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¿Seré solo yo, maestro?

Actualizado el 15 de marzo de 2013 a las 12:00 am

La “gobernabilidad” que se desea alcanzar ha estado frente a nuestras narices todo este tiempo

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Han pasado casi cuatro décadas de denunciar tantas disfuncionalidades de nuestro sistema político-institucional y cómo superarlas con el ordenamiento normativo vigente según el marco teórico correcto, sin francamente verlas corregidas. Tampoco he enfrentado refutaciones frontales y serias aunque, en los últimos dos años, sí algunas esperanzadoras muestras de solidaridadanalítica en estas mismas páginas, la última de don Ottón Solís el 5/3 en al menos un par de factores.

Por ello considero esencial urgir que tantos analistasserios, editorialistas, telenoticieros y populares analistas radiales, además de escuelas especializadas y consejos universitarios, se pronuncien integralmentesobre laspropuestas que el Gobierno está enviando a la Asamblea motivadas en el Informe de los Notables. Pero ante todo, sobre losproblemas que estas deberían solucionar, a sabiendas de que no es posible reconocer estos con rigurosidad analítica y en pleno interés público, sicasi todos siguen obviando ciertos tópicos que sí explican sistémicamente el origen, desde 1970 pero más precisamente desde 1974, de esa ingobernabilidad generada a contrapelo de una Constitución y leyes llamadas a hacernos andar a todamadre.

El Informe ignora estos temas y por ello no advierte cómo los vicios causantes de esos problemas, se adherirán adiposamente a las nuevas “soluciones”... legales, perpetuando así “ese” fatídico círculo vicioso de inconfundiblesello tico.

Así vamos por la vida, sin reconocer que la “gobernabilidad” que se desea alcanzar con las nuevas iniciativas ha estado frente a nuestras narices todo este tiempo. El problema es que unos no la reconocen por no sabemos qué válidas reservas analíticas; otros, quizás por no tener tiempo para el análisis integral de las interacciones propias de un complejo “sistema de cosas”, las obvian o se las saltan; otros, porque parecen buscar rápida notoriedad bateando irresponsablemente sobre problemas que no han estudiado a fondo; o bien, por la proclividad del político tico a no ser transparente según Constitución y leyes demandan; menos, a rendir o exigir cuentas como se debe.

No conviene, en al menos una de las reformas anticipadas basarse como es costumbre aquí, en un único caso, o quizás dos, de cierto “éxito” de gestión temporal de uno o dos presidentes ejecutivos, o en el enojo por las altas dietas en algunos entes, para concluir que “las juntas directivas son un costo y un estorbo y que entonces hay que eliminarlas” para dejar tales entes en manos de un único jerarca de nombramiento discrecional del presidente (posición del PLN en las últimas dos elecciones). Ello equivale a dar, interesada o ingenuamente, la espalda al por qué de la indeseable situación de botín político creada en las autónomas desde 1974 –aunque también alcanza a los ministerios– y al consecuente dispendio de recursos e ineficacia, sin nunca alcanzarse la tan ansiada “coordinación interinstitucional” que la Ley 5507 buscaba.

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He aquí mi gran interrogante: tomando como inevitable marco referencial los derechos del habitante consagrados en la Constitución Política y perfeccionados en leyes pertinentes en cada campo de actividad, ¿cuál piensan, verdaderamente, que ha sido o no el impacto, en la eficaz satisfacción de tales derechos o modelo-país, del omiso o improvisado y fragmentado ejercicio, o por el arbitrario exceso de lo legalmente permitido, de los macro factores que a continuación enuncio?

1. ¿El régimen de presidencias ejecutivas de mayo de 1974, y su reglamento de octubre de ese mismo año que trasladó ilegítimamente las funciones de los “viejos” y venerables gerentes generales a los presidentes ejecutivos, forzando a una súbita desbandada de aquellos mediante renuncias o jubilación y, sobre todo, inaugurando una nueva práctica de poner como “gerentes generales” a correligionarios políticos sin experiencia ni lealtad para con los entes, y traer a “activistas electorales” a puestos clave para luego dejarlos enclavados en propiedad? Y ¿qué piensan de las posteriores reformas legales ente por ente, que como en el caso de la CCSS han puesto, a contrapelo del art. 188 de la CP, la administración en manos –y hay quienes ilusamente defienden la autonomía de este ente– de un presidente ejecutivo que es de nombramiento discrecional del presidente? La madre de las preguntas: la corrupción rampante en tantos entes aun con juntas de 7 miembros –opino que descuidadamente configuradas y peor dirigidas–, ¿será menor con un único jerarca a cargo, de confianza del presidente? Asóciese esto al punto 6, abajo. La medicina propuesta, es mi válido temor, sería de peores consecuencias que la enfermedad' Y ello, producto de un omiso, errado o maquillado diagnóstico.

