La Asociación de Profesionales de la Municipalidad de San José solicitará al alcalde, Johnny Araya, rechazar un eventual pago de prestaciones a favor de la presidenta del Inamu, Maureen Clarke, quien renunció hace unos días a la plaza de gerente que tenía en el Ayuntamiento.
Según el criterio de la Asociación, el reconocimiento de los beneficios laborales no corresponde porque Clarke se fue a dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) con un permiso sin goce de salario que venció en mayo del 2011.
Consultado ayer, el alcalde dijo en un inicio que las prestaciones deben ser pagadas a causa de la renuncia presentada hace 10 días. Sin embargo, luego advirtió de que el área de Recursos Humanos deberá analizar el expediente y extenderle una recomendación.
Por su lado, Clarke sostuvo que simplemente renunció a la plaza. “¿No era eso lo que querían?”, cuestionó la funcionaria, quien dirige el Instituto de las Mujeres desde mayo del 2010.
No obstante, Francisco Herrera Hall, secretario general de la organización gremial, declaró sobre el eventual pago por renuncia: “Sería improcedente en razón de que lo que operó fue un abandono de trabajo y ya para estas instancias la renuncia como tal no podría operar”.
En la Municipalidad de San José, por convención colectiva, los empleados reciben las prestaciones aun cuando renuncien.
De acuerdo con Araya, Clarke tenía la plaza de gerente del Área de Gestión Municipal desde hace unos ocho años.
Tras voto de Sala IV. En junio del 2011, la presidenta del Inamu interpuso un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de San José porque la institución le pidió, un mes antes, manifestar si se reintegraría a su plaza o no, en vista de que ya se le había vencido el permiso sin goce de salario.
El alcalde Araya le había enviado a Clarke una nota según la cual el permiso no podía ser prorrogado porque el artículo 145 del Código Municipal no permitía que esas licencias se extendieran por más de un año.
La jerarca afirmó que acudió a la Sala IV porque esa norma era una injusticia que impedía a los funcionarios municipales ejercer cargos políticos.
Sin embargo, la Sala declaró sin lugar su recurso el pasado 21 de setiembre.
La semana pasada, por cierto, los diputados aprobaron en segundo debate una reforma al artículo 145 del Código Municipal que elimina el plazo máximo de un año para estos permisos sin goce de salario.
Clarke afirmó que, pese a esa reforma, prefirió renunciar porque su intención nunca fue beneficiarse, sino corregir una injusticia.
Sin embargo, el secretario general de la Asociación de Profesionales sostiene que le darán un celoso seguimiento al caso y que incluso lo han debatido en la Junta de Relaciones de la Municipalidad.
Herrera agregó que le pedirán al alcalde declarar la nulidad de cualquier acto que tienda a reconocer beneficios laborales y, si tienen que insistir en ello, están dispuestos a llevar el asunto hasta los Tribunales de Justicia.
Araya dijo desconocer si la Asociación se ha pronunciado ante Recursos Humanos.
En cuanto a la decisión de conservarle la plaza a Clarke por más de un año tras vencerse el permiso, el alcalde alegó que ella presentó un recurso de amparo y debía esperar que este fuera resuelto.