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Aparte del rechazo a los cultivos transgénicos, los acuerdos de la mayoría de los gobiernos locales del país abogan por el rescate de las semillas criollas, como las diferentes variedades silvestres del maíz y promueven un modelo agrícola basado en la agroecología. | ABELARDO FONSECA /ARCHIVO (Abelardo Fonseca)
Un grupo de 74 cantones (de 81) se declaró libre de cultivos transgénicos, sin que todavía esté claro si ese pronunciamiento impedirá la producción de semillas a quienes tengan permiso para su comercialización.
Los gobiernos locales se han amparado en la autonomía municipal para oponerse a la siembra de los cultivos transgénicos.
“Esas declaraciones hay que sustentarlas. No es declararse por declararse, sino que implican el cómo va a hacer el municipio para asegurar eso (ser libre de transgénicos)”, dijo Alex May, del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura.
Para Martín Zúñiga, director de CropLife para Centroamérica y representante de productores de semillas como Bayer CropScience y Monsanto, esos pronunciamientos carecen de fundamento legal.
Zúñiga citó una sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo sobre el caso del cantón de Alvarado (Cartago).
En ese municipio, el alcalde vetó el acuerdo tomado por el Concejo Municipal y el Tribunal lo acogió, al considerar que la competencia es del Servicio Fitosanitario y no del Ayuntamiento.
Aunque este es un precedente, la sentencia no crea jurisprudencia, como sí lo hace la Sala IV.
“Esa es una duda que todos tenemos y es una discusión que aún no termina, sobre si se antepone la autonomía municipal o lo que se dice desde el Gobierno Central”, declaró Fabián Pacheco, de la Federación Conservacionista (Fecon).
Ante esta situación, la Sala IV será la que aclare si las municipalidades tienen injerencia en el tema o estas declaraciones son más de tipo moral.
Actualmente, no hay ningún recurso de amparo en ese sentido.
Objetivo. El desarrollo de cultivos transgénicos lo que persigue es producir plantaciones más resistentes a plagas o a cambios extremos del clima. Esa fortaleza se logra al incorporar genes ajenos (bacterias, plantas o animales).
Desde 1991 , el país produce semillas transgénicas de arroz, soya y algodón para la exportación.
Los permisos fueron concedidos por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad.
Esta comisión forma parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que, por la Ley del Servicio Fitosanitario (N.° 7.664) y la Ley de Biodiversidad (N.° 7.788) tienen la competencia legal del tema.
Discusión. A la fecha, 74 cantones se han declarado como territorios libres de transgénicos y aún faltan siete en acoger la declaratoria (Cañas, Cartago, Jiménez, Los Chiles, Curridabat, Orotina y Sarapiquí).
Por su parte, los que sí se han manifestado en contra de los transgénicos son Montes de Oro, Turrubares, San Mateo, Pococí, Carrillo, Alajuelita, Bagaces, Golfito, Siquirres, Parrita y Matina.
También lo hicieron los cantones de Mora, Alfaro Ruiz, Coronado, San Rafael, La Cruz, Limón, Tilarán, San Carlos, Alajuela, Tarrazú, León Cortés, Acosta, Poás, Valverde Vega, Santa Bárbara, Upala, Puntarenas, Liberia y Heredia.
En la misma posición están Atenas, La Unión, Flores, Guácimo, Goicoechea, El Guarco, Puriscal, Escazú, Grecia, Guatuso, Naranjo, Palmares, San Ramón, Alvarado, Oreamuno, Paraíso, Turrialba, Abangares y Hojancha.
A ellos se suman Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, Barva, Belén, San Isidro, Santo Domingo, Talamanca, Aguirre, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Esparza, Osa, Aserrí, Desamparados, Dota, Montes de Oca, Moravia, Pérez Zeledón, San José, Santa Ana, Tibás, Garabito y San Pablo.
Para declararse libres de transgénicos, los concejos municipales se ampararon en el principio precautorio ( in dubio pro natura ).
Este señala que, ante ausencia de certeza científica, se debe posponer la ejecución de la actividad hasta que haya estudios suficientes que descarten un impacto negativo al ambiente.
“Somos muy responsables para valorar los riesgos que podrían tener estos cultivos a la biodiversidad y teniendo en cuenta la salud humana”, dijo Alex May, del SFE), quien aseguró que hay mecanismos técnico-científicos y protocolos de bioseguridad.
Uno de los mecanismos a los que se refiere May es el Protocolo de Cartagena, de la Convención de Diversidad Biológica (CDB), el cual está vigente desde el 2000.
“El objetivo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana”, se lee en el protocolo de bioseguridad.
Para Fabián Pacheco (Fecon), más que una discusión técnica, este es un asunto sociopolítico. Las declaraciones, dice, evidencian un sentir con respecto al rescate de las semillas criollas y la promoción de la agroecología como modelo de desarrollo agrícola.
“Reflejan que ha habido discusión y estudio en los concejos municipales”, agregó Pacheco.
