A las puertas de un grave error histórico

Con mapas sin coordenadas y sin sobreponerlos a la zonificación ambiental ya aprobada para la GAM, desde el año 2009, estas autoridades arrastran consigo a algunas municipalidades, convenciéndolas de que la propuesta es “beneficiosa” y que representa el “rescate” del apoyo que dio la Unión Europea para el Plan Regional de la GAM. Algo que está completamente alejado de la verdad y la realidad.

Alcance ciudadano. Para los ciudadanos de la GAM, que representamos cerca del 60% de la población del país, la discusión referente al futuro del desarrollo urbano de la GAM, y su sostenibilidad ambiental, resulta algo muy técnico y hasta confuso, de manera que no han tenido posibilidad de ver el negativo alcance social y ambiental que tiene la propuesta que hace el INVU con el Potgam. De allí la importancia de ilustrar algunos de esos alcances de una manera más práctica.

En el caso del cantón de Alajuela, la expansión del anillo de contención propuesta por el Potgam que defiende el INVU cubriría todo el sector de relieve al sur de Turrúcares. Esto quiere decir que todas esas zonas quedarían sujetas a desarrollo urbano. Áreas vulnerables a fenómenos de deslizamiento estarían siendo objeto de construcciones durante los próximos años.

Los cantones de Escazú y Alajuelita, también serían afectados por una expansión urbana, hacia las zonas de montaña de la Precordillera. Aparte de que se dejan de lado los serios problemas sociales y ambientales que ya tiene Alajuelita (debido en parte, a la irresponsabilidad del INVU en no planificar adecuadamente su crecimiento), así como el hecho que estas zonas son de alta fragilidad ambiental y muy vulnerables a los desastres como el que ocurrió en Quebrada Lajas de Escazú, en noviembre del 2010.

La Loma Salitral y otras áreas de protección de Desamparados se incluyen como parte de la expansión urbana de la GAM. Con lo cual la legítima lucha para preservar la Loma Salitral de estos años, único pulmón de verdor en esta zona de la GAM, dejaría de tener razón de ser: ¡a urbanizarlo todo, gracias a los señores del INVU!

La Unión (Dulce Nombre y San Ramón), Montes de Oca (San Rafael), Goicoechea (Jaboncillo y Vista de Mar) y Moravia (Paracito), sufrirán una significativa expansión de su área de urbanización hacia sus zonas de montaña. En el caso de Montes de Oca, la casi totalidad del distrito de San Rafael, donde se presentan muchos manantiales, así como áreas de alta vulnerabilidad a deslizamientos, quedarían sujetos al desarrollo urbano. Esto sin contar que en el borde del nuevo anillo de contención, se planea construir una carretera nacional de 6 carriles que comunique a Paraíso con Turrúcares, atravesando las zonas de montaña del norte y el sur del Valle Central.

Siguiendo esta misma tendencia, el Potgam propone que el desarrollo urbano en el cantón de Coronado se extienda hasta San Pedro y San Rafael, haciendo que todas las áreas verdes que se presentan entre el actual límite de la mancha urbana y el nuevo anillo de contención, sean objeto de desarrollo urbano. Se ignora así que se trata de áreas ricas en manantiales y de alta y muy alta vulnerabilidad a los deslizamientos.

Los problemas de abastecimiento de cantones aguas abajo como Santo Domingo, ya detectados en este año 2010 con la contaminación del río Agrá, solo se agravarían más, pero esto a los señores del INVU parece tenerles sin mayor cuidado.

La gran mayoría de los cantones de Heredia, como Santo Domingo, San Pablo, San Rafael, Barva y Santa Bárbara, serán objeto de la misma expansión urbana en sus zonas de montaña, que representan áreas estratégicas para la recarga acuífera de la GAM y sus fuentes de agua subterránea. Aparte de que también son zonas vulnerables a las amenazas naturales (deslizamientos, avalanchas, inundaciones, fallas geológicas y peligros volcánicos).

