¿Se seguirá oyendo a las víctimas en la CPI?

Hoy, pese al difícil entorno económico, se espera que la CPI desarrolle su mandato. Sin embargo, las discusiones en curso sobre el presupuesto de la Corte están amenazando tanto su independencia como su relevancia.

Aunque la prensa no hable de las discusiones sobre el presupuesto de la CPI, estas han descollado en los meses previos a la 11.ª Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma –tratado que creó la Corte– y que se celebra en La Haya entre los días 14 y 22 de noviembre.

Seis países (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) han insistido en adoptar un presupuesto de “crecimiento nominal cero”, lo que dificulta seriamente que la CPI inicie investigaciones nuevas o alcance su objetivo de prevenir la impunidad de los crímenes más graves: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

A pesar de que, sin duda, es esencial mejorar la eficiencia en tiempos de crisis económica, resulta difícil que los Estados justifiquen la merma de los principios más básicos y universales con la excusa de la “eficiencia”. Las discusiones sobre la prevención y la persecución de los crímenes de guerra y de lesa humanidad han sido marginadas en beneficio de discusiones financieras, y algunos Estados han hecho del ahorro, y no la justicia, el objetivo principal.

Sería inaceptable que se hablase abiertamente de asignar recursos a unas causas en lugar que a otras en los propios tribunales nacionales y, sin embargo, algunos de los debates y de las recomendaciones previos a la 11.ª Asamblea adoptan esa actitud respecto a las investigaciones y las causas que se siguen en la CPI. Se trata de una seria amenaza para la independencia judicial, tanto a escala nacional como internacional.

Puesto que esos Estados han sido la cuna de importantes tradiciones legales del derecho romano, civil y anglosajón, la comunidad internacional espera de ellos que sean los líderes de los procedimientos y de la cooperación que apuntalan una justicia internacional eficiente, justa e independiente. Muy al contrario, son ellos lo que justifican la microgestión de una institución judicial por medio de su presupuesto. La comunidad internacional espera de esos países una mayor integridad jurídica.

Los Estados han debatido sobre cómo recortar el presupuesto para la asistencia letrada para las víctimas y los imputados. Ahora bien, es posible que algunos de los imputados sean suficientemente adinerados como para pagarse sus propios abogados, pero las víctimas son, en su gran mayoría, pobres. La aprobación del Estatuto de Roma dio a las víctimas una voz en los procedimientos penales por primera vez en la historia de la justicia penal internacional. Para que las víctimas participen de verdad en los procedimientos de la CPI, tienen que estar representadas por un abogado independiente que conozca su realidad, que pueda comunicarse fácilmente con ellas y ser su portavoz en la sala de juicio.

Sin embargo, este año los representantes legales de las víctimas han tropezado con graves dificultades: se han afectado las facilidades para la comunicación entre las víctimas y sus abogados, los equipos legales han padecido recortes de personal y su estabilidad ha sufrido sacudidas. En una de las causas, el equipo de representación de las víctimas cambió varias veces. El sistema atenta contra el derecho de las víctimas a participar, que está reconocido en el Estatuto de Roma.

Cuando los Estados se reunieron en Roma en 1998 para redactar el Estatuto, Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, resumió de esta manera lo que se esperaba de ellos: “Estoy seguro de que no dudarán en crear un tribunal lo suficientemente fuerte e independiente para cumplir su deber. Tiene que ser un instrumento de la justicia, no de la conveniencia. Tiene que ser capaz de proteger al débil frente al fuerte”.

Diez años después de que la Corte Penal Internacional empezase a ser una realidad, habría que volver recordarles a algunos Estados que hubo un tiempo en que se confiaba en ellos.