El gasto en pluses presupuestado para este año es de un 17% del presupuesto de los ministerios y un 10% del plan de gastos global.
¿Es este un porcentaje saludable? ¿Es alarmante? ¿Cómo lo calificaría?
Vería la tendencia y no tanto el estatus; lo importante es ver el comportamiento. La masa salarial depende de con qué se compare. Si se compara con inflación, los salarios crecen más que inflación, y si lo comparamos con PIB (producto interno bruto), andan parecidos.
”Lo segundo es que, efectivamente, los pluses salariales han venido creciendo a un ritmo más acelerado que los salarios base, particularmente, porque algunos de ellos, como las anualidades, se calculan sobre salario base y por cantidad de años.
Esto hace que si el salario base crece a determinado ritmo, las anualidades crezcan a ese ritmo, y lo que más contribuye a ese crecimiento es la edad.
La edad promedio del empleado público, si no me equivoco, es de 42 años.
El 25% de los funcionarios de Mideplan podrían pensionarse entre este y el próximo año y por ahí andan los funcionarios del Ministerio de Agricultura, donde la edad promedio son 55 años y en el Minae más del 10% de los funcionarios podrían pensionarse en cualquier momento.
Si se dan esos retiros de personal, ¿se experimentaría una rebaja en ese rubro?
Exactamente. Y la mayoría de esas pensiones irían a la Caja. Lo esperable es que la renovación de planilla esté por debajo de 30 años. Eso debería masificarse en unos 10 años. No hablemos de ley ni nada, se espera que por un proceso natural se dé un ahorro.
La mayoría de estos beneficios están por ley, y ahí el margen de acción del Gobierno es muy poco. ¿Cuál es el análisis que hacen desde Hacienda, las posibles soluciones y su impacto en el déficit fiscal?
En el caso de la anualidad, por ejemplo, habría que cambiar la ley para que tenga alguna repercusión. El Gobierno presentó un proyecto de ley para que se pague la anualidad únicamente a quienes califiquen como excelentes.
¿Se establece un cambio en la forma de evaluación?
El objetivo del proyecto es que la vinculación entre el incentivo sea una medición de resultados.
¿Por qué apostar a cambiar este incentivo siendo que la implementación puede ser un poco turbia o subjetiva?
Sí. Los incentivos son los que orientan la forma en que usted se conduce. Si usted le tiene salarios fijos a la gente, esta pierde el interés. Y el salario del sector público no es elevado; además, el 80% corresponde a educadores.
Lo cierto es que tiene componentes que tienden a desestabilizarse en el tiempo.
Tampoco es cierto que el sector público no genera nada. El sector público sí hace cosas. El problema es que hoy día las evaluaciones de desempeño son tan burdas que el empleado no ve necesidad de cambiar, si de todas formas le van a dar el incentivo.
¿Hay alguna proyección de ahorro si este proyecto pasa?
Sí, y es poquito. Grosso modo , entre el 2015 y el 2016, el monto pasó de ¢255.000 millones a ¢275.000 millones, es decir, ¢20.000 millones más. Si la ley establece que el 70% puede recibirlo, se ahorrarían ¢6.000 millones en el primer año. Eso es un 0,02% del PIB. Para el segundo año y a largo plazo tendría un ahorro mayor.
¿Y otras iniciativas, como el salario único?
Salario único con Gobierno no va. Eso el Gobierno no lo ha apoyado y no tiene en la mira aplicarlo. Yo defendería que hay incentivos que, si se rediseñan, lo que permiten es que la persona modifique su trabajo.