EscucharPRINCETON – El mes pasado se tomaron dos decisiones importantes contrastantes. Por un lado, en los Estados Unidos el Tribunal de Apelaciones rechazó la exigencia de la Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense (FDA por sus siglas en inglés) de que las cajetillas de cigarros tengan advertencias gráficas sobre los daños a la salud que causa el cigarro; y, por otro, en Australia, el Máximo Tribunal adoptó una ley que tiene un alcance mucho mayor. La ley australiana exige no solo advertencias sobre los problemas de salud que causa el cigarro e imágenes de los daños físicos que causa fumar, sino también que las cajetillas en sí tengan un fondo liso en el que los nombres de las marcas estén escritos genéricamente con letra pequeña, sin logotipos y en un color verde olivo apagado.
La decisión que se tomó en los Estados Unidos se basa en la protección constitucional a la libertad de expresión. El Tribunal aceptó la posibilidad de que el Gobierno exija que se incluyan advertencias objetivas precisas sobre los daños a la salud que causa el cigarro, pero la mayoría en una decisión dividida, señaló que no podía ir más allá y exigir que se incluyeran imágenes. En Australia el tema giraba en torno a si ley implicaba una expropiación sin compensaciones – en este caso, de la propiedad intelectual de las marcas de las compañías tabacaleras–. El Máximo Tribunal decidió que no.
Sin embargo, el tema más importante es poner de relieve estas diferencias: ¿quién decide cuál es el equilibrio apropiado entre la salud pública y la libertad de expresión? En los Estados Unidos, los tribunales toman esa decisión básicamente mediante la interpretación de un texto que data de hace 225 años, y si esa interpretación deja al gobierno sin algunas técnicas que podrían reducir las muertes causadas por fumar –que actualmente se estiman en 443,000 estadounidenses cada año– pues que así sea. En Australia donde la libertad de expresión no está protegida explícitamente en la Constitución, es más probable que los tribunales respeten el derecho de los gobiernos elegidos democráticamente a alcanzar ese equilibrio.
Hay un acuerdo generalizado de que los gobiernos deberían prohibir la venta de al menos algunos productos peligrosos. Infinidad de aditivos alimentarios se prohíben o solo se permite su uso en cantidades limitadas, como es el caso de los juguetes pintados con sustancias que podrían ser dañinas si se ingieren. La ciudad de Nueva York ha prohibido a los restaurantes el uso de grasas saturadas y ahora está limitando el tamaño permitido de las porciones de bebidas endulzadas. Muchos países prohíben la venta de herramientas poco seguras, como las sierras mecánicas que no tienen protecciones de seguridad.
Aunque existen argumentos para prohibir una serie de productos peligrosos, el caso de los cigarros es único porque ningún otro producto, legal o ilegal, provoca el mismo número de muertes –más que los accidentes de tráfico, la malaria y el sida combinados–. Los cigarros también son altamente adictivos. Además, dondequiera que las personas paguen los servicios de salud, incluidos los Estados Unidos, mediante sus programas públicos de servicios de salud para los pobres y ancianos, todas están pagando el costo de los esfuerzos para tratar las enfermedades causadas por fumar.
Prohibir del todo los cigarros es otra cuestión porque ello sin duda crearía una nueva fuente de ingresos para el crimen organizado. Sin embargo, en principio parece extraño sostener que el Estado sí puede prohibir la venta de un producto, pero no puede exigir que la venta de cigarros sea solamente en paquetes que incluyan imágenes explícitas de los daños que causa a la salud humana.
La industria tabacalera no llevará el caso contra de lo que ha legislado Australia ante la Organización Mundial de Comercio. La industria teme que la ley se copie en mercados mucho más grandes como India y China. Es decir en donde una ley de ese tipo se necesitaría mucho más.
En efecto, solamente alrededor de un 15% de los australianos fuma, y en los Estados Unidos el porcentaje es de 20%, pero en 14 países de bajos y medianos ingresos en donde se realizaron encuestas que se publicaron recientemente en la revista The Lancet , en promedio un 41% de los hombres fuman, y la cifra va creciendo entre las mujeres jóvenes. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 100 millones de personas murieron debido al cigarro en el siglo XX, pero en el siglo XXI fumar matará hasta mil millones de personas.
Estado y libertad individual.
El tema que a menudo abre la discusión sobre el alcance del Estado en la promoción de la salud de su población es el principio de John Stuart Mill sobre los límites del poder coercitivo del Estado para tomar medidas que eviten los daños a terceros. Mill podría haber aceptado las exigencias para incluir advertencias de salud en las cajetillas de cigarros, e incluso fotos explícitas de pulmones enfermos si eso ayuda a las personas a comprender el tipo de elección que están haciendo; pero él habría rechazado la prohibición.
Sin embargo, la defensa de Mill de la libertad individual asume que los individuos son los mejores jueces y guardianes de sus propios intereses –una idea que actualmente raya en lo ingenuo–. El desarrollo de técnicas de publicidad modernas marca una diferencia importante entre la era de Mill y la nuestra.
Las corporaciones han aprendido a vendernos productos insanos invocando a nuestros deseos inconscientes de estatus social, atractivo y aceptación social. Como resultado, nos descubrimos arrastrados a un producto sin saber realmente por qué. Los fabricantes de cigarro han aprendido a manipular las propiedades de su producto para hacerlo adictivo al máximo.
Las imágenes explícitas del daño que causa fumar pueden contrarrestar el poder de estos llamados al inconsciente, facilitando así una toma de decisiones más deliberativa y haciendo que resulte más fácil para las personas cumplir su resolución de dejar de fumar. Por lo tanto, en lugar de rechazar esas leyes porque restringen la libertad, deberíamos apoyarlas como un medio de igualar las condiciones entre los individuos y las grandes corporaciones, que ni siquiera fingen que hacen un llamado a nuestras capacidades de raciocinio y reflexión. Exigir que los cigarros se vendan en cajetillas con fondo liso con advertencias sobre los daños a la salud e imágenes explícitas es una legislación que crea oportunidades iguales para los seres racionales que somos.