2. Aunado a ello, el régimen de dirección gubernativa en la Ley General de la Administración Pública de mayo 1978 hacía innecesarias las presidencias ejecutivas de 1974, pues permitía al presidente con cada ministro dirigir de manera transparente –¡sí, señores!– a grupos de tales entes por ramo o sector, vía directrices llamadas a ordenarles la actividad, no los actos. Dicho régimen permite intervenir o destituir juntas directivas si incumplen injustificada y reiteradamente esas directrices. ¿Qué piensan de los efectos reales en el país de su recurrente incumplimiento por los Gobiernos “que han sido”?

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3. Paralelamente, el régimen de planificación estratégica y participativa consagrado desde 1974, estaba llamado a proporcionarle al presidente los mecanismos e instrumentos para bajar el modelo-país constitucional a tierra, ordenando el trabajo de toda la Administración Pública –no importa si son trescientos entes u órganos–; o sea, hacer fácil su competencia mayor de “dirección política”. Pero ha sido ninguneado en todos los extremos legales llamados a garantizar máxima eficacia y transparencia de gobernantes e instituciones, mas también una participación proactiva y sistemática de la sociedad civil para enriquecer los procesos gubernativos, por sectores y regiones. ¿Qué opinan de un informe que, en el país desordenado y de visión chata en que vivimos, omite este notable asuntito de la planificación del desarrollo ya normada?

4. Y ¿la total ausencia en ese informe de reconocimiento a la Ley No. 8131 del 2001 que complementa las anteriores pues hace obligatorio el Plan Nacional de Desarrollo y define como incumplimiento de deberes, el mal ejercicio precisamente de aquella dirección política que impida lograr los objetivos de cada institución y del PND?

5. Como si fuera poco: hay excelentes leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, Código de Niñez y Adolescencia, Fodea, Ley Fundamental de Educación, Ley General de Salud y otras que marcan la cancha de lo que en cada sector de actividad debía ser un actuar unitario de todos los entes, mas también de tantas otras leyes subordinadas. ¿Qué piensan del deber incumplido del Poder Ejecutivo de garantizar, según art. 140.3 de la CP, la unidad de visión y acción de esta profusa legalidad' con el apoyo, precisamente, del vigente pero inoperante Sistema Nacional de Planificación?

6. Finalmente, ¿qué piensan de las propuestas para flexibilizar la contratación administrativa, el empleo público y el control ex ante, sin “tomar nota” de la beligerancia partidista exhibida por tantísimos funcionarios públicos durante y “después de la jornada laboral”, y su efecto más nocivo al interno de las instituciones como es el de “perseguir contrarios políticos” y agenciarse “exitosas” carreras administrativas en, precisamente, proveedurías, tesorerías, recursos humanos, auditorías, departamentos legales y otros de índole técnica o sustantiva, y esto de cara al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción que norma con absoluta claridad lo que es “el deber de probidad”? Y, el incumplimiento flagrante de la contundente ley de simplificación de trámites del 2002 que debía ser cumplida en tres meses, ¿amerita otra ley sin reconocer por qué hemos sido incapaces de aplicar la 8220?

Pocos países tienen un sistema normativo para el “buen gobierno” como este criollo, pero se opta ahora por propiciar uno “nuevo” sin la solidez conceptual ni conexiva del actual. El frío en Tiquicia no está, ciertamente, en las cobijas y preveo consecuencias muy graves si estas iniciativas se apuran y aprueban sin el contrapesado diagnóstico y prospecciones que planteo. No hacer caso o no “darnos pelota”, no hará desaparecer esa amenaza que, como estudioso de estos problemas, vislumbro.

¡Ah!, casi me olvido: los precandidatos políticos, de los cuales surgirá el próximo presidente... ¿se darán por aludidos con este llamado, o silbarán y mirarán para otro lado como si la cosa no fuera con ellos, tal y como el Gobierno lamentablemente hace?

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