Conflicto. El hecho de que los ciudadanos de todos estos cantones, e incluso, sus gobiernos locales, no hayan tenido la oportunidad de analizar con detalle el alcance de la propuesta del Potgam, y cuya aprobación se anuncia para antes de mayo próximo, resulta un grave irrespeto al principio de participación ciudadana en un tema tan trascendental para su futuro. El INVU sigue en este sentido el mismo error de muchos de creer que una reunión con un concejo municipal y su alcalde dilucida todas las dudas, cuando la misma legislación exige consultas públicas. Algo que, de seguir así, tendría que ser ventilado, desafortunadamente, en los tribunales de justicia, con todo el proceso desgastante que eso implica y con el consecuente aplazamiento que representa para el ya seriamente atrasado proceso de ordenamiento y planificación territorial de la GAM.

No obstante, cuando se pregunta quién sale ganando con este atraso, la respuesta es simple: ¡los desarrolladores inmobiliarios! Su meta es que se urbanicen las zonas de montaña de la GAM, sin importar las consecuencias ambientales y sociales que eso pueda tener, como el hecho de que al menos un nuevo millón de habitantes se instalen en zonas de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales o que se dañen permanentemente las áreas de recarga y fuentes de agua que abastecen la urbe.

Mientras las 15.000 hectáreas con que amplía el Potgam el anillo de contención, a costa de áreas de protección definidas en el GAM de 1982, sean urbanizadas en los próximos 20 años, para satisfacer la avaricia de algunos pocos, no parece haber problema para estos desarrolladores inmobiliarios.

Oscura perspectiva. El hecho de que las autoridades de gobierno, e incluso algunos medios de opinión, hayan ignorado las observaciones técnicas y ambientales realizadas a la propuesta del Potgam del INVU, minimizándolas al calificarlas como “mera defensa de posiciones personales”, es un grave error, en particular cuando, sin que se haya dado un proceso de consulta social de la propuesta, se anuncia su aprobación.

Si el Potgam se aprobara, y mientras se establecen acciones legales contra él, para suspenderlo, todos aquellos proyectos urbanísticos que tramiten permisos para desarrollarse en esas nuevas zonas de expansión del anillo podrían hacerlo porque, se supone, lo han hecho de “buena fe”. Algo que ya ha sucedido en el pasado, con los tres intentos de ampliación del anillo que ha hecho el INVU y que la Sala Constitucional ha frenado.

“Derechos adquiridos de buena fe con base en una legalidad de dudosa procedencia” es un capítulo que deberíamos explorar, dado los innumerables ejemplos de los últimos años que evidencian que varios decretos ejecutivos vienen “con nombre y apellido”.

Sin un nuevo Plan Regional, seguiría vigente el Plan GAM de 1982, el cual los desarrolladores inmobiliarios pretenden que se anule en un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el argumento de que no hizo estudios ambientales.

Como se ve, la intención parece ser que no exista plan regional, ni tampoco planes reguladores cantonales, que están todavía lejos de ser aprobados por el mismo INVU.

Así, en medio de este caos, y en ausencia de regulaciones, aplicaría un simple reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones que aprobó el INVU en 1982, cuya falta de criterios ambientales permitiría la urbanización de las zonas de montaña de la GAM.

Por cualquier lado que se vea, las zonas frágiles de montaña parecen estar condenadas a ser urbanizadas y, con ello, aumentar la insostenibilidad ambiental de GAM.

Urge por eso que los ciudadanos tomemos medidas efectivas para que esto no se concrete.

Se debe exigir a nuestras autoridades que, antes de cualquier aprobación, se abra una amplia discusión del plan regional y que este respete y considere la zonificación ambiental de la GAM ya aprobada desde junio del 2009. No hacerlo representa un gravísimo error histórico, por el cual será recordada la actual administración de Gobierno.

Allan Astorga G. Geólogo, coordinador de los estudios ambientales de la GAM