Diego Bosque G.
El Gobierno intentará que el impuesto solidario, también conocido como tributo a las casas de lujo, permanezca después del 2019, cuando se cumplan 10 años de su vigencia.
“Hemos llegado a considerar con representantes en la Asamblea Legislativa la posibilidad de hacer permanente el impuesto solidario”, manifestó Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda.
La idea surge porque la recaudación no ha sido la esperada.
“Nos quedan pocos años para recaudarlo y, además, la recaudación nunca ha sido óptima”, añadió la jerarca de Vivienda.
Según la Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, aprobada en el 2008, los propietarios de casas con un valor fiscal superior a ¢121 millones cancelarán el 0,25% de su valor anualmente.
Cuando se aprobó la legislación, se estimó una recaudación anual de ¢12.000 millones.
No obstante, según datos del Ministerio de Hacienda, el ingreso ha sido mucho menor.
En el 2013, por el impuesto solidario se obtuvieron ¢4.258 millones. En lo que va de este año la suma asciende a ¢4.448 millones.
En 2009 –primer año de cobro– se recibieron ¢3.982 millones.
El Ministerio de Hacienda no logró precisar cuántas casas están gravadas con este tributo.
Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que desarrollan planes de control de pago, a partir de las declaraciones de bienes inmuebles municipales y de los registros que lleva el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
“El impuesto tiene sus particularidades en cuanto a la fiscalización porque se requiere de la realización de avalúos por peritos, lo cual significa una necesidad de ingresar a los inmuebles y, para esto, necesitamos la autorización del propietario y ahí se hace engorrosa la fiscalización del impuesto”, aseguró Vargas.
El tope del impuesto solidario es de un 0,55% del valor de la vivienda. Ese porcentaje se aplica para inmuebles con un valor fiscal por arriba de los ¢1.812 millones.