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53 transportistas adeudan ¢127 millones a CCSS

MOPT carece de armas para sancionar a buseros morosos con la Caja de Seguro Social

Actualizado el 21 de febrero de 2015 a las 12:00 am

Legislación no permite suspender ni quitar concesión a empresas deudoras

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MOPT carece de armas para sancionar a buseros morosos con la Caja de Seguro Social

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) carece de facultades legales para sancionar a los autobuseros con deudas obrero-patronales.

Al 19 de febrero, 53 transportistas (el 11% de las 480 compañías que operan en Costa Rica) debían ¢127,2 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De ellos, cinco concentran el 69% (¢87,7 millones) del total de la obligación.

De acuerdo con los datos revelados por la Dirección de Cobros de la Caja, a 17 firmas se les han aplicado medidas administrativas y legales para recuperar los montos pendientes.

Se han emitido 11 órdenes de cierre de negocios, 41 cobros judiciales y 21 denuncias penales. Autovisa, empresa que presta servicio entre Heredia y Santa Bárbara, es la que tiene más acciones de cobro: nueve. Empero, la mayoría de morosos (36) aún no afronta ningún proceso.

La Caja no precisó la antigüedad de las deudas ni la fecha de inicio de los trámites de cobro.

El viceministro de Transportes, Sebastián Urbina , explicó que la legislación no permite sancionar a las autobuseras que incumplan con la Caja.

Para estos casos, el único castigo se limita a frenar ciertos trámites, como la solicitud de aumento de flotilla.

Urbina agregó que se debe asegurar la continuidad del servicio público y, por ello, la operación de la empresa no se puede suspender sin tener una alternativa de servicio.

“A mí me encantaría poner multas por maltrato a los adultos mayores, incumplimiento de horarios y demás, pero solo se puede hacer por ley y en la actual no está estipulado”, añadió el jerarca.

Tampoco la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) autoriza a los deudores ajustes de tarifas si, al momento de aprobarlas, están morosos.

Las acciones de la Caja también son limitadas. Luis Diego Calderón, director de Cobros, dijo que la sanción más severa es cerrar las oficinas hasta por 10 días.

Siete empresarios consultados por La Nación dieron diversas justificaciones sobre las causas de su morosidad.

El reporte de la Caja se difunde al tiempo que el Congreso investiga una supuesta alteración en el cálculo de las tarifas de buses.

Perfil. De la lista de deudores, 46 compañías están activas y siete aparecen como inactivas , según un análisis de La Nación .

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La empresa Autovisa encabeza el grupo de deudores (¢37,7 millones). De segunda está Autotransportes Gijosa (¢27,8 millones) y Alfaro (¢11 millones). Le siguen los empresarios Rigoberto Castillo Rodríguez (¢5,8 millones) y Luis Ángel Marín Quirós (¢5 millones).

Por provincia, en Heredia se ubican los morosos con deudas más grandes: ¢65,5 millones. Siguen Guanacaste (¢23 millones) y Alajuela (¢18,3 millones).

Karen Brenes, asesora legal de Autovisa, dijo que harán un arreglo de pago el lunes. Otro que prometió pagar la próxima semana es Germán Alfaro, de la empresa Alfaro, quien aclaró que el pendiente corresponde solo al pago vencido el 16 de febrero.

Por su parte, Juan Carlos Víquez, de la empresa Gijosa, dijo que “están trabajando en un arreglo de pago”. Finalmente, Bernal Rodríguez, gerente de Transportes Chemo, alegó que la deuda de ¢5 millones se dio porque un funcionario de la Caja de Seguro Social no registró los pagos.

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