Red de distribución enlazará a 1.500 productores orgánicos

Una red de comercio de productos orgánicos pretende enlazar a unos 1.500 productores del país y educar al consumidor en la búsqueda de alimentos sanos.

Se trata del Proyecto Barefoot, cuya primera acción concreta será abrir una tienda de productos orgánicos y gourmet en la comunidad de Santa Teresa de Cóbano. La inauguración posiblemente se realizará a mediados de julio, dijeron los impulsores del proyecto.

Este primer paso se dará luego de que su impulsor, Andreas Schmidt, contactó a unas 70 asociaciones de productores orgánicos, las cuales agrupan a alrededor de 1.500 familias que no usan agroquímicos en sus fincas.

El empresario, de origen alemán, recorrió muchos lugares del país en busca de esos proveedores de productos orgánicos.

Schmidt llegó a Cóbano y se dio cuenta de las dificultades que hay en el país para conseguir productos sanos. Se dio a la tarea de investigar, según narró, y descubrió, por ejemplo, que Costa Rica es uno de los principales proveedores de banano orgánico en el mundo, pero todo se exporta.

Entonces, definió su idea del Proyecto Barefoot, mediante el cual se pretende acercar a los productores con los consumidores. Una de las ideas es utilizar a mediano plazo la Internet para concretar ventas. También se abrirá un centro de distribución en el Cenada, en Barreal de Heredia.

Destino local. El empresario desarrollará el programa exclusivamente para mercado local, en vista de las dificultades que encontró en su investigación para acercar a los productores con los consumidores de este tipo de agricultura.

Esto sucede pese a que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ente encargado de manejar y fiscalizar la agricultura orgánica, dice en su página web que Costa Rica tiene 6.219 hectáreas de banano con certificación orgánica.

Hay otras 842 hectáreas de café, 542 hectáreas de naranja, 948 hectáreas de piña, y 174 de hortalizas, legumbres y otras frutas, según los registros del SFE.

Esta área tiene certificación extendida por una agencia especializada, la cual fiscaliza y supervisa las prácticas en la finca, de tal manera que no se usen agroquímicos y haya una correcta utilización y disposición de aguas, entre otras prácticas culturales.

La ley permite otro sistema de certificación, en vista de los costos del anterior. Es la certificación participativa, en la cual los productores, entre sí, y los consumidores revisan las prácticas.

En el Proyecto Barefoot se combinarán los dos sistemas, explicó Schmidt, con garantía total de la sanidad de los productos.