Ocho de doce diputados claves en el debate de la reforma fiscal en el Congreso tributan menos de lo que deberían por sus propiedades, debido a que no declaran esos terrenos ante los municipios.
De los ocho jefes de fracción en la Asamblea Legislativa, los del PUSC, PLN, Libertario y Renovación Costarricense poseen propiedades cuyo valor está desactualizado ante los municipios.
En la misma condición se encuentran cuatro legisladores de los ocho que integran la comisión especial del Congreso que estudió y dictaminó el plan fiscal.
Una investigación de La Nación analizó las propiedades a nombre de los congresistas de la comisión y jefes de bancada, sus cónyuges y sus empresas.
En todos los casos se comparó el valor con que están declarados los terrenos en las municipalidades con el valor que el Ministerio de Hacienda definió para un lote típico en cada zona.
Se consideraron subvaloradas las propiedades cuyo valor por metro cuadrado declarado es inferior al de Hacienda.
No se contempló el valor de la construcción, que también debe calcularse para declarar. En total, se estudiaron 56 propiedades vinculadas a los 12 congresistas y seis de Ottón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) y uno de los promotores del plan fiscal.
Las fincas de los diputados están declaradas ante los municipios por un valor total de ¢1.648 millones, pero deberían estar valoradas en, al menos, ¢2.424 millones.
Es decir, que el conjunto de propiedades está subvalorado en, al menos, ¢776 millones y que, por esa razón, se deja de tributar anualmente cerca de ¢2 millones.
Según la ley de bienes inmuebles, los dueños están obligados a declarar, cada cinco años, el valor actualizado de sus terrenos ante la municipalidad. De ese valor se debe pagar, según la misma ley, un 0,25% anual de impuesto territorial.
Sin embargo, la ley no prevé sanciones para quienes incumplan y faculta a las municipalidades para valorarlas por su cuenta.
Ayer, este diario reveló que 11 ministros del actual Gobierno, incluido el jerarca de Hacienda, Fernando Herrero, poseen propiedades subvaloradas por un total de ¢11.000 millones. Siete de ellos corrieron a aumentar los valores luego de las consultas de este diario.
Mayores omisiones. Los diputados con mayor cantidad de propiedades con valores desactualizados son los jefes de fracción del Partido Unidad Socialcristiana, Luis Fishman, y de Renovación Costarricense, Justo Orozco.
Fishman, su cónyuge y sus empresas registran al menos 16 terrenos, de los cuales 10 están declarados a valores bajos, dos no están declarados y cuatro tributan con base en montos actualizados.
El socialcristriano alegó que el sistema, a como está, no funciona y que deberían ser las municipalidades las que gestionen los cobros.
Orozco y su esposa tienen 11 propiedades, de las cuales siete están subvaloradas, tres sin declarar y una actualizada. El diputado dice que creyó que todo estaba en orden y que no tuvo mala intención.
El jefe de la bancada del PLN, Luis Gerardo Villanueva, posee un derecho en una finca familiar que tiene vencida su declaración. "Esa es la finca de mi mamá. Donde vivo ahora, prefiero no decir a nombre de qué sociedad está inscrita, es mi privacidad", dijo Villanueva.
Una sociedad de la esposa de Danilo Cubero, jefe de fracción del Libertario, es dueña de una finca declarada en ¢8.000 el metro cuadrado, mientras que el valor del terreno, según Hacienda, es ¢60.000 el m². Cubero alegó que no conoce sobre el manejo de esa propiedad.
Además de los cuatro jefes de fracción, cuatro legisladores de la comisión que estudió el plan fiscal también tienen propiedades subvaloradas o no declaradas.
Se trata de Antonio Calderón, del PLN; Martín Monestel, del PASE: Manuel Hernández, del Libertario; y María Eugenia Venegas del PAC. Todos alegaron omisiones involuntarias y de los municipios.
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