Obstáculos del mercado

Débil control estatal pone trabas al “sano” desarrollo de la construcción

La actividad turística e inmobiliaria en Costa Rica se desarrolla en un contexto de limitadas capacidades públicas para el control ambiental, la planificación y la mitigación de impactos ambientales, así lo deja claro el estudio Las principales tendencias inmobiliarias e hipotecarias de Costa Rica , presentado por Marcela Román, economista y consultora externa del Programa de Regularización de Catastro y Registro (véase página 26 de esta edición).

La problemática existe, según la especialista, por los débiles e insuficientes instrumentos de planificación del territorio en momentos en que emergen nuevos productos en el mercado que requieren de nuevas regulaciones.

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“Tenemos un complejo marco normativo. Al menos 45 leyes, reglamentos o decretos contienen algún aspecto relacionado con la planificación y control del uso del suelo; 32 tienen aspectos directamente relacionados con el tema de desarrollo urbano, siete con infraestructura y seis con la zona marítimo terrestre”, dijo Román.

De igual forma, agregó, muchas de las carencias se presentan en cuanto al aprovechamiento de los planes reguladores, pues la mayoría presentan limitaciones sobre sus alcances reales.

“La ausencia de estos planes en el país es clara. El desafío planteado es cómo regular sin plan maestro, ya que la dinámica del mercado continúa y para cuando los planes de los 81 municipios estén concluidos podemos haber reproducido las malas prácticas de la expansión urbana desordenada de la Gran Área Metropolitana”, aseveró Román.

Trámites. El estudio planteó también la necesidad de redefinir procedimientos para hacer la tramitología de permisos más ágil y segura; lo mismo que regular la actividad de la correduría, especialmente en las costas, donde operan gran cantidad de extranjeros migrantes.

Consultado sobre este punto, el presidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR), Mauricio Castro, indicó que actualmente la Cámara está en pie de lucha para conseguir tres importantes logros.

“El primero, es intentar que todo aquel que esté en la actividad inmobiliaria haciendo el papel de corredor se vea obligado –a través de un proyecto de ley– a adoptar una póliza de fidelidad que proteja en todo momento al comprador”, dijo Castro.

El segundo, agregó, es lograr tipificar adecuadamente la figura del corredor de bienes raíces en el capítulo de “Auxiliares” del Código de Comercio; para así establecer de forma clara cuáles son sus deberes y derechos.

“Por último, pretendemos hacer otro proyecto de ley, que no solo regule la figura del corredor; si no también el contrato inmobiliario y las nuevas figuras que requiera el sector; iniciativa que impulsaremos conjuntamente con el Programa de Regularización de Catastro y Registro”, concluyó Castro.