Cada vez que un director de escuela o colegio envía al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe con datos alterados de matrícula, obliga al Estado a presupuestar ¢1,2 millones anuales por cada estudiante inventado.
Ese “error” le cuesta al país más de ¢49.000 millones al año porque en las aulas hay casi 41.000 alumnos fantasmas.
Tal cantidad de estudiantes ficticios es suficiente para crear 1.360 secciones de 30 alumnos y llenar la mitad de los colegios de todo San José (77).
El monto girado por estudiantes inexistentes equivale al costo de construir 2.483 aulas. También podría pagar el salario de 5.000 profesores de inglés todo un año.
La cifra de alumnos fantasmas es resultado de una comparación hecha por La Nación de la base de datos de matrículas del MEP de medio periodo 2011 (incluye deserción tras vacaciones) y de un cruce de variables del Censo, efectuado a mediados del mismo año.
El análisis mostró que mientras los censistas contaron a 694.728 estudiantes, el MEP tenía inscritos a 735.546 en escuelas y colegios públicos diurnos y nocturnos del país. La inversión promedio por cada alumno, el valor de un aula y las clases de inglés, se calcularon con base en números usados por el MEP.
Mala distribución. Del gasto de ¢49.000 millones que representan los alumnos fantasmas, el 75% se destina a pagar al personal involucrado en la educación.
Ese rubro incluye docentes y lecciones que acaparan los centros que inflan las matrículas.
Según el análisis, la cantidad de “fantasmas” en primaria es de 22.593. Al dividirlos en secciones de 30 niños, ellos requieren 753 maestros, que en un año devengarán un total de ¢7.591 millones en salarios.
En los colegios, los 18.225 alumnos ficticios son suficientes para conformar 608 secciones que anualmente demandarán un millón de lecciones extra, con un costo de ¢22.000 millones.
La plata también se gasta en salarios extra para los directores, que, al cambiar las cifras, mejoran la categoría del centro que dirigen.
Un director de escuela unidocente que altere a más de 31 el registro de alumnos inscritos para subir a categoría 1, cobrará en un año ¢13 millones en salarios; casi ¢1,4 millones más de lo debido.
“Ese dinero no lo vamos a ahorrar; lo queremos distribuir en centros donde sí hay estudiantes reales. Por eso es importante conocer el tamaño del problema”, asegura Ricardo Vindas, director de Planificación del MEP.
Alimentos. Las matrículas infladas también reducen el acceso a alimentación de alumnos reales.
Si todos los “fantasmas” están incluidos en los programas de comedores, unos ¢1.721 millones para comida se estarían asignando mal.
“Eso no permite ser equitativo con otros que sí necesitan esa comida. Este año tengo una demanda adicional de ¢500 millones y solo tengo ¢90 millones para cubrirla”, reveló Sonia Calderón, directora de Programas de Equidad del MEP.
Sin embargo, quienes alteran matrículas no son denunciados penalmente. Leonardo Garnier, ministro del ramo, considera muy difícil probar ante un tribunal que un director lo hace con intención. “No vale la pena perder tiempo y recursos del Estado. Al final se va a desestimar el caso”, aseveró.