EscucharMadrid (AFP). El médico español Eufemiano Fuentes, principal acusado en el juicio de la Operación Puerto, defendió en una entrevista publicada este jueves por el diario deportivo Marca que él practicaba “dopaje terapéutico” para “proteger la salud de sus clientes”.
En su primera entrevista después de terminar el martes las audiencias de un proceso aún pendiente de sentencia, Fuentes aseguró que realizaba “dopaje terapéutico”, lo que define como “el uso de sustancias dopantes con finalidad terapéutica, para evitar males mayores”.
“Yo buscaba siempre proteger la salud de mis deportistas. Buscaba protegerles del daño, inmenso daño, que les hacía el entrenamiento a los niveles que lo hacían y del calendario competitivo tan exigente que tenían”, agregó Fuentes, detenido en 2006 en una operación de la Guardia Civil que encontró 200 bolsas de sangre y plasma en varios apartamentos de Madrid.
El médico canario junto a su hermana Yolanda, también doctora, el preparador físico Ignacio Labarta y los directores de equipos ciclistas Manolo Saiz y Vicente Belda fueron juzgados durante las últimas ocho semanas por delitos contra la salud pública.
El proceso, cuyo veredicto debe conocerse en unas semanas, aportó pocas novedades sobre la extensa lista de clientes de Fuentes, que según afirmó el doctor solo revelará si se lo pide un juez.
“Me debo a mi secreto profesional y solo revelaré lo que me permitan mi ética y mi conciencia deontológica”, dijo el médico en la entrevista.
Sin embargo, contribuyó a la controversia asegurando que de conocerse el nombre de sus clientes, habría “más de una sorpresa” y “gorda”.
Eran “en su momento deportistas importantes y a lo mejor ahora personas importantes en otras esferas, como asociadas a la política”, afirmó.
De momento, la juez que lleva el caso ha descartado pedirle esta información al acusado pese a que lo solicitaron diferentes autoridades deportivas.
Tras haber trabajado para los equipos ciclistas Kelme y Liberty Seguros, Fuentes, junto al resto de acusados, puede recibir una condena de hasta dos años de prisión por delitos contra la salud pública, la única acusación posible contra la red Puerto ya que en el momento de los hechos la ley española no incluía el dopaje como delito.
