Cuando exista un conflicto entre los usos de una fuente de agua, se impondrá aquel que garantice el consumo de la población.
Ese principio será de aplicación si se aprueba el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. El segundo debate legislativo del texto está previsto para el 22 de abril.
Allí se declara el agua para consumo y el saneamiento como un derecho humano.
“Ningún otro uso está por encima del consumo humano. En una crisis, el agua es primero para la gente y después para los otros usos. No vamos a regar grandes campos de caña, café o piña, por ejemplo si la gente se está muriendo de sed”, destacó Claudio Monge, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Asimismo, Monge calificó como otro logro darle rango de ley al establecimiento del agua como un bien de dominio público.
Con ello, se aclaran las dudas sobre la privatización o no del recurso hídrico. Por ley, el agua no podría privatizarse y los distintos sectores coincidieron en ello.
Prioridad. El proyecto, que tuvo el consenso de las fracciones, así como de los sectores empresariales y ambientales, superpone el agua para consumo humano ante la generación de energía, el riego y el drenaje agrícola.
Ejemplo de esto es que, y según el artículo 64, se permitiría el aprovechamiento de fuentes hídricas ubicadas dentro de áreas silvestres protegidas, como parques nacionales o refugios, solo por razones de abastecimiento de la población.
Eso sí, se deberá tener respaldo técnico y la toma solo la haría el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Asimismo, cuando haya una declaratoria de déficit temporal de agua, el Ministerio de Ambiente (Minae) –como rector del recurso y según el artículo 100– deberá tomar decisiones de uso y aprovechamiento, respetando este orden: consumo humano, seguridad alimentaria, caudal ambiental y otros servicios públicos esenciales.
Con esta iniciativa, Costa Rica se pone a tono con la Resolución 64/292, tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento.
Según Naciones Unidas, una persona requiere entre 50 y 100 litros de agua potable al día para satisfacer sus necesidades básicas de consumo y aseo, entre otras.
Un nuevo orden. Aparte de la declaratoria de derecho humano, este proyecto de ley es novedoso en instaurar un nuevo orden para la gestión del recurso hídrico, el cual es más integral y participativo.
En este sentido, la ley crearía la Dirección Nacional del Agua (DINA), como un órgano técnico adscrito al Minae.
“Nosotros, la Dirección de Aguas del Minae somos la semilla de la DINA. El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), en lo que respecta a aguas subterráneas, lo asume la DINA y Senara se fortalece en riego y avenamiento”, explicó José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Aguas del Minae.
Al asumir el Minae la rectoría y acoger la DINA, no quiere decir que otras instituciones relacionadas con el recurso hídrico cambien sus funciones y responsabilidades.
“No es que Minae va a empezar a leer medidores y reparar fugas, porque eso le corresponde a AyA, sino que será el director de orquesta del sector hídrico donde están AyA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), los acueductos comunales (Asadas) y las municipalidades, entre otros”, explicó Rolando Castro, quien es el director del Centro de Derecho Ambiental (Cedarena).
Para Zeledón, la integración de competencias institucionales es uno de los grandes beneficios que trae la nueva legislación.
“Sumado a eso que dice Miguel (Zeledón), yo diría que la gran ganancia es la gobernanza. Actualmente, tenemos 15 instituciones que tienen que ver con el recurso hídrico, cada una está por su lado y cuesta un mundo ordenar el tema”, agregó José Lino Chaves, viceministro de Agua y Mares del Minae.
La DINA dictará la política hídrica nacional. Con base en esta, se tramitarán concesiones de aprovechamiento y otorgará permisos.
También hará inspecciones y los funcionarios, a cargo de esta labor, tendrán autoridad de policía.
De la política hídrica nacional, se desprenderán 12 planes hidrológicos. Estos serán los instrumentos de gestión local, que ordenarán los usos, según la cuenca.
“A manera de ejemplo: puede ser que una prioridad en Guanacaste sea el turismo o el riego, mientras que en San Carlos podría ser la hidroelectricidad. Esas prioridades se discutirían entre los diferentes usuarios y se planificaría, a partir de la mejor información técnica disponible y no como ha pasado hasta ahora, que se aprueba el proyecto y no se sabe si hay suficiente agua”, comentó Castro.
Estos planes serán diseñados por la DINA, pero serán aprobados por los consejos hidrológicos.
Estos consejos estarán constituidos por representantes de instituciones públicas y municipalidades, sector productivo, asadas, organizaciones ambientales y miembros del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
“Estos consejos serán espacios de discusión y diálogo donde se pueden prever y reducir conflictos ligados al agua, porque son espacios donde la gente podrá hablar”, destacó Castro.
Según el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación , entre 2000 y 2010 se registraron 134 protestas comunales por el agua, ya fueran por la protección de las fuentes (60,5%), el acceso al agua potable (35%) o por la necesidad de saneamiento (4,5%).
Asimismo, estos consejos hidrológicos ayudarán a la vigilancia y a la buena gestión del líquido vital.
Otras novedades contempladas en el proyecto de ley es la creación del Sistema Nacional de Información Hídrica como herramienta de información técnica para la toma de decisiones.
Este sistema incluye el Balance Hídrico para así determinar la oferta de agua del país tanto en cantidad y calidad, así como la demanda.
El sistema, detallado en el artículo 17, también incorpora el Registro para la Gestión del Recurso Hídrico y el Inventario de Cuerpos de Agua.
En otros temas, se promueve la investigación, desarrollo, uso y aprovechamiento del agua marina para generación de electricidad (artículo 93).