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El ICE aún no cuenta con estudios de impacto ambiental sobre la tala y extracción de materiales en el río Térraba. | ARCHIVO
San José (Redacción). La Universidad de Costa Rica (UCR) abogará ante el Poder Ejecutivo para que revoque el decreto que declara de “conveniencia nacional” e “interés público” al proyecto hidroeléctrico El Diquís, en la zona sur.
El Consejo Universitario aprobó este viernes el pronunciamiento elaborado por un grupo de expertos de la institución, el cual se enviará al Gobierno esta misma semana, confirmó el director de ese órgano, José Ángel Vargas.
Álvaro Sagot, especialista en Derecho Ambiental, argumentó que el decreto ejecutivo se publicó en febrero del 2008 sin contar con estudios de impacto ambiental sobre la tala y la extracción de materiales en las orillas del cauce del río Térraba.
“Nos dimos cuenta de que estaba peor que el asunto de Crucitas (proyecto minero), porque ni siquiera tiene estudio de impacto ambiental”, aseveró Sagot.
A pesar de que todos los proyectos de generación hidroeléctrica del país cuentan con decretos de conveniencia nacional, el abogado ambientalista señaló que la diferencia radica en la magnitud de esta planta.
“Este en particular es un megaproyecto hidroeléctrico que tiene trascendencia regional por el área a inundar. El embalse se calcula más grande que el de Arenal”, explicó el especialista.
Elberth Durán, vocero del Insituto Costarricense de Electricidad (ICE), explicó que por las dimensiones y la complejidad del proyecto, los expertos de la institución aún están en la fase de elaboración del estudio de impacto ecológico. Esto ocurre, pese a que ya han transcurrido más de cuatro años desde que se publicó el decreto ejecutivo.
El pronunciamiento de la UCR sostiene también que el proyecto en Buenos Aires de Puntarenas podría modificar el equilibrio de los ecosistemas del humedal Térraba-Sierpe, protegido por la Convención Ramsar.
En el informe se hace hincapié en que tampoco se han realizado las consultas a los pueblos indígenas de la zona. En setiembre del año pasado, la Sala Constitucional dio al ICE un plazo de seis meses para hacer la consulta.
“No se trata de asumir una posición en contra, sino que las cosas se hagan estrictamente bien”, comentó Vargas, jerarca del Consejo Universitario.
