EscucharUna página de la sección de noticias internacionales de La Nación recogió ayer información sobre dos acontecimientos, distantes en el tiempo y en la geografía, pero estrechamente relacionados por sus implicaciones para el buen gobierno y la consolidación del modo de vida democrático.
El Washington Post , dice la primera noticia, reunió a los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward con el director del periódico en la década de los setenta, Ben Bradlee, para conmemorar el cuadragésimo aniversario del escándalo Watergate, uno de los grandes traumas de la sociedad estadounidense y un momento cúspide de la prensa en ese país y en el mundo.
La segunda noticia trata de la triste situación de la libertad de prensa en Ecuador, donde organizaciones no gubernamentales denuncian la “cacería” de medios independientes desatada por el Gobierno del presidente Rafael Correa, prominente líder de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y émulo del mandatario venezolano Hugo Chávez.
Los estadounidenses recordaron los hechos de hace 40 años y reconocen, con preocupación, que el capítulo no puede declararse cerrado. La renuncia de Richard Nixon no es vacuna permanente contra la corrupción y la violación de las libertades individuales emanadas de la Casa Blanca durante su malograda administración. Es necesaria –dicen los protagonistas de aquellas jornadas– una actitud de permanente de vigilancia de las instituciones democráticas, y el papel de la prensa en esa tarea es determinante hoy, como lo fue hace 40 años.
En el Ecuador de Correa, por contraste, seis medios de comunicación independientes cerraron en las últimas semanas. El Gobierno argumenta razones administrativas, como la mora en el pago de cánones por uso de frecuencias radiales, pero esos problemas tienen tendencia a aflorar cuando el medio de comunicación es crítico del mandatario.
Watergate, escribieron Woodward y Bernstein, fue resultado de las “cinco guerras” desatadas por Nixon contra el movimiento pacifista, el Partido Demócrata, la justicia, la historia y, de manera significativa, la prensa. Los abusos de la Casa Blanca en aquella época están bien documentados, pero el periodismo pudo prevalecer, y con él los mejores valores de la sociedad estadounidense, gracias a un fuerte andamiaje legal, construido a lo largo de la historia para proteger las libertades de expresión y prensa.
El sábado, Correa pidió a sus ministros no conceder entrevistas a los medios privados, un gesto revelador de su animadversión hacia la prensa independiente. Conocido ese exceso por boca del mandatario, es difícil creer en la justa ponderación de las supuestas faltas administrativas imputadas a los medios clausurados. Tampoco hay refugio en los tribunales, constituidos por Correa a su gusto, imagen y semejanza. Prueba de ello fue el juicio incoado por el mandatario contra el periódico El Universo, con resultado de absurdas condenas de prisión y $40 millones en reparaciones impuestas al periódico, un columnista y tres miembros de la junta directiva. El atropello se hizo notar en el ámbito internacional y la presión obligó al presidente a “perdonar” a los condenados, pero la espada de Damocles fue exhibida con eficacia para advertir a quienes insistan en ejercer la crítica.
En Estados Unidos, la prensa salió fortalecida de una confrontación que culminó con la renuncia de quien pudo ser calificado, en su momento, como el hombre más poderoso del mundo. En el Ecuador, los medios se debilitan ante el embate constante de un mandatario con claras intenciones de perpetuarse en el poder.
Decir Ecuador, en este caso, es decir Venezuela, Bolivia, Argentina o Nicaragua. Con mayor o menor intensidad, la hostilidad contra las libertades de prensa y expresión se manifiesta en los países del ALBA y adquiere dimensiones internacionales ahora que la alianza pretende desmantelar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y, en particular, su relatoría especial para la libertad de expresión. Costa Rica se ha distinguido en la defensa de ese sistema y de las más sanas convicciones democráticas. Por eso, entre nuestro país y uno donde el caso Watergate es posible gracias al clima de libertad imperante, hay más similitudes que contrastes.
