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Siete ministros de Estado, incluido el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, corrieron a aumentar el valor tributario de sus propiedades y las de sus cónyuges, luego de que una investigación de este diario detectó que estaban subvaloradas y pagaban menos impuestos de lo debido.
Un análisis de datos realizado por La Nación reveló que, al 1.° de marzo anterior, 11 ministros, sus cónyuges o sus empresas tenían al menos una propiedad sin declarar ante la Municipalidad o la tenían estimada en un valor inferior al precio mínimo del terreno calculado por el Ministerio de Hacienda para esa zona.
La Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles exige a todos los propietarios de terrenos declarar el valor de sus inmuebles cada cinco años.
Esa declaración debe comprender el valor del terreno y de la construcción. El valor del terreno se calcula según una tabla de Valores por Zonas Homogéneas, que el Ministerio de Hacienda entregó a las municipalidades del país.
La investigación de este diario comparó esos valores por metro cuadrado elaborados por Hacienda, con los que las propiedades de los ministros y sus cónyuges registraban en cada municipio.
Se consideraron subvaloradas únicamente las propiedades cuyo valor de terreno por metro cuadrado era inferior al del Ministerio de Hacienda.
Del valor que declaran a las municipalidades, los propietarios deben pagar un 0,25 por ciento anual en concepto de impuestos inmobiliarios.
Las 58 propiedades estudiadas tienen, en conjunto, un valor declarado ante las municipalidades de ¢2.291 millones.
Si se toman los valores homogéneos por metro cuadrado que establece Hacienda para cada zona, esas propiedades deberían estar declaradas, en conjunto, en ¢13.504 millones.
El grupo, en total, subdeclara sus propiedades en un monto de ¢11.213 millones.
Por esta subdeclaración, las propiedades de los ministros, sus cónyuges y sus empresas dejan de pagar impuestos por un total de ¢28 millones cada año.
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La propiedad que la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, tiene en el condominio Villa Vento estaba valorada ante la Municipalidad en ¢12,8 millones. Tras la consulta de este diario se actualizó a ¢192 millones.
Aumentaron valores. Desde principios de este mes, este diario envió cartas y correos electrónicos a los 22 ministros, los dos vicepresidentes y la presidenta Laura Chinchilla. Se les detallaron los hallazgos obtenidos sobre esas propiedades y se les solicitó su versión.
Tras recibir las consultas, aumentaron el valor declarado de sus propiedades los jerarcas de Hacienda, Fernando Herrero; Agricultura, Gloria Abraham; Cultura, Manuel Obregón; Trabajo, Sandra Piszk; Relaciones Exteriores, Enrique Castillo; y el jerarca de Descentralización, Juan Marín; así como Luis Pal Hegedus, cónyuge de la ministra de Economía, Mayi Antillón.
En total, esos seis ministros y el cónyuge de Antillón incrementaron en ¢622 millones el valor declarado de 10 propiedades.
Mientras, los ministros de Educación, Leonardo Garnier; Salud, Daisy Corrales; y Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, así como el vicepresidente Alfio Piva aún mantienen los valores de sus declaraciones territoriales sin actualizar.
La ministra Antillón y el vicepresidente Piva no ofrecieron explicaciones sobre el valor desactualizado de sus propiedades.
Por otra parte, las propiedades vinculadas a la presidenta Laura Chinchilla, el vicepresidente Luis Liberman y los ministros de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; Vivienda, Irene Campos; Transportes, Francisco Jiménez; Comunicación, Francisco Chacón; Turismo, Alan Flores; Ambiente, René Castro; Comercio Exterior, Anabel González y Planificación, Roberto Gallardo, reflejaron valores dentro del rango estimado por el Ministerio de Hacienda.
Dos ministros, el de Seguridad Pública, Mario Zamora; y el de Justicia, Hernando París, no registran propiedades, mientras que el ministro de Bienestar Social, Fernando Marín, ya había iniciado, desde enero anterior, un trámite voluntario para actualizar el valor de su casa de habitación en San José.
Omisiones y olvidos. Durante más de una década, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero y su esposa, la asesora presidencial Flor Isabel Rodríguez, no declararon, como lo exige el artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, el valor de dos de sus casas en Escazú y Pavas.
Herrero se justificó de la siguiente forma: "Todos cometemos errores; puede ser que este sea un error y que tenga que corregirlo. Pensé que uno simplemente podía esperarse a que la Municipalidad le dijera y aceptarlo. Eso es lo que he hecho siempre. Ahora, viendo la cosa con más cuidado, efectivamente, la ley dice que es una obligación de uno hacer la declaración".
El ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, quien por medio de sociedades es dueño, junto con su esposa, de 14 propiedades subvaloradas en Cartago, indicó que aún está evaluando la actualización del valor de esos terrenos.
"Esas municipalidades tienen un sistema arcaico y los valores que piden por metro cuadrado son demasiado altos para un establecimiento agropecuario", aseveró.
La ministra de Trabajo, Sandra Piszk , dueña de un inmueble que estaba valorado ante el municipio en ¢12,8 millones y que luego de la consulta se incrementó a ¢192 millones, alegó que se trató de un olvido y aclaró que, por esa propiedad, paga el impuesto de casas de lujo.
En el caso de la ministra de Economía, Mayi Antillón, su casa de habitación estaba declarada ante la Municipalidad en ¢35 millones y, tras la consulta, ese valor se incrementó a ¢99 millones.
Así lo indicó, vía correo electrónico, Luis Pal Hegedus, esposo de Antillón y propietario de la vivienda, quien además solicitó que se excluyera el valor declarado por esa propiedad de este reportaje.
Por su parte, el canciller, Enrique Castillo, quien tenía subvalorada su casa de habitación y un terreno en Tilarán, indicó que el atraso se debe a que vivió fuera del país y que al regresar a Costa Rica, no pudo hacer esos trámites por su carga de trabajo como ministro.
El resto de los jerarcas que tenían terrenos subvalorados alegaron olvidos o indicaron que desconocían su obligación de declarar cada cinco años y señalaron que creían que la Municipalidad actualizaba los valores por su cuenta.
Confrontado con las respuestas de los ministros, el director general de Tributación, Francisco Villalobos Brenes, señaló que nadie puede alegar que desconocía la ley.
"Las leyes existen, se conocen y las personas tienen que cumplirlas. Este país tiene que normalizar su relación con los impuestos, son parte de la vida del Estado, no se puede tener riqueza individual si no se contempla dentro de una riqueza colectiva", señaló el director de Tributación.
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