Por: David Delgado C. 8 junio, 2014
En Isla del Coco se construirá un centro de vigilancia en el cerro Aguacate, donde estará instalado un radar. | ALONSO TENORIO
En Isla del Coco se construirá un centro de vigilancia en el cerro Aguacate, donde estará instalado un radar. | ALONSO TENORIO

Antes del 2003, era común la llegada de barcos pesqueros que anclaban en la bahía Wafer, en la isla del Coco. Sus tripulantes hasta jugaban fútbol en la playa. Hoy, estos buques saben que ni siquiera deben acercarse a la isla.

En Costa Rica, menos del 2% del territorio marino está adscrito a un área de manejo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el mar de Isla del Coco representa la mitad de ese porcentaje: 1.989 metros cuadrados del parque y 9.640 metros del área de montes submarinos.

Pese a que el 98% restante del mar carece de un plan de manejo, la isla del Coco parece ser el santuario favorito de los pescadores, sostiene el biólogo Marco Quesada, director de Conservación Internacional.

“Si ese 98% de los mares se administrara, sería productivo para la pesca. Esto refleja el mal estado de las áreas donde sí se puede pescar”, expresó.

Si bien en cada zarpe se les establece a los barcos una “autonomía” (distancia máxima hasta donde pueden internarse para pescar) y está muy clara la prohibición de entrar a zonas protegidas, las sanciones administrativas por incumplimientos no se aplican.

Así lo afirman Géiner Golfín, administrador de Isla del Coco; Zdenka Piskulich, directora de la asociación Costa Rica por Siempre, y la fiscal adjunta Tatiana Chaves.

“Las personas no entienden por qué quien comete un delito ambiental debe ser sancionado. Se le trata de ‘pobrecito’ y se arguye que tiene necesidad. Ha sido muy difícil cambiar la cultura de los jueces sobre las sanciones penales. Hace falta complementar con la sanción administrativa”, dijo Piskulich.

Pamela Castillo, abogada de Costa Rica por Siempre, también sostuvo: “Hay fallas de coordinación interinstitucional, no solo en la isla, sino en todo el mar. Podemos tener claras las sanciones administrativas, pero hay una incapacidad para implementarlas”.

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