de una investigación por estafa, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en relación con operaciones con certificados de abono tributario (CAT).

Los CAT permitían a los exportadores obtener un reembolso proveniente de fondos del Estado de hasta el 15% por el total de sus exportaciones.

En ese caso, Adrián Castro Velásquez fue imputado por el delito de estafa.

La imputación se relacionaba con 18 exportaciones de camarón congelado que fueron simuladas utilizando la firma Transacciones Oceánicas JS S. A.

Por esas falsas exportaciones, que supuestamente realizó entre 1996 y 1998 a España e Italia, la compañía relacionada con Castro Velásquez recibió una compensación de ¢1.095 millones.

En junio del 2002, Castro Velásquez y otro imputado del caso, de apellido Acuña, ofrecieron retribuir al Estado con ¢200 millones para evitar que su caso se elevara a juicio.

Cobros y embargos. Las polémicas judiciales de Adrián Castro Velásquez incluyeron también procesos civiles por cobros y embargos vinculados con las actividades de las empresas que el dirigente deportivo representaba.

Los cobros incluyeron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que, en octubre del año pasado, ordenó el cierre del estadio Lito Pérez, de Puntarenas, a causa de las cuotas obrero patronales que el club adeudaba a esa entidad estatal.

El presidente del Deportivo PFC, de Puntarenas, también enfrentó procesos de embargo a vehículos de su propiedad, como el decretado en agosto del 2007 para un Toyota Hilux inscrito a su nombre.

Además, entre otros procesos judiciales, en 1998 la empresa Exportadora de Puraba S. A., representada por Castro Velásquez, fue demandada civilmente ante el Tribunal de Mayor Cuantía de San José por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S. A., y en el 2000 otra firma representada por Castro Velásquez enfrentó una ejecución prendaria iniciada por el Scotiabank de Costa Rica.

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Noticia La Nación: Estafas con CAT y cobros judiciales agitaron vida de dirigente deportivo