Cuando, como está ocurriendo en los últimos años, la criminalidad y la inseguridad constituyen en Costa Rica el principal problema social, se invoca una vez más la necesidad de dotar el país de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana, actualmente inexistente.
Surgen entonces diversas iniciativas orientadas a encarar estos fenómenos en forma satisfactoria. La más frecuente suele ser el recurso a los mecanismos tradicionales de reforma, por ejemplo, la adopción de una legislación específica sobre el tema o la mejora de los servicios policiales, judiciales y penitenciarios; estas medidas tienen al menos un factor común esencial: situarse en el marco de un Estado de derecho.
Existen, sin embargo, otras maneras de abordarlo: la más conocida consiste en proponer soluciones de “mano dura”, aplicadas en los últimos años en tres países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Honduras). Este tipo de acciones no solo no han conseguido disminuir los índices de la criminalidad violenta; también llevan consigo resultados negativos para una sociedad democrática, tales como el recorte de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos y la criminalización –injusta, en principio– de determinados grupos.
Aun reconociendo la honda preocupación de la mayoría de costarricenses ante el incremento de la criminalidad y su insatisfacción frente a la intervención estatal, se debe rechazar categóricamente este último tipo de políticas. Las experiencias internacionales muestran que solo en el marco de un Estado democrático de derecho se encuentran las mejores soluciones para enfrentar con éxito estos problemas.
No obstante, tampoco se debe aceptar, incondicionalmente, la manera tradicional de abordar la cuestión. Como ha señalado repetidas veces la Contraloría General, pese a haber incluido el tema de la seguridad ciudadana en sus planes nacionales de desarrollo y tomado diversas medidas para encararlo, las administraciones que han gobernado el país en los 15 últimos años, ni han logrado un impacto significativo sobre la delincuencia, ni han podido garantizar la integralidad del enfoque y la continuidad de los programas elaborados y aplicados.
Un nuevo enfoque. Con base en estas observaciones y diversos estudios, el Plan de Gobierno 2010-2014 propone un enfoque distinto.
En lo esencial, se trata de tener en cuenta, con las debidas adaptaciones justificadas por las realidades y necesidades del país, las numerosas y variadas experiencias, rigurosamente planteadas, aplicadas y evaluadas llevadas a cabo desde hace más de tres décadas en diversos países (sobre todo en América del Norte y Europa), también enfrentados con serios problemas de criminalidad e inseguridad.
Basadas en estudios e investigaciones sobre estos temas, el funcionamiento del sistema penal y la eficacia de las medidas preventivas y represivas pensadas para el tratamiento del delito, estas experiencias han mostrado la ineficiencia de los modelos “clásicos” utilizados para resolverlos y dado lugar a nuevas propuestas, especialmente en materia policial y preventiva, así como en los factores de riesgo.
Su aplicación se ha traducido en disminuciones –a veces sensibles– del sentimiento de inseguridad y de la criminalidad, así como en una mejor imagen de las instituciones involucradas en la reacción oficial frente al delito.
Un tema complejo. La tarea no es fácil, sin embargo. Entre otras razones, por la complejidad de un tema en el que se combinan elementos de realidad (la criminalidad, en sus diferentes formas) y de percepción, y en el que intervienen, por diferentes vías (el control, la prevención del delito) numerosos y variados “actores” pensados para su tratamiento y solución (los tradicionales: legislador, policía, fiscales, jueces, sistema penitenciario) y los nuevos (Gobiernos, sociedad civil, cooperación internacional).
Esto significa, desde ya, que ninguna institución u organismo puede pretender la exclusividad en el sector.
Pese a estas dificultades, al nuevo enfoque adoptado por el Plan de Gobierno 2010-2014 se añade, para el abordaje del tema, una apuesta por el rigor, la sensatez, la concertación, la transparencia, así como una visión de futuro, principios de actuación que serán examinados en un próximo artículo.