Este mes venció la licencia del barco Capitán Moreno

Por: Hugo Solano 26 agosto, 2014

El fallo de la Sala Constitucional dictado el 7 de agosto del 2013 para prohibir la renovación de licencias de pesca a barcos camaroneros, al considerar que provocaban un gran daño ambiental por el tipo de redes que usan, tiene ya a cinco embarcaciones fuera y con ellas el consumo de diésel a precio preferencial se reduce.

Según el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) cada embarcación tiene características diferentes, pero el promedio mensual de consumo de esos barcos es de 7.000 a 8.000 galones (unos 30.000 litros), por lo que la salida de esos barcos implica unos 150.000 litros menos de combustible que el Incopesca tramita a precio preferencial para esa flota pesquera.

La embarcación El Rey (segunda) quedará anclada en el muelle, pues se quedó sin licencia para sus faenas de pesca de camarón.
La embarcación El Rey (segunda) quedará anclada en el muelle, pues se quedó sin licencia para sus faenas de pesca de camarón.

A los dueños de barcos de la flota pesquera costarricense, el litro de diésel en el plantel les cuesta actualmente ¢423, a eso le suman el costo del traslado a sus empresas, pero aún así el precio es menor que los ¢667 que pagan por cada litro los demás usuarios en las gasolineras.

El 4 de agosto pasado se venció la licencia del barco Capitán Moreno de la empresa Maricultura Tica S. A., que es el quinto en dejar de arrastrar el lecho marino para capturar camarón. Le precedieron los denominados Capitan Bonilla, El Rey, María Aurelia y El Baturro.

Para el 2019 se espera que las 45 licencias que quedan vigentes hayan caducado, a menos que alguno de los proyectos de ley que se discute en torno al tema convenza a un grupo mayoritario de diputados de que esos barcos pueden aplicar una serie de adecuaciones en las redes que eviten la captura y muerte accidental de tortugas, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás especies que mueren en las faenas de pesca camaronera.

Empresarios pesqueros, ambientalistas y científicos, así como autoridades gubernamentales tienen diversas posiciones en torno a la solución que pueda surgir de las conversaciones en torno a un tema donde una contradicción surge entre el beneficio que el Estado brinda al dar combustible a precio preferencial a la flota, mientras que los magistrados de la Sala IV han determinado que esa flota usa artes de pesca que están dañando el ambiente marino.