Desde su apertura, en 1999, la Oficina de Iniciativa Popular del Congreso ha recibido más de 1.700 propuestas de ciudadanos y organizaciones.
Cada mes, esas ideas son remitidas a los legisladores para que las conozcan y valoren su estudio.
Hasta la fecha, 17 de esas sugerencias han sido impulsadas por los diputados y convertidas en leyes de la República.
La primera de esas legislaciones (8037) se publicó en el diario oficial La Gaceta en 2000. Fue una propuesta de Patricia Miranda, una líder comunal que pedía autorizar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a segregar y donar un terreno a los vecinos de Jardines Universitarios 2, en San Rafael de Heredia.
Posteriormente, en 2002, se promulgó la Ley 8313, que permitió a la Municipalidad de Alajuela aplicar una amnistía tributaria para exonerar de pago de intereses y multas a los morosos. Un año después se aprobó otra solicitud de amnistía tributaria para el ayuntamiento de Alajuelita (Ley 8381).
En 2004, por sugerencia de Aylen Alvarez Abarca y otros, se adicionó un inciso al artículo 38 sobre sanciones de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos para multar a quien incumpla las “normas y los principios de calidad en la prestación de servicios públicos” (Ley 8415).
Dos años más tarde, la Municipalidad de Tibás promovió la Ley de Patentes (8523).
También, Emiliano Castro y Geovanni Peraza solicitaron permiso para que la Municipalidad de Valverde Vega segregara y donara dos lotes en Sarchí Norte (Ley 8574 y 8579 de 2007).
Ese mismo año, los diputados también aprobaron otra donación de terreno en Aserrí, solicitud presentada por Martín Valverde (Ley 8576) para que se autorizara a la municipalidad del cantón a darlo al Ministerio de Salud para construir un Cen-Cinai.
Una propuesta de la Defensoría de los Habitantes para que los niños y adolescentes sean disciplinados sin castigos físicos o humillantes fue la ley número nueve en salir de la Oficina de Iniciativa Popular, bajo Ley 8654.
También, en favor de niños y jóvenes, Emiliano Castro de la municipalidad de Valverde Vega sugirió protegerlos contra la ludopatía (juegos electrónicos y de azar), de. Ley 8767, 2009.
En 2010, la idea de Alberto Cabezas y la Fundación Déjame Vivir en Paz, permitió que se legislara para que los medicamentos que se entregan a los no videntes en las farmacias estén etiquetados en braille. (Ley 8860). Ese mismo año, se avaló la creación del Colegio de Orientadores, presentada por Patricia Ruh (Ley 8863).
Las leyes por sugerencia popular incluyen, además, dos donaciones de terrenos en Alajuela (para la CCSS y el Ministerio de Salud, leyes 8896 de 2010 y 8999, 2011).
Una más de Sandra Subirós para reformar el artículo 1 de la de Subvención a las Juntas de Educación, (Ley 8972), otra reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal, presentada por la profesora Rosaura Chinchilla (Ley 9082, 2012) y finalmente, la creación del Día del Estudiante, iniciativa de Victor Hugo Carmona aprobada por el Parlamento en 2012 (Ley 9090).