EscucharAsegurarles a los costarricenses el acceso a la salud y a una pensión digna es el reto político más importante de nuestra generación. La pregunta es si lo asumimos o no. Hacerlo es complicado, de largo plazo en beneficios y corto plazo en costos. Nos va a doler a todos y está minado de medidas impopulares. Pero no hacerlo es dejar de ser Costa Rica.
Perder la Caja nos lleva a un país con dos sociedades: una donde gente con recursos y sus hijos se pueden curar y la otra no. Pone en riesgo a todos de caer en la pobreza por una enfermedad, y a la mayoría de vivir una vejez indigna. El colapso de la Caja lleva a la destrucción de la Costa Rica que conocemos. No debe haber impunidad con los responsables de esta debacle.
El Poder Ejecutivo no solo no paga su inmensa deuda, sino que no la reconoce. El Estado-deudor es débil a la hora de cobrar a las empresas morosas. Mucho del cuerpo médico de la Caja no cumple su horario de trabajo y tiene serios conflictos de interés. No se impulsan programas de prevención ni se innova en el modelo de atención, no se invierte en infraestructura y se pagan altísimos costos en servicios subcontratados, que la institución puede y debe dar. Pero, aún si todo esto funcionara de manera eficiente y eficaz, no se han tomado las previsiones para enfrentar el cambio demográfico de nuestra población para los próximos 40 años.
El envejecimiento acelerado de la población es de altísimo impacto en salud y pensiones. En promedio, los adultos mayores a 65 años de edad consumen 13,5 veces más días de hospitalización en el servicio de Medicina de la Caja, que un adulto entre 20 y 44 años de edad.
En el año 2050, tendremos aproximadamente el mismo número de personas entre 20 y 44 años de edad que tenemos hoy (alrededor de 1.830.000). Sin embargo, en ese periodo pasaremos de aproximadamente 300.000 adultos mayores a casi 1.300.000. En perspectiva, hoy, por cada adulto mayor, hay 9 entre las edades de 20 a 64 años; en el 2050, por cada adulto mayor solo habrá 2,67 personas entre 20-64 años. Menos costarricenses financiarán las altas demandas de servicios médicos de la población de adultos mayores, que a su vez requieren de pensión.
La Presidenta ni siquiera ha empezado a enumerar las medidas impopulares necesarias para salvar el acceso universal a la salud y el sistema de pensiones. Se empieza con la Administración, despolitizándola y eliminando la mediocridad, sumando gente comprometida con el modelo solidario en salud. Requerimos directores en la Caja que controlen y administren el horario de los médicos, regulen los incentivos contraproducentes y terminen con los conflictos de interés.
Debemos formar más médicos generales y especialistas, con el compromiso de ejercer su profesión por unos años en zonas del país donde se necesiten. Las residencias de los médicos deben ser asignadas de acuerdo a una planificación.
Es necesario capitalizar a la Caja de acuerdo a las necesidades de los costarricenses. La inversión racional en informatización y equipamiento es indispensable y se paga sola, con el ahorro derivado de no subcontratar a terceros lo que la institución puede proveer de manera eficiente y eficaz por sus economías de escala.
Tenemos que mejorar la logística en la compra y almacenamiento de suministros, especialmente medicamentos, garantizándonos la mayor competencia y calidad en las licitaciones. El Ministerio de Salud debe elaborar un reglamento para registrar “biosimilares” de medicamentos biotecnológicos, de altísimo costo. Actualmente existe un fuerte
El sector empresarial tendrá que formalizar a sus colaboradores y reportar salarios reales de todos los ejecutivos, y los profesionales liberales cotizar a la misma tasa que el resto de los cotizantes formales. Pronto el tema del aumento de cuotas obrero-patronales, y más adelante la edad de jubilación, estarán en el tapete.
Patear la bola y no resolver los problemas de la Caja es ser cómplice de la destrucción de un país cuya prioridad, a pesar de los últimos Gobiernos, es su gente.
