Soy estudiante de una universidad pública y, aunque pueda sonar trillado y reiterativo, me siento sumamente afortunado por poder acceder a una educación universitaria garantizada por el Estado, de forma relativamente gratuita. Institución emblemática con una trascendencia histórica y social, etcétera. Estos son halagos más que conocidos por la mayoría de la población, los cuales suelen aparecer como el principal y único calificativo al hacer referencia al sistema de educación superior pública. Sin embargo, existe toda una serie de implicaciones no tan favorables que inician desde el punto más claro de todos: su inherente conexión con el Estado costarricense.
Primero que todo, es importante tener en cuenta que dentro de este entramado de contingencias, como en muchas esferas de nuestro país, la tendencia se encuentra dirigida a ocultar todo lo que no está funcionando bien, tras un discurso consolador, mezquino, dirigido a atenuar toda situación negativa con la excusa de “tener una de las mejores educaciones universitarias de América Latina”. Sin embargo, las graves faltas se nos presentan como una “crónica de una corrupción anunciada”.
Muchos de los puestos son ocupados y desocupados gracias a “alianzas estratégicas” o compañerismo partidista, más que por atestados académicos, experiencia o presteza en el campo. Y es por esta misma vía que su posición se afianza, hasta un punto tal en el que se convierten en un sólido fierro dentro de la estructura burocrática gubernamental. Rigidez que a muchos faculta para no preocuparse o esforzarse por cumplir sus labores, dejar de mantener un ímpetu de trabajo acorde con las exigencias de su puesto e incluso, en los casos más lamentables, esquivar categóricamente las reglamentaciones mismas de la institución.
En carne propia he sido partícipe de deplorables facetas en el actuar de la administración de las universidades públicas, en donde se ha puesto en evidencia cómo desde una simple calificación impuesta de forma arbitraria, hasta el malestar generalizado hacia un docente o administrativo que no cumple con los requerimientos de su trabajo, existe un completo desinterés y descalificación hacia el sentir de los estudiantes. Y, francamente, no quiero ni hablar de asuntos más amplios y graves (en torno al FEES, a los rectores que son casi diputados de partidos políticos o a todos los movimientos extraños y fraudulentos de las grandes esferas universitarias), porque me daría dolor de estómago y no me alcanzarían las páginas.
A raíz de todo esto, lo que podría destacarse como el aspecto más terrible es la reacción de una inmensa mayoría de estudiantes, quienes no sin razones de sobra han optado por acallar sus reclamos y agachar la cabeza ante las injusticias, disconformidades e irregularidades de parte de aquellos que “están arriba”. “¿Qué hace uno cuando los mismos profesores o administrativos se burlan de los reglamentos que se supone son nuestra forma de defendernos?”, preguntaba una de mis compañeras tras recibir una respuesta inerte, negativa y condescendiente ante una denuncia de un abuso de un docente.
No se trata de exponer un discurso subversivo orientado a atacar indiscriminadamente a todas las esferas estatales, sino de reavivar la visión de colectividad. El Gobierno y todas sus instituciones dependen directamente del pueblo y su contribución, así como los docentes y administrativos de una institución educativa estatal, a pesar de pensarse como legítimos poseedores del poder absoluto, deben responder a las necesidades y derechos de los estudiantes, los cuales representan la esencia misma de la institución.
De esta manera, aunque pueda resultar dificultoso iniciar un proceso de denuncia, defensa o reclamo, cada acción encuentra su razón de ser al configurarse dentro de un esfuerzo colectivo. Es así como no es desacertado afirmar que la unión hace la fuerza. Aún existen muchas personas dentro de este ámbito que mantienen el verdadero espíritu universitario, que cumplen con sus labores y no se dejan influenciar negativamente.
La universidad pública debe funcionar como un organismo estatal orientado a generar profesionales que respondan a las necesidades reales del país y sus ciudadanos, fomentando virtudes, características y ambientes que propicien el buen desempeño individual y popular. Es así como el procurar un entorno justo, responsable, equitativo, humano e integral dentro de nuestras instituciones educativas es un deber ético para todos los actores implicados. Rompamos con la rigidez burocrática y los procesos enmascarados, ensayemos y fomentemos el protagonismo ciudadano, orientados hacia el bienestar de nuestro país.
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