EscucharLas irregularidades que arrastraría una concesión para la exploración de petróleo en la zona norte han hecho que, a lo largo de 11 años, diferentes instancias del Estado hayan detenido el proceso: Setena, Direccion de Hidrocarburos, Sala Constitucional, Minaet, así como los presidentes don Abel Pacheco y don Óscar Arias.
En el año 2000, meses después de la adjudicación de la licitación, realizada sin previo estudio de impacto ambiental, la Setena aprobó un así llamado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no incluye el efecto o impacto de ninguna actividad de campo.
Desde entonces, surgen cuestionamientos por parte de técnicos y del propio secretario general de la Setena, por lo que se decide suspender temporalmente el proceso mientras se resuelve una serie de recursos legales contra la aprobación del EIA.
Esa suspensión hizo que el proyecto quedara “engavetado” durante 5 años, a la espera de que un nuevo Gobierno permitiera la firma del contrato de concesión sin tomar en cuenta los criterios técnicos institucionales que señalaban que el estudio presentado no es un verdadero estudio de impacto ambiental.
Direccion General de Hidrocarburos. Las últimas notas que constan en el expediente de la licitación petrolera advierten que existe una salvedad para completar la firma del contrato, derivada del criterio externado por el director general de Hidrocarburos en el que asegura que el estudio de impacto ambiental aprobado por Setena no constituye un informe para ser presentado dentro del proceso de evaluación ambiental y que va en contradicción con la oferta adjudicada.
En el plan de trabajo presentado por Mallon Oil en el proceso de licitación, se compromete a realizar la labor exploratoria de campo desde el primer mes, con pruebas de reflexión sísmica, estudios geofísicos, geológicos y geoquímicas en todos los 6 bloques ofertados.
Termina el director de Hidrocarburos indicando que antes de avanzar en el proceso es necesario fortalecer la capacidad del Minaet y especialmente de la Dirección General de Hidrocarburos pues desde la administración Pacheco esta había sido cerrada, no se le asignó presupuesto y sus profesionales fueron “devueltos” a Recope.
Resoluciones de la Sala IV. La Sala Constitucional emitió dos resoluciones en el caso Mallon: en la primera (No. 2001-13294) acoge un recurso por violación del artículo 50 de la Constitución por falta de consulta a las comunidades indígenas afectadas previo a firmar el contrato. También en dicha resolución se destacó la necesidad de que la Setena alcanzara un nivel técnico óptimo que le permitiera dar seguimiento a procesos como el de la exploración y explotación petrolera.
En la segunda resolución (No. 2002-01221), la Sala IV declara con lugar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la actual Ley de Hidrocarburos.
Esta resolución sienta un importante precedente al determinar que “es inconstitucional, por estimarse lesivo al deber de tutela del patrimonio ambiental y ecológico nacional, que el Estado contraiga obligaciones en el terreno de la exploración o explotación sin que antes se hayan valorado las posibles consecuencias perniciosas de esa actividad sobre el medio ambiente”.
De esta manera, cualquier contrato firmado al amparo de la Ley de Hidrocarburos sin que se haya realizado, analizado y valorado un estudio de su impacto ambiental es un contrato nulo. Tal sería el caso de un contrato firmado, en las condiciones actuales, con Mallon Oil.
El Departamento Legal del Minae, después de analizar el mencionado criterio del director de Hidrocarburos en el sentido de que “el estudio de impacto ambiental presentado no comprende la totalidad de actividades del año ofertado” (subrayado es original) señala que antes de la firma del contrato Mallon Oil Company debe presentar un estudio de impacto ambiental aprobado de las actividades comprometidas en la oferta y en la adjudicación que va a realizar en los bloques 5,6,7,8,9 y 10, en el año uno (pues todas estas actividades inician en el mes uno de ese año)”. Esto implica la obligación de presentar un estudio de prospección que incluya actividades de campo y las pruebas de reflexión sísmica, más que el simple trabajo de escritorio e investigación bibliográfica que hizo Mallon Oil.
En la Administración Pacheco, el ministro del Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, envió nota a Mallon Oil Company en Costa Rica, en la que comunica que “los lineamientos del actual Gobierno no apoyan las actividades que puedan poner en peligro nuestros ecosistemas apoyándonos en el principio precautorio que rige la materia ambiental”.
Continúa diciendo: “así las cosas y por instrucciones del señor presidente de la República en aras de dar seguimiento al principio de transparencia que priva en la presente administración, le comunicamos que resulta imposible vislumbrar una firma al contrato con su representada correspondiente a la licitación Nº 2”.
Presidente de la República 2006-2010.
En una carta de los representantes de Mallon Oil al anterior ministro del Minaet, los petroleros reclaman al presidente Arias que se negara a firmar el contrato, asegurando que “en una reunión celebrada el 14 de mayo del 2009, con la participación de nuestros abogados, el viceministro Julio Matamoros, representantes del Departamento Legal, y el Lic. Óscar Porras, director de la Dirección General de Hidrocarburos, se nos notificó verbalmente sobre la reciente decisión del presidente Arias de no firmar el Contrato de Concesión”.
Para la petrolera, el cambio de posición que se da después de 30 meses de estar negociando el Contrato de Concesión con los personeros de Minaet y Recope es “injustificado e inexplicado” y “muy desafortunado”. Por eso solicitaron al Ministro que “hable directamente con el presidente Arias, le pida que reconsidere su posición y que suscriba el Contrato de Concesión” (Mallon Oil Company al ministro del Minaet, Jorge Rodriguez, 2 /7/2009)
Gestiones propetroleras.
Sin embargo, durante la Administración Arias, y mientras fue ministro del Minaet el Dr. Roberto Dobles, el Minaet apoyó las gestiones propetroleras y quiso revertir la moratoria a la exploración y explotación petrolera proclamada por el presidente Pacheco en su toma de posesión. El ministro Dobles intentó traer a chinos, brasileños, venezolanos; instalar dos nuevas refinerías e incluso suscribió un acuerdo que deja abierta la posibilidad de una futura exploración por parte de Petrochina.
Fue en el año electoral 2009, coincidente con la movilización nacional contra el proyecto minero de Crucitas y la salida del ministro Dobles, cuando el presidente Arias da declaraciones en el sentido de que siempre estuvo en contra del petróleo y que apoyaba la moratoria petrolera, habiendo entonces manifestado su negativa a firmar contrato de concesión alguna con Mallon Oil, según se desprende de la carta arriba mencionada.
No hay una ninguna obligación de firmar un contrato. Así como los dos anteriores Gobiernos, el actual no tiene ninguna obligación de firmar un contrato para la exploración y explotación petrolera con Mallon Oil.
Tampoco tiene por qué buscar una salida alternativa como lo es la de convencer a la empresa para que se dedique a la búsqueda de gas (hay claros intereses para que así sea).
Lo que puede hacer el Gobierno es apoyar la aprobación del proyecto de leyque propone la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, interesadamente aprobada en 1994, y ratificar la manifestación verbal de la señora Presidenta declarando una moratoria formal de este tipo de actividades.
El Gobierno no puede ser tan ingenuo de creer que la simple expectativa de derecho que tiene Mallon Oil pueda llevar al país a un tribunal internacional. ¡Asustan con la vaina vacía!
Devuélvanle lo que invirtió de buen fe en el proceso licitatorio. ¡Así ganará el país!
Rodrigo A. Carazo y Mauricio Álvarez, Geógrafo y ecologista, profesor UCR